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El Supremo anula el decreto que dejó a los becarios universitarios sin cotización

El tribunal ordena que el Consejo de Estado revise el decreto gracias al cual los universitarios se quedaron sin opción de inscribirse a la Seguridad Social

Madrid -

El Tribunal Supremo ha declarado "nulo de pleno derecho" el real decreto dictado en 2011 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que dejó a los becarios universitarios o de formación profesional sin posibilidad de cotizar a la Seguridad Social por sus prácticas en empresas.

La sentencia, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, responde a un recurso contencioso administrativo interpuesto por Comisiones Obreras y ordena, además de la anulación, que el real decreto sea remitido al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre el texto.

El objetivo es que la Comisión Permanente del órgano consultivo del Gobierno emita un informe sobre disposición adicional primera de la norma, que es la que excluye a los estudiantes universitarios que realicen prácticas académicas externas de la posibilidad de cotizar.

Este derecho se les había reconocido por acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos en el marco de la reforma de la Seguridad Social acometida en agosto de 2011 y quedó cristalizado en un real decreto aprobado en octubre de aquel año.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Universidades de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Jesús Escribano, ha explicado que Educación promovió un real decreto semanas después que "daba marcha atrás al acuerdo alcanzado anulando esa posibilidad".

Escribano plantea que "quizá hubo presiones desde el Ministerio de Educación" para que el Ejecutivo diera marcha atrás en lo que era una previsión "para todos los becarios" y que a partir de noviembre se restringió a "unos pocos".

Ahora, el sindicato espera que "automáticamente se dé de alta en la Seguridad Social a todos los becarios afectados" y se abra un proceso de diálogo para analizar el modo en el que recuperar las cotizaciones que dejaron de abonarse desde el momento en que entró en vigor el decreto anulado.

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