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No vuelva usted m@ñana

La Administración electrónica supone ahorro y rapidez en las gestiones

Los expertos alertan de que los recortes ponen en riesgo los avances conseguidos

Ciudadanos atendidos en una Administración madrileña.
Ciudadanos atendidos en una Administración madrileña.

El tópico de las gestiones con la Administración remite al Vuelva usted mañana de Mariano José de Larra. Al funcionario parapetado detrás de una ventanilla frente a una larga cola de personas.

Pero estos estereotipos están cada vez más lejos de la realidad. El 75% de los más de 500 millones de trámites que realizaron los ciudadanos y las empresas con la Administración General del Estado (AGE) en 2012 se hicieron (total o parcialmente, como puede ser bajarse un formulario a través de la red) a través de procedimientos electrónicos, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esto incluye pedir cita para el DNI, consultar el saldo de puntos del carné de conducir, el pago de multas de tráfico o la declaración de la renta. Todo ello redundó en un ahorro estimado en 28.500 millones de euros para las personas y entidades que los realizaron. Existe un consenso generalizado en la importancia que ha tenido la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y su desarrollo en la consolidación e impulso de las tecnologías de la información en España. Por ello, los recortes ejecutados por el Gobierno en esta parcela en los dos pasados ejercicios y los que se prevén para este año siembran temor entre los especialistas del sector.

La reducción del gasto público para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la AGE “es preocupante”, apunta Emilio García, presidente de la Asociación de Profesionales Públicos de Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (Astic). “El uso de las tecnologías de la información se traduce en ahorros y nuestros responsables políticos deberían velar por que las reducciones se hiciesen de manera inteligente, valorando primariamente el retorno de la inversión que las TIC aportan a la Administración y la sociedad”, destacaba Astic en un artículo publicado en su boletín el pasado mes de abril.

¿Existe un peligro real de retroceso? El Ministerio de Hacienda lo niega. Admite la reducción presupuestaria, pero señala que obedece a una estrategia para “reutilizar, compartir y mejorar la interoperatibilidad entre las Administraciones”, según un portavoz del departamento de Cristóbal Montoro. Es decir, se pretende gastar menos y optimizar recursos entre los distintos niveles competenciales. Fuentes del ministerio ponen como ejemplo un proyecto piloto ensayado en la Comunidad de Madrid que permite la interconexión de los registros de entrada en los tres niveles de la Administración, lo que permite que un documento presentado por un ciudadano esté en segundos en cualquier otro mostrador cuando el transporte físico tradicional se demora más de dos semanas. Este procedimiento ha supuesto un ahorro de cinco millones de euros, que serían 50 de extrapolarse a todas las autonomías, según los impulsores de la experiencia.

Algunas de estas iniciativas se presentaron en enero tras la aprobación del Plan de Administración Electrónica 2013-2015, una “hoja de ruta para modernizar la Administración, reducir el déficit público y racionalizar el sector público”, tal y como expresó Cristóbal Montoro. Entonces es cuando el ministro habló del ahorro de 28.500 millones el año pasado asociado al uso de la telemática en las gestiones.

La estimación global de los costes administrativos se establece a partir de la evaluación desarrollada por el Gobierno holandés, que fijó en 2002 como unidad de medida el Standard Cost Model (SCM) y que la Unión Europea ha adoptado como medida de referencia. Según el SCM, el coste de un trámite presencial alcanza una media de 80 euros (incluyendo aspectos como el transporte o el lucro cesante) por cinco euros asociados a los procedimientos electrónicos. En 2012 se realizaron más de 500 millones de trámites con la AGE, de los que 365 se ajustaron al formato electrónico. Aplicando el patrón del SCM es como se llega a la cifra de ahorro difundida por el departamento de Montoro.

En lo que respecta al ahorro en la Administración estatal, el ministerio no detalló estos datos, más allá de apuntar que cada aumento del 5% en el uso de trámites telemáticos supone un ahorro de 1.500 millones para empresas y ciudadanos y de 200 millones para las Administraciones públicas. A preguntas de este diario, el departamento que dirige Cristóbal Montoro no ha querido precisar el control de gasto en la Administración central derivado del uso y extensión de las gestiones telemáticas: “Presentaremos la cifra la semana que viene, en el Día de Internet”, afirman desde allí.

