El Gobierno recuperará todo el poder para negociar con las farmacéuticas

El Gobierno pretende recuperar todas las competencias para adoptar medidas de ahorro farmacéutico y negociar directamente con los laboratorios. Cuando el Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre cuatro iniciativas aprobadas por comunidades autónomas para reducir su factura en farmacia (el euro por receta de Cataluña y Madrid, la subasta de medicamentos andaluza y el cataloguiño gallego), el Ejecutivo planea cambios legales que reforzarán los argumentos del Estado en estos litigios y limitarán la capacidad de maniobra de las comunidades para hacer su propia política farmacéutica.

Los cambios se están planteando en la tramitación de la ley de Farmacovigilancia, que ya ha llegado al Congreso. El plazo de presentación de enmiendas acabó hace una semana y entre las registradas por el Partido Popular se incluyen modificaciones en la ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y productos sanitarios, de 2006, la llamada ley del medicamento. El objetivo de estos cambios, según se desprende del propio texto de las enmiendas, es evitar que prosperen las medidas que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Los hospitales tampoco podrán hacer sus propios concursos

Dos de las enmiendas registradas por el PP añaden nuevos apartados al artículo 88 de la ley del medicamento. Este artículo regula el derecho de los ciudadanos a obtener fármacos “en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud”. Pero el Gobierno entiende que las medidas implantadas por las comunidades crean desigualdades y en esta interpretación basa su principal argumento en los recursos presentados ante el Constitucional.

Con los cambios que el PP planea ahora en la ley el Estado se atribuiría en exclusividad las competencias para aprobar medidas de ahorro farmacéutico. “Las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios”, señala una de las enmiendas. Que añade: “Dichas medidas de racionalización serán homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios”.

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Congreso, Manuel Cervera, asegura que lo que se pretende es “garantizar” que el Ministerio de Sanidad sea el que coordine toda la política farmacéutica. “Así se garantizará también que todos los españoles tienen acceso a los mismos medicamentos”, señala Cervera, que asegura que los cambios normativos no se han pensado contra ninguna medida autonómica en concreto. “Es algo más general. En un momento en el que las Comunidades Autónomas están adoptando importantes medidas de racionalización del gasto, es importante asegurar que eso no puede entrar en contradicción con que todos los españoles tengan el mismo acceso a los medicamentos”.

Los populares tratan de “garantizar la igualdad de acceso

Fuentes del Ministerio de Sanidad advierten de que la ley se está todavía tramitando, por lo que ninguna enmienda es definitiva. “El texto final puede todavía cambiar mucho”, señala un portavoz del departamento de Ana Mato.

En Andalucía, a la que el Gobierno ha recurrido tres veces ante el Constitucional la subasta de medicamentos, llevaban meses sospechando que el Ejecutivo planeaba una iniciativa legislativa que anulara el concurso de fármacos. “Estas enmiendas claramente intentan paralizar por cuarta vez la subasta”, señala la consejera de Salud, María Jesús Montero (PSOE). Los servicios jurídicos de la Junta ya han estudiado las enmiendas del PP y creen que por ahora podrían seguir adelante con los concursos ya adjudicados, con los que Andalucía espera ahorrar alrededor de 100 millones de euros al año.

Pero los informes de los juristas alertan de que los cambios en la ley, tal y como ahora están redactados, impedirían cualquier iniciativa de racionalización del gasto que adopten unilateralmente las comunidades. Los juristas se han fijado en otra de las enmiendas del PP para modificar el artículo 88 de la ley del medicamento. Entre los nuevos apartados que añaden a este artículo los populares, se incluye el siguiente: “El precio industrial de los medicamentos no podrá ser objeto de modificación a efectos de prestación farmacéutica en el SNS salvo en caso de que dicha modificación consista en un descuento porcentual o lineal aplicable a todo el territorio nacional”.

Los juristas que han estudiado el asunto en Andalucía y el portavoz de sanidad del Grupo Socialista en el Congreso, José Martínez Olmos, coinciden en que esta modificación, tal y como está redactada, dejaría sin efecto los concursos públicos que hacen todos los hospitales españoles para comprar los fármacos que administran a sus pacientes y con los que obtienen descuentos en el precio. El Gobierno conseguiría así desactivar la capacidad de negociación de los hospitales e impulsar la central de compras nacional, una iniciativa a la que no se han adherido la mayoría de las comunidades.

“Los hospitales podrían hacer concursos, pero no se presentaría nadie, porque el precio que le pongan a uno lo tienen que extender a todos”, señala Martínez Olmos, que advierte que, al margen de la invasión de competencias a las autonomías, la medida previsiblemente causaría “enormes problemas” en la gestión diaria de los centros. “Es brutal. Es imposible centralizar las compras de todo”, advierte el diputado socialista, quien sostiene que los hospitales públicos ahorran entre 800 y 1.000 millones de euros con este sistema de compras, que ya existía cuando la gestión sanitaria dependía del Insalud.