La fiscalía italiana acusa a 4.400 médicos de recibir sobornos de Glaxo

La Fiscalía de Verona y la Policía Tributaria del Veneto cerraron ayer una gigantesca operación contra los acuerdos fraudulentos entre médicos e industrias farmacéuticas. En total, 4.713 personas, de las cuales 4.440 eran doctores en medicina de toda Italia y 135 eran directivos y empleados de la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline, fueron imputadas por diversos delitos: fraude, corrupción y asociación para delinquir. Según los fiscales, GlaxoSmithKline sobornaba con dinero, regalos y viajes a los médicos para que recetaran sus productos, normalmente más caros que los de la competencia, y la Seguridad Social acababa cargando con el gasto.

La operación comenzó dos años atrás, cuando se detectó un aumento en los cargos por fármacos asumidos por el Servicio Sanitario Nacional. Tras los primeros interrogatorios a médicos, el fiscal Guido Papalia estableció una hipótesis de connivencia entre quienes recetaban y quienes fabricaban los medicamentos, y lanzó una investigación masiva con el nombre en clave de Giove.

Esas prácticas no resultaban nuevas en Italia, donde existe incluso una palabra, comparaggio, para designar la corrupción médico-farmacéutica. Sin embargo, nunca se había efectuado una redada de tal magnitud. La fiscalía imputó el delito de propiciar el consumo de unos medicamentos determinados en perjuicio de otros, normalmente a cambio de regalos y viajes pagados por el fabricante, a 2.579 médicos y 62 empleados de Glaxo. Atribuyó a 1.738 médicos especialistas y a 138 empleados de Glaxo la entrega o percepción fraudulenta de pagos en metálico o en especie. La imputación de corrupción recayó sobre 196 personas, entre ellas 63 médicos y farmacéuticos hospitalarios, que a cambio de dinero favorecían presuntamente el consumo de productos de Glaxo en los hospitales públicos. Y 60 oncólogos y 73 empleados de Glaxo fueron imputados por asociación para delinquir: los especialistas en cáncer implicados percibían una cantidad fija por cada paciente al que prescribían Hycamtin. Este medicamento es un anticancerígeno indicado para tumores resistentes a la quimioterapia. En España se vende por 1.372,77 euros cada ciclo, y la cantidad recomendada es de un mínimo de cuatro ciclos (más de 5.200 euros), informa Emilio de Benito.

El caso que implicaba a Glaxo no era el único. Tras conocerse la operación dirigida desde Verona y Venecia, la Policía de Finanzas informó de que desarrollaba otras investigaciones en Lazio, Lombardía y Toscana. En ellas se habían efectuado interrogatorios a empleados de las farmacéuticas Pfizer, Sigma Tau, Sanofi y Menarini.

El director del Instituto Italiano de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri, Silvio Garattini, declaró que estos asuntos no le sorprendían. "Todo esto nace porque la industria farmacéutica ha abandonado la inspiración médica para basarse en la mercadotecnia, y el medicamento se ha convertido en un producto de consumo", afirmó. "Estos delitos deben de ser muy generalizados, desde el momento en que las multinacionales farmacéuticas gastan en promoción hasta el 30% de su facturación, y los llamados informadores científicos, cuya misión consiste en aumentar las ventas de medicinas, son más de 30.000", declaró. Las grandes farmacéuticas suelen organizar congresos en ciudades turísticas o paraísos exóticos para presentar y promocionar sus productos. Según la Fiscalía de Verona, en esos encuentros se establecían la mayoría de los contactos y acuerdos de connivencia.

Cúpula sustituida

El coronel Giovanni Mainolfi, jefe de la Policía Tributaria del Veneto, exculpó a los actuales dirigentes de Glaxo-Italia. Dijo que la empresa había sustituido a toda su cúpula directiva cuanto tuvo noticia de las investigaciones y había dado "nuevas instrucciones a los informadores científicos para que su trabajo recuperara la dignidad profesional". Mainolfi no quiso hacer estimaciones sobre la cantidad total que podría haber perdido la Seguridad Social, y en último extremo el contribuyente italiano, a causa del fraude. Las organizaciones de consumidores hablaban de "miles de millones de euros".

El secretario de la Federación de Médicos Generalistas, Mario Falconi, expresó serias dudas sobre las causas de que el asunto estallara justamente ayer: "Es extraño que este episodio se produzca en un periodo en el que los médicos realizan huelgas para salvaguardar el Servicio Sanitario Nacional, y justo en vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe un nuevo marco de actuación para la industria farmacéutica", dijo. La Federación de Cirujanos solicitó por su parte que no se formularan juicios apresurados y que no se dañara la reputación de la profesión médica en su conjunto "por las posibles faltas de una minoría".