Cataluña ahorró menos que otras regiones pese al euro por receta

El Tribunal Constitucional (TC) decidió ayer mantener la suspensión cautelar del pago de un euro por receta en Cataluña. La Generalitat, por tanto, seguirá sin poder cobrar la tasa, recurrida por el Gobierno, hasta que el TC tome una decisión. Las farmacias catalanas empezaron a recaudar el euro por receta el 23 de junio de 2012. En solo seis meses, la Generalitat obtuvo 45,7 millones de euros y, según sus cálculos, redujo su gasto farmacéutico un 5,9% gracias a la aplicación de la tasa. Sin embargo, datos oficiales del Ministerio de Sanidad muestran que Cataluña redujo menos que otras comunidades su gasto farmacéutico pese al supuesto efecto moderador del euro por receta.

Galicia, Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha fueron las comunidades que más ahorraron, en términos porcentuales, si se compara el gasto farmacéutico en recetas del segundo semestre de 2012 con el primero. Cataluña empezó a cobrar el euro por receta en junio, y en julio entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 que, entre otras cosas, impuso el copago farmacéutico en todo el país. Cataluña fue la quinta comunidad que más ahorro obtuvo, un 23,82%, según recoge un informe de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, del 15 de febrero pasado, consultado por EL PAÍS. El Ministerio considera que el ahorro generalizado (del 21,6% de media) se debe a las medidas nacionales y que la tasa catalana no solo no tuvo impacto sino que creó “desigualdad” entre regiones.

El informe, citado en el auto del TC para resumir los argumentos del Gobierno central, muestra también que Cataluña fue la comunidad que menos redujo el gasto por receta. En algunos casos, explica, “al sumar el euro a la aportación nacional se excedía el precio de venta del medicamento en España y al ciudadano residente en Cataluña le salía más económico comprarlo sin receta”. El informe ministerial alerta del “claro efecto perverso” de “inducir a la automedicación”.

El Constitucional admitió a trámite en enero pasado el recurso del Gobierno y la tasa quedó suspendida provisionalmente, pero la decisión tenía un plazo de cinco meses. Ayer el pleno del Alto Tribunal decidió mantener la medida hasta que resuelva sobre el fondo del asunto. Es previsible que en las próximas semanas el Constitucional se pronuncie también sobre la prolongación de la suspensión del euro por receta en Madrid, recurrido a su vez por el Gobierno y que estuvo vigente solo 29 días —recaudó cinco millones de euros—.

El auto del Alto Tribunal no entra a dirimir cuestiones de fondo; únicamente pondera los posibles perjuicios tanto de mantener como de levantar la suspensión. Después de resumir los argumentos de la Generalitat y del abogado del Estado, concluye que si finalmente se tuviera que devolver el dinero indebidamente cobrado a los ciudadanos, el sistema para hacerlo podría acabar costando más que la recaudación de la tasa. “Concurre aquí”, señala el auto, “una dificultad de reparación que justifica el mantenimiento de la suspensión”.

El número de ciudadanos afectados “tendría carácter masivo”, afirma el Constitucional, y añade que, de media, Cataluña facturó el año pasado una media de 10 millones de recetas al mes. Saldrían perjudicados, viene a concluir el TC, tanto los ciudadanos, por las “cargas, molestias y costes” de la devolución de lo pagado, como la propia Administración autonómica, que “se vería obligada a arbitrar un procedimiento de devolución individualizado con unos costes de gestión que, incluso, podrían llegar a superar la cuantía recaudada por la propia exacción de la tasa”.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, criticó ayer lo que considera una “obsesión” del Gobierno del PP por recurrir cualquier medida que adopta el Ejecutivo catalán. “Estamos en un marco de austeridad y ahorro y resulta que el Gobierno español impide que tomemos decisiones que van en la línea de cuadrar las cuentas”, lamentó.

El vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, Francesc Plà, lamentó la “incertidumbre” que rodea a esta cuestión, aunque no entró a valorar la decisión del Constitucional. Los boticarios reaccionaron con disgusto a la primera decisión de suspender la medida adoptada por el tribunal en enero y prorrogada ahora. “La aplicación del euro por receta ha supuesto un gran esfuerzo por parte del colectivo farmacéutico, que asumió un elevado coste para aplicarla”, protestaron, en referencia a la adaptación del sistema informático. El miércoles 16 de enero a las 23 horas las farmacias dejaron de cobrar la tasa. La actividad de las boticas aumentó un 16,3% la mañana del día siguiente, jueves.

Los madrileños, por su parte, empezaron a pagar el euro por receta el 1 de enero de 2013 entre quejas de los farmacéuticos, que rechazaban haberse convertido en “recaudadores”, y de los ciudadanos, que vieron cómo en apenas unos meses —el copago empezó en julio— volvía a encarecer la factura de los medicamentos. El presidente regional, Ignacio González, decidió implantar la polémica tasa pese a conocer la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de recurrir ante el Constitucional la normativa catalana. Diferentes voces criticaron la precipitación de la medida, puesto que la aplicación informática instalada en las farmacias para poder cobrar la tasa ni siquiera estaba lista cuando entró en vigor.

Con información de María Fabra y Antía Castedo.