Se inicia el juicio contra BP para dirimir la cantidad de crudo que vertió al Golfo

La segunda fase del juicio para establecer el grado de responsabilidad civil de la petrolera BP en la explosión de la plataforma en el golfo de México, que en 2010 provocó el mayor vertido de crudo de la historia de Estados Unidos, se ha reanudado este lunes en Nueva Orleans. En esta ocasión, el juez federal encargado del caso deberá dilucidar la cantidad total de petróleo que se derramó durante los 86 días en los que la empresa tardó en atajar el escape y si esta estaba suficientemente preparada para contener la fuga. De su decisión depende que la multa económica que deba satisfacer la compañía ascienda a 18.000 millones de dólares, como reclaman el Gobierno federal y los de varios de los Estados y particulares afectados, o 10.500 millones, como pide BP.

El Departamento de Justicia y el resto de la acusación sostiene que durante el desastre ocurrido en abril de 2010 se derramaron 4,2 millones de barriles de crudo, casi un cuarto del petróleo que se consume en un día en EE UU. BP, por su parte, asegura que durante esos 86 días en los que se trabajó para contener el escape acabaron en el mar 2,45 millones de barriles.

El Departamento de Justicia sostiene que se derramaron 4,2 millones de barriles de crudo y BP, por su parte, asegura que acabaron en el mar 2,45 millones de barriles

De acuerdo con la Ley de Agua Limpia, la sanción económica por barril de petróleo vertido oscila entre un máximo de 1.100 dólares o de 4.300 dólares, en función del grado de negligencia. Si el juez responsable del caso atiende a la petición del Gobierno, que asegura que BP no actuó con la diligencia debida a la hora de atajar la fuga, la sanción económica a la que se enfrentaría la compañía ascendería a 18.000 millones de dólares. De decantarse por los argumentos de la petrolera, que además de reducir ostensiblemente la cantidad de crudo diseminado asegura que su reacción fue la adecuada, el máximo de multa se quedaría en 10.500 millones de dólares.

La primera fase del proceso civil, que finalizó el pasado mes de abril, se centró en establecer hasta qué punto el comportamiento negligente de la petrolera y de sus socios en la explotación de la plataforma Deepwater Horizon —Transocean, la propietaria, y Halliburton, la que suministró el material con el que se construyó el pozo petrolífero— contribuyó a la explosión de la instalación en la que fallecieron 11 personas. A lo largo de ese primer procedimiento, comparecieron ante el juez altos responsables de las citadas compañías y trabajadores del pozo. En esta ocasión se espera que los argumentos sean mucho más técnicos.

Durante los próximos cuatro días, el juez escuchará testimonios sobre las prácticas empleadas por BP para contener la fuga de crudo. En este sentido, la petrolera argüirá que su preparación y las medidas adoptadas cumplían con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por las autoridades, pero que la explosión del 20 de abril presentó “contratiempos inesperados”. “Teniendo en cuentas estas circunstancias, BP merece un reconocimiento y no una condena”, dice el escrito de los abogados de la compañía.

El Gobierno, por su parte, sostiene que BP mintió de manera reiterada a la Administración, reteniendo información sobre el volumen de crudo que se estaba derramando y los riesgos del vertido. “Deben pagar el precio por sus decisiones y asumir su responsabilidad por los retrasos provocados por su fraude”, señaló el Departamento de Justicia en un escrito durante la fase previa de este proceso.

Una vez que terminen los alegatos sobre la diligencia de BP a la hora de cortar la filtración de crudo, el juez destinará los siguientes 12 días a escuchar los argumentos sobre la cantidad de petróleo vertida. Después, se dará inicio al proceso para determinar la sentencia final.

BP ya ha desembolsado cantidades millonarias —24.000 millones de dólares, de acuerdo con la compañía—, en tareas de limpieza y reconstrucción. En noviembre de 2012, la petrolera alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia para evitar un proceso penal a cambio de una multa de 4.500 millones de dólares. BP prevé abonar otros 42.000 millones para zanjar por completo su responsabilidad por el accidente.