Un consenso inédito (en teoría) sobre el aborto en América Latina

En El Salvador se llama Beatriz, en Costa Rica Aurora; en México, Hilda; en Chile, Belén. En América Latina, el aborto es una mala palabra. Y cuando lleva un nombre, representa una historia de persecución, de mujeres que se han enfrentado a la justicia por el derecho a interrumpir su embarazo. Delegados de los mismos países de América Latina que tienen abiertas decenas de causas penales contra estas mujeres, firmaron el pasado 15 de agosto un documento inédito en el que suscriben, por primera vez, la necesidad de instar a los Estados a “modificar las leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes”. Un total de 38 países suscriben el texto y la mayoría se oponen al aborto libre. Entre ellos Chile, El Salvador u Honduras, ejemplo de los que por ahora no han manifestado intenciones de modificar sus leyes. El texto, que contiene más de 120 medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al programa de las Naciones Unidas realizado en El Cairo en 1994, no es vinculante, pero supone un avance con respecto a los acuerdos anteriores.

Aunque “la declaración no es un tratado, sí resulta un consenso importante que puede arrojar luz sobre cuál va a ser el empuje de Latinoamérica en la agenda de El Cairo”, dice Alma Beltrán y Puga, coordinadora jurídica de la organización Grupo de Información en la Reproducción Elegida (GIRE). Otros comités ya habían mencionado la necesidad de revisar las legislaciones que castiguen la interrupción voluntaria del embarazo, subraya, pero “nunca se había mencionado en términos de salvaguardar la vida de las mujeres”. El texto contempla además otros aspectos como la anticoncepción de emergencia, métodos anticonceptivos modernos y la atención integral en salud reproductiva, y pide que se reconozca el derecho a una “sexualidad plena”, así como a “tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, sin coerción, discriminación ni violencia”.

El texto, bautizado como Consenso de Montevideo, es el resultado de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Gobierno de Uruguay, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Pese a lo acordado sobre el papel el avance real parece complicado.

El aborto en los países de América Latina

Argentina. Más de 50 proyectos de ley para ampliar la despenalización (solo se permite en caso de violación y riesgo para la vida de la madre) entraron al Congreso. Ninguno ha prosperado.

Bolivia. Bolivia sanciona con pena de cárcel de uno a seis años la práctica del aborto. Hay una demanda de inconstitucionalidad en curso. El país andino registra uno de los niveles más altos de violencia sexual del mundo: 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún abuso.

Brasil. En 2012 se añadió a la ley que el aborto se permita en caso de que el feto sufra de anencefalia. El Estatuto de Nascituro pretende, desde 2005, dotar a las mujeres embarazadas de una compensación financiera para disuadir a las mujeres embarazadas de abortar.

Chile. El caso de una niña de 11 años embarazada por múltiples violaciones revivió el debate en el país, uno de los pocos que aún impiden totalmente el aborto. Al menos 200 mujeres han sido encarceladas por abortar.

Colombia. Apenas hace siete años que el país despenalizó el aborto en ciertos casos. El procurador (fiscal) general Alejandro Ordóñez es un férreo opositor de cualquier avance en la materia.

Nicaragua. En 2008, dio marcha atrás a su ley de aborto, con 100 años de antigüedad, y que permitía la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida para la mujer y violación.

Honduras. Prohíbe y castiga la interrupción del embarazo bajo cualquier supuesto. Más de 9.000 mujeres son ingresadas cada año por abortos ilegales practicados fuera de hospitales y centros sanitarios.

El Salvador. Desde 1997 prohíbe la intervención y pena con cárcel a las mujeres que se lo practican. Una joven fue condenada el año pasado a 30 años de prisión por "homicidio calificado" después de interrumpir su embarazo. El fiscal había pedido 5 años.

Panamá. Pese a que la legislación prohíbe el aborto salvo en los apartados usuales, activistas señalan que clínicas privadas lo practican a mujeres con mayores recursos. Al menos 23 personas fueron acusadas de practicar un aborto desde 2011. Han sido condenadas dos (un hombre y una mujer).

Costa Rica. Las ONG calculan que en el país se han producido unos 27.000 abortos clandestinos desde 2007.

Ecuador. El proyecto de ley para incluir la violación como causa de aborto lleva 20 meses en la mesa de debate.

Perú. De los 500 hospitales del país, solo 14 están preparados para practicar la interrupción de un embarazo.

Uruguay. Es el primer país de la región que permite el aborto, hasta las 12 semanas de gestación, en todo su territorio.

En México, que será la sede de la segunda reunión del organismo, 151 personas fueron sometidas a un proceso penal por el delito de aborto entre 2007 y 2012, 41 han sido encarceladas de forma preventiva en ese tiempo y la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre solo es posible en el Distrito Federal. “La brecha entre ricos y pobres a la hora de acceder a servicios de salud reproductiva y a una atención médica integral es grandísima en México”, afirma Beltrán y Puga. “La diferencia entre las leyes de cada Estado complica el cumplimiento de estos objetivos”.

