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China pone cerco a la corrupción de multinacionales farmacéuticas

Cuatro ejecutivos de los laboratorios Glaxo han sido detenidos por soborno a funcionarios y médicos. Pekín quiere frenar el alto coste de los fármacos.

Varias compañías del sector han sido investigadas y sancionadas ya.

Los hospitales y los sanitarios también están siendo investigados. Los bajos salarios y las deficientes instalaciones incentivan los sobornos.  Han Guan (AP)
Los hospitales y los sanitarios también están siendo investigados. Los bajos salarios y las deficientes instalaciones incentivan los sobornos. / Han Guan (AP)

Las ondas de choque de la campaña contra la corrupción puesta en marcha por el nuevo Gobierno chino, llegado al poder en marzo, han alcanzado de lleno a la industria farmacéutica y, en particular, a GlaxoSmithKline (GSK). Las autoridades del país asiático tienen en marcha una investigación sobre la compañía británica, que ha provocado la detención de cuatro altos ejecutivos de su filial china —entre ellos, un vicepresidente— y la prohibición a un quinto —el director financiero, Steve Nechelput— de salir del país. Otras 18 personas —empleados de la empresa y algún personal médico— han sido interrogadas. La policía los acusa de haber sobornado a funcionarios del Gobierno, grupos industriales farmacéuticos, hospitales y doctores para impulsar las ventas. También afirma que aceptaron sobornos de agencias de viajes a cambio de organizar conferencias, algunas de las cuales nunca tuvieron lugar.

La agencia oficial Xinhua asegura que algunos son “sospechosos de haber ofrecido sobornos a médicos, al tiempo que les pedían que prescribieran más fármacos con objeto de incrementar el volumen de ventas; y al mismo tiempo empujaban los precios de los medicamentos al alza”.

Varias empresas internacionales del sector han sido investigadas y sancionadas, en los últimos tiempos, por las autoridades chinas. La última es la estadounidenses Johnson &Johnson, que ha sido acusada de malas prácticas y a la que un tribunal de Shangai ha obligado a pagar 64.000 euros a un distribuidor local por violar la legislación antimonopolio.

GSK admite que algunos de sus directivos parecen haber violado la ley

GSK tiene cinco fábricas, un centro científico y 7.000 empleados en China y es una de las mayores compañías del sector en el mundo. Ante la investigación de las autoridades, la multinacional británica ha desplegado una operación de control de daños. En primer lugar, ha admitido que algunos directivos de su subsidiaria china parecen haber violado la ley, aunque ha dicho que la sede central no tenían conocimiento de ello. El director general de la compañía, Andrew Witty, ha calificado el supuesto comportamiento de “vergonzoso” y “muy decepcionante”. En segundo lugar, GSK se ha comprometido a investigar el incidente. “Estamos totalmente comprometidos a erradicar la corrupción y llegar al fondo de lo que ha ocurrido”, dijo Witty a la agencia France Presse. “Cooperamos plenamente con las autoridades y, obviamente, estamos mirando nosotros mismos lo que pasó”.

En tercer lugar, la farmacéutica ha prometido bajar los precios de sus medicamentos. “Los ahorros logrados gracias a los cambios propuestos en nuestro modelo de operaciones serán trasladados en forma de reducción de precios. Eso garantizará que nuestras medicinas sean más asequibles a los pacientes chinos”, ha declarado Abbas Hussain, presidente de la compañía para la región Asia-Pacífico y mercados emergentes.

La policía asegura que personal de la división china de GSK canalizó 3.000 millones de yuanes (368 millones de euros) a través de agencias de viajes y consultores desde 2007. Al parecer, los empleados utilizaron este sistema para evadir los controles anticorrupción internos de la multinacional, según apunta Xinhua. Los investigadores no han aclarado cuánto dinero fue destinado a sobornos.

