Canarias reparte formularios contra los sondeos petrolíferos

Los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, apoyados por el Gobierno de Canarias, pondrán a disposición de los ciudadanos distintos modelos de alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental elaborado por Repsol sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las islas. “Llamamos a la solidaridad y cohesión de los canarios”, dijo Mario Cabrera, presidente del Cabildo de Fuerteventura. Desde Repsol indican que es una forma de “asustar” a la población y llamar a “una movilización social que no consiguen”. El periodo de alegaciones concluye el 25 de septiembre.

Paulino Rivero (CC), presidente del Gobierno canario, José Miguel Pérez (PSOE), vicepresidente, y los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Pedro San Ginés (CC) y Mario Cabrera (CC), se unieron en una rueda de prensa en la que se llamó a la participación del mayor número de “ciudadanos, colectivos y asociaciones para que realicen alegaciones”. Para San Ginés, “el trato que da España a Canarias sigue siendo inadmisible, un trato colonialista”. Su homólogo en Fuerteventura destacó “la importancia de que en todas las islas se presenten alegaciones” y denunció que habrá prospecciones a nueve kilómetros de la playa del Castillo, que recibe 350.000 turistas al año. Desde Repsol desmienten que vaya a haber prospección alguna a tal distancia y en el Estudio de Impacto Ambiental realizado la sitúan a “50 kilómetros como mínimo”.

Paulino Rivero aseguró que “no hay petróleo, ni industria que vaya a poder con la cohesión de Canarias”, porque “no es un problema de Lanzarote o Fuerteventura, sino de todos los que viven en Canarias”. Dijo que en caso de hacerse una consulta popular “debe ser el Gobierno de España quién tome la iniciativa”, posibilidad negada ayer a este periódico desde el Ministerio de Industria: “Las prospecciones se harán sí o sí”.

El permiso concedido por el Ministerio de Industria expira a mediados de 2015. Antes, se ha de concluir el periodo de alegaciones y Repsol debe contestar a todas y cada una de ellas. Posteriormente debe remitirlo al Ministerio de Industria y, a su vez, este lo enviará al de Medio Ambiente, para que haga público una declaración de impacto ambiental que permita iniciar los sondeos en el mar, si así lo considerase.