En el año 2011, varios Estados Federales de la República reformaron sus constituciones protegiendo la vida desde la concepción, lo que ha restringido el acceso al aborto. La interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación es legal en todo el país y, sin embargo, las autoridades dificultan el acceso y criminalizan a las mujeres. Según datos de GIRE, en el último lustro solo se han emitido 39 autorizaciones en todo México y 30 de ellas han sido en el Distrito Federal, única región que, desde 2007, practica el aborto libre hasta las 12 semanas. La cifra contrasta con el número de abusos sexuales que se denuncian cada año en el país: 131.400.

Pero ni de lejos, el caso de México es de los más restrictivos. Un total de ocho países prohíben el aborto bajo cualquier concepto en América Latina. Son Chile, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam. Todos ellos suscribieron el acuerdo de Montevideo hace unos días, sin embargo, o bien todavía no se han pronunciado públicamente sobre el mismo, o bien han reafirmado su postura.

Consultada por EL PAÍS, la ministra del Instituto Nacional de las Mujeres de Honduras, María Antonieta Botto, informó este viernes que el Ejecutivo “no” tiene previsto promover reformas legislativas que despenalicen el aborto. “El Gobierno de Honduras no está de acuerdo con el aborto”, dijo Botto a este diario.

Paola García Rey, coordinadora de Amnistía Internacional en Argentina, que asistió a la conferencia de la CEPAL en Uruguay, advirtió que los países que prohíben el aborto en todas las circunstancias “suscribieron el acuerdo, pero en los debates en las negociaciones se opusieron fuertemente a que se incluyera un lenguaje progresivo”. García Rey descarta que el tema sea abordado en el Congreso argentino antes de las legislativas de octubre.

En el caso de Chile, la delegación de la CEPAL rechaza comentar el documento (“ninguno de los delegados que acudieron a la reunión está en el país”) y por parte del Gobierno no se le ha dado ninguna publicidad al acuerdo. La tercera economía más grande del continente arrastra aún el legado de Augusto Pinochet: el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia y el divorcio no fue legislado hasta 2004. Sin embargo, las próximas elecciones de noviembre podrían dar un giro a la situación si la expresidenta socialista Michelle Bachelet, quien estuvo al frente de ONU Mujeres hasta hace unos meses, decide tomar cartas sobre el asunto. La candidata presidencial ha dicho que está a favor de despenalizar el aborto, “particularmente en casos vinculados a violaciones”.

En todo caso, las reticencias de determinados sectores de la sociedad a avanzar hacia una legislación que permita el derecho de la madre a decidir se extienden por toda América Latina. Este viernes, miles de personas, sobre todo vinculadas a las iglesias Católica y Evangélica, según informan las agencias, se manifestaron en varias ciudades de Bolivia contra la posible despenalización del aborto que estudia el Tribunal Constitucional. El país sudamericano impone actualmente condenas de entre uno y seis años de cárcel a quienes practican el aborto. La excepción son los casos en los que el embarazo es producto de una violación o cuando está en riesgo la vida de la madre.

En otro ejemplo de oposición a este tipo de posturas, el pasado lunes, la puerta de la sede de las oficinas del Grupo de Información en Reproducción Elegida apareció empapelada con cartulinas que contenían mensajes intimidantes. El grupo asocia el incidente a la posición que ha tomado en la defensa del caso Hilda, una joven del Estado de San Luis Potosí que fue condenada a prisión por abortar en 2009. La pena fue impuesta sin pruebas que la inculparan, solamente una confesión de la muchacha obtenida bajo la presión de la médico, que se negaba a atenderla si no le explicaba qué había sucedido, según el testimonio de la propia Hilda.

Tampoco resultan alentadoras las experiencias de El Salvador y Nicaragua, cuyas normativas han dado marcha atrás en los últimos años. Hasta 2008, Nicaragua tenía una de las legislaciones más avanzadas del continente. La ley, con más de 100 años de antigüedad, consideraba al aborto como un proceso legal, legítimo y necesario. Todo cambió en 2008. Bajo el visto bueno del Gobierno del sandinista Daniel Ortega, se aprobó un nuevo Código Penal que prevé duras condenas contra niñas y mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo sea cual sea la circunstancia.

En El Salvador, los cambios llegaron en 1997, cuando el Parlamento prohibió el aborto terapéutico aunque ello significara poner en riesgo la vida de la madre. Una modificación que Beatriz, una mujer de 22 años embarazada de un feto anencefálico —sin una parte del cerebro—, recordó con dolor en junio de este año.

“El debate fue inmenso. Evidenció la cruel realidad de las mujeres salvadoreñas”, afirma Morena Herrera, líder de la organización local Agrupación para la Despenalización del Aborto. Afirma que hay decenas de mujeres encarceladas porque los hospitales y las clínicas han sido denunciadas por sospechas de haberse practicado un aborto. “La reunión de Uruguay es una buena noticia para El Salvador”, afirma. “No podemos vivir en el oscurantismo vigente, junto con otros países como Nicaragua y República Dominicana, donde no se respetan los derechos de las mujeres”.

Con información de Mabel Azcui (Bolivia), Rodrigo Cea (Chile), Soraya Constante (Ecuador), Juan José Dalton (El Salvador), Jacqueline Fowks (Perú), María Martín (Brasil), José Meléndez (Panamá y Honduras), Álvaro Murillo (Costa Rica), Alejandro Rebossio (Argentina, y Uruguay) y Elizabeth Reyes (Colombia).