Campus atrapados entre recortes

Una representación de los rectores acude el próximo viernes al Ministerio de Educación para abordar los cambios en el sistema de enseñanza superior que quiere acometer José Ignacio Wert. Y llegarán con sus reivindicaciones bajo el brazo. Se trata de la primera reunión de la comisión mixta Gobierno-Universidades que se creó en marzo para analizar esta reforma. Pero, como ya adelantó hace dos meses Adelaida de la Calle, los rectores consideran que en este momento es más urgente resolver los problemas que se han generado en los campus con los recortes. “Todas las universidades estamos con problemas financieros y con una necesidad sobre todo en lo referente al profesorado”, señaló en marzo la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

“Hay que aprovechar este espacio para tratar temas concretos”, apunta ahora Xavier Grau, responsable de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Uno de los asuntos que más preocupa a los gestores universitarios es el bloqueo de la incorporación de docentes. El rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, lanza una advertencia: de mantenerse las restricciones en la contratación de profesores, en una década se perderán 25.000 profesores, el 25% de la plantilla de todas las universidades españolas. Al año se jubilan unos 2.500 docentes, recuerda Ramírez de Arellano. “Y ahora no hay ni incorporaciones ni promociones”, lamenta el rector sevillano.

Xavier Grau y Ramírez de Arellano forman parte del equipo que la CRUE nombró como su representante en la comisión mixta con Educación. También están los rectores Pedro González Trevijano (Rey Juan Carlos), Juan Carlos Domínguez (San Pablo-CEU) y Julio Lafuente López (Pública de Navarra). Los cinco se reunieron la semana pasada en Madrid para preparar el encuentro del viernes con el ministerio. A esa reunión se llegará con el informe sobre la reforma educativa que ha elaborado un grupo de expertos designados por Wert. Pero los rectores no entran de momento a analizar con profundidad el informe. “Queremos saber cuál es el marco de trabajo”, detalla el rector de la Rovira i Virgili.

Grau y Ramírez de Arellano aplauden que el ministro aborde este asunto con el sector a través de una comisión mixta. “Es la estrategia correcta”, sostiene el rector de Sevilla, quien, sin embargo, cree que una gran reforma “requiere de grandes acuerdos”, de un “pacto de Estado” para que las normas sean estables. Y eso llevaría bastante tiempo.

Grau aspira a que se aproveche la comisión mixta para “desbloquear” la contratación de docentes. La tasa de reposición impuesta por el Gobierno (solo se pueden cubrir el 10% de las jubilaciones) está detrás de este problema. A finales del año pasado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas llevó a los tribunales a 15 universidades por entender que se habían saltado estas limitaciones. “Se está haciendo una aplicación muy estricta de la tasa de reposición y se están parando incluso las promociones dentro de la Universidad”, lamenta Ramírez de Arellano. “El próximo año debe cambiar esta situación”, opina Grau. Los rectores han pedido que en las reuniones de la comisión mixta también se siente un representante del Ministerio de Hacienda para poder abordar el conflicto. Y varias comunidades autónomas ya han planteado que se suavice la tasa de reposición.

El otro gran problema que arrastran los campus es el de la financiación. “Hemos sufrido un recorte brutal de 1.000 millones en cuatro años”, lamenta Ramírez de Arellano. Y a ese tijeretazo se le unen las deudas que las comunidades tienen con los campus. Por ejemplo, a las universidades andaluzas la Junta le debe unos 800 millones de euros, explica Ramírez de Arellano. En el caso de las catalanas, Grau cifra la deuda en 200 millones. En ambos casos, los retrasos se arrastran desde 2011. “Estamos atrapados entre Administraciones”, apunta el rector de Sevilla.

Tras las deudas acumuladas están los problemas de liquidez de los Gobiernos regionales. Los rectores tenían la esperanza de beneficiarse del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que puso en marcha en Gobierno para que las comunidades pudieran reducir sus deudas con las entidades bancarias y los proveedores. Pero las universidades se quedaron fuera. “Dentro de los proveedores estamos al final de la lista”, detalla Grau. De ahí, la insistencia de los rectores en que en las reuniones con Educación también se incluyera a representantes del Ministerio de Hacienda, el departamento encargado de diseñar y supervisar el FLA.