Los obispos informan al Gobierno sobre sus misas, pero no en qué gastan el dinero

La evangélica multiplicación de los panes y los peces fue un milagro pequeño en comparación con la gestión económica de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que esta mañana presentó a la prensa la llamada ‘Memoria justificativa de actividades. Ejercicio 2011’. “Cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como 2,39 euros en su servicio equivalente en el mercado”, se dice en la página 21. El Gobierno recibe esta semana ese informe, en principio para detallar en qué se han gastado los obispos los 247,90 millones de la asignación tributaria que les ingresó Hacienda como liquidación de las X señaladas por los contribuyentes católicos en su IRPF de ese año. Muy poco se dice al respecto, con la disculpa de que los obispos, pontífices máximos en sus respectivas diócesis, no suelen facilitar los datos necesarios, pese a pedírselos desde la CEE. En cambio, el Ejecutivo es informado con detalle, en 57 páginas, de que la confesión católica destinó ese año 818 millones a actividades pastorales y que las 2.465 escuelas católicas concertadas “suponen un ahorro al Estado de 4.091 millones”, sin que hagan constar el dato de dinero público que el Ministerio de Educación gasta en financiarlas.

La ‘Memoria justificativa’, obligada por el concordato económico firmado entre España y el Estado vaticano en 1979 y reforzado en 2006 por el Gobierno socialista, lleva el “informe de aseguramiento razonable” de la auditoria internacional PwC, que subraya (en la página tres) que el informe episcopal “ha sido preparado de forma adecuada y fiable, en todos sus aspectos significativos”. Fue presentado a la prensa por el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y presidente de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barriocanal, con constantes apelaciones a la misión evangelizadora y de transmisión de la fe de su confesión religiosa “para poder anunciar”, concretó, “la buena noticia que cambia el corazón de las personas”. Especial empeño puso en explicar cómo la Iglesia católica es esencial para entender el auge del turismo de extranjeros en España. “9,87 millones de viajeros participan en algún acontecimiento religioso”, concretó.

“San Pedro no tenía cuenta en un banco”, dijo el papa Francisco el lunes pasado, abogando por una Iglesia que sea "testimonio de pobreza”. También proclamó que “la predicación del Evangelio es algo gratuito; que no parezca proselitismo”. En cambio, el episcopado español hace hoy una exhibición de cifras, en su informe oficial a las autoridades civiles. Ilustra, por ejemplo, sobre el dinero invertido en 2011 en construir nuevos templos (36,8 millones) y en rehabilitar los existentes (60,7 millones), e incluso sobre el número de horas de “dedicación pastoral” de sus 19.621 sacerdotes, 59.882 religiosos, 85.751 catequistas y los seglares y voluntarios (“más de 49 millones de horas”).

También le dice al Ejecutivo el número de españoles que asisten regularmente a misa” (10 millones); de las eucaristías que se imparten (nueve millones); de las bodas, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, bodas y entierros católicos oficiados ese año; del número de capellanes en las cárceles (pero se calla lo que cuestan al Estado, o el dato de los que actúan en hospitales o cuarteles); Nada se escribe, sin embargo, de lo gastado por las Administraciones educativas en salarios de los decenas de miles de profesores de catolicismo que actúan en las escuelas públicas y concertadas, contratados y pagados por el Estado pero elegidos por los prelados para cada curso escolar. Los expertos calculan en 700 millones anuales ese gasto público.

Pese a reconocer que resulta imposible hablar de un presupuesto global de la Iglesia católica en España porque engloba a miles y miles de congregaciones e instituciones registradas oficialmente, el responsable económico del episcopado presume en su memoria al Gobierno de todo lo que hace el catolicismo nacional –congregaciones, colegios, hospitales, guardería, universidades, parroquias…- incluidas sus organizaciones caritativas emblemáticas, como Cáritas o Manos Unidas. “Solo el ahorro de la Iglesia al Estado en actividad educativa supuso en 2011 4.091 millones de euros, y el resto de actividades supondrían miles de millones más”, presumió.

No contestó a una pregunta sobre el desigual reparto regional de las aportaciones a la Iglesia católica mediante la equis en el IRPF. Apenas reconoció que el porcentaje de declarantes a favor del episcopado (media del 34,83% en 2011) es más alto en Extremadura y las dos Castillas que en Cataluña y el País Vasco, sin facilitar de momento los datos concretos.

Tampoco se incluye en la memoria justificativa cómo se ha repartido entre sus 69 diócesis el dinero recibido de Hacienda por mensualidades para salarios de sacerdotes y obispos y otras funciones de culto. Sí dijo lo que se manda a cada episcopado para su salario: 1.200 euros en 14 mensualidades. En cambio, se ignora el salario de los sacerdotes, que oscila entre los 650 y los 900 euros, según dijo. Sí hay dos datos concretos para el Gobierno: en el reparto de fondos hay 18, 9 millones para “Seguridad Social sacerdotes y obispos”, y 496.000 euros que se mandan al Vaticano por un llamado “óbolo de San Pedro” y para el Tribunal de la Rota)