La agencia oficial china ha dado amplia cobertura al caso. Ha relatado numerosos detalles de cómo se producía la corrupción, gracias a una entrevista con un director regional de ventas de GSK llamado Li —uno de los apellidos más comunes de China—, responsable de la comercialización de fármacos para enfermedades respiratorias en 10 hospitales de Zhengzhou (capital de la provincia de Henan). “Invitaban a los médicos a asistir a conferencias académicas de alto nivel para ayudarles a ganar influencia en sus campos. También establecían buenas relaciones personales con los sanitarios dando servicio a sus placeres y ofreciéndoles dinero para que prescribieran más fármacos”, explica Xinhua. “Una representante comercial llamada Wang (otro apellido muy común en el país), que trabajaba con Li, contó que entraba en los despachos de los médicos para actuar como su asistente y satisfacía todas sus necesidades; incluso sus deseos sexuales”, añade. “Wang dijo que los ejecutivos de GSK China sabían esto, y algunos dieron instrucciones claras a los departamentos de ventas de que ofrecieran a los doctores dinero u oportunidades para asistir a conferencias académicas, como soborno”.

Muchos médicos recibieron dinero incluso cuando no se dieron las charlas, según Xinhua. Y continúa: “Según Li y Wang, la compañía farmacéutica fijó como objetivo elevar la venta de fármacos un 30% anual los dos últimos años. Y eso, si no hay un incremento del número de pacientes, solo se puede lograr presionando a los médicos para que receten más”.

Desde que estalló el escándalo en julio, GSK ha nombrado a un nuevo responsable de la filial china, el francés Hervé Gisserot, que ha sustituido a Mark Reilly. El cambio se ha producido después de que el grupo haya admitido que su cuenta de resultados en el país asiático se verá afectada por la investigación. China representa algo más del 3,5% de la facturación farmacéutica global de GSK. El Ministerio de Seguridad Pública dice que Reilly ha accedido a regresar a China desde el Reino Unido —un viaje ya previsto, según GSK, pero que coincidió con la detención de dos de sus colaboradores— para ayudar en las pesquisas policiales.

Los facultativos recibían dinero e incluso servicios sexuales por recetar más

El escrutinio a la industria no se ha limitado a GlaxoSmithKline. La farmacéutica sueco-británica AstraZeneca afirma que uno de sus representantes comerciales está detenido en Shanghái, pero cree que se trata de un caso individual. La francesa Sanofi y la estadounidense Eli Lilly aseguraron el jueves que han recibido visitas de las autoridades comerciales sin dar más detalles. Eli Lilly acordó pagar 22 millones de euros, en diciembre pasado, en EE UU para zanjar las alegaciones de que sus empleados daban dinero y regalos a funcionarios en China, Brasil, Rusia y Polonia para lograr negocio. Pfizer, la mayor empresa del sector del mundo, también estadounidense, aceptó pagar, hace un año, 45,3 millones de euros por motivos similares.

El escándalo en GSK se produce en medio de la fuerte campaña contra la corrupción iniciada por Xi Jinping desde que asumió el poder. El Gobierno ha prometido mejorar el sistema sanitario y poner freno al alto coste de los tratamientos médicos y los fármacos, uno de los principales motivos de frustración de los chinos. Según la Asociación de Compañías Farmacéuticas de China, los sobornos suponen el 20% del precio de un medicamento típico chino. Algunos expertos creen que Pekín está utilizando el caso GSK como advertencia para el resto.

A la vez, la agencia de planificación económica está investigando los costes de producción y los sistemas de fijación de precios de 60 fabricantes nacionales y extranjeros. La firma de análisis de inversión Edison Investment Research prevé que China sea el mayor mercado farmacéutico del mundo en 2020.

La campaña para limpiar la industria ha alcanzado también a los hospitales. Un total de 1.088 profesionales del sector médico de 73 hospitales en la provincia de Fujian han sido acusados de corrupción tras una investigación de seis meses. La Administración de Alimentos y Fármacos asegura que va a “tomar medidas enérgicas” contra los sobornos y la falsificación de medicamentos y documentación, un problema que viene de lejos. Zheng Xiaoyu, director del organismo, fue condenado a muerte y ejecutado en 2007 por aceptar dinero a cambio de aprobar productos falsos.

 

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