El impulso de la Administración electrónica a raíz de la Ley 11/2007 y el apoyo presupuestario destinado a su puesta en marcha situó a España en el noveno puesto mundial en el año 2010 en la clasificación que elabora Naciones Unidas respecto al nivel de desarrollo de la e-Administración. Pero, en 2011, España cayó 14 posiciones hasta el vigésimo tercer lugar. El informe e-España que elabora cada año la Fundación Orange sobre el desarrollo de la sociedad de la información advierte en su edición de 2012 que existen “aspectos de mejora que han quedado aplazados ante la reestructuración presupuestaria”.

Emilio García, presidente de Astic, abunda en los recortes aplicados en las partidas destinadas a la e-Administración. Los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, señala, muestran una caída presupuestaria del 23% del dinero destinado a las TIC entre los ejercicios 2011 y 2012. Y en este retroceso no están incluidos los efectos del tijeretazo de julio de 2012 (la batería de medidas entre las que se encontraba la subida del IVA o planes de ahorro en la Administración).

Recortes de esta envergadura se reproducen en el resto de escalones competenciales. Un 23% es también el porcentaje de caída del gasto de la Generalitat catalana en el concurso de servicios de tecnologías de la información que ha convocado, lo que “demuestra que estamos alcanzando el límite de la racionalización de los recursos tecnológicos”, según Astic. Los profesionales temen que rebasar esta línea roja degrade la calidad de los servicios públicos electrónicos y que ello traiga consigo un descenso en su uso y una reducción de los ahorros obtenidos en el gasto público con el uso de la e-Administración.

Emilio García asegura que un retroceso presupuestario de este volumen es “exagerado” y “puede poner en riesgo todo lo alcanzado”. En su opinión, el recorte del 7% implementado en los ejercicios 2009-2010, una vez finalizado el esfuerzo de la puesta a punto de la ley 11/2007, resulta razonable. Pero la nueva vuelta de tuerca de los ejercicios 2011 y 2012 se traduce en dos situaciones peligrosas. Por un lado, los gastos de mantenimiento han caído a niveles del año 2007, cuando “apenas había un 20% de los servicios que hay en estos momentos”, lo que dificultará atender las necesidades actuales. Por otro, el desplome de la inversión en recursos telemáticos “nos acerca a una bancarrota digital pública en la que dedicamos menos recursos de los que nos demanda una sociedad cada vez más digitalizada”, según ha denunciado recientemente García. Y nada parece indicar que a medio plazo vaya a revertirse la situación de caída libre en los recursos públicos destinados a las TIC en la Administración del Estado.

Hay otros problemas además de los recortes. Existe un desarrollo desigual de los servicios telemáticos. No solo entre los distintos departamentos de la Administración estatal, donde tradicionalmente se han mimado parcelas como las relacionadas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social en perjuicio de otras. También es asimétrico el acceso a los servicios públicos vía telemática en las comunidades autónomas.

El informe de la Fundación Orange compara la accesibilidad electrónica en la gestión de 26 trámites administrativos entre los que se encuentran la oferta de empleo público, la petición de cita médica, el acceso a becas de estudios, la autorización para instalaciones eléctricas o las subvenciones para la creación de empleo. Las tres autonomías que cubren más servicios son Asturias, Madrid y Andalucía. El análisis de la fundación de la operadora de telefonía no solo mide la cantidad de servicios telemáticos, sino su calidad.

Existen distintos grados de gestión online que van desde la simple descarga de un formulario por el ordenador a la tramitación parcial de servicio público, hasta el máximo nivel de desarrollo que consiste en la gestión totalmente electrónica (sin necesidad de presencia física en oficinas). De los 26 servicios estudiados en el informe, 25 de ellos eran susceptibles de ser realizados íntegramente de forma telemática en Asturias y Madrid; y 24 en Andalucía. A la cola de esta clasificación figuran Cantabria (8 gestiones totalmente electrónicas), Aragón (7) y la ciudad de Melilla (4).

Con todo, el mayor reto está en la Administración local. “Hay trámites muy importantes que aún no están al alcance de los ciudadanos”, indica García. Sería el caso, por ejemplo, del alta en el padrón o las licencias de construcción.

El cambio a la tramitación telemática supone mucho más que la simple sustitución de la ventanilla física por la pantalla del ordenador. Y a veces hay que buscar soluciones imaginativas que pueden multiplicar de manera exponencial la eficiencia del proceso. Por ejemplo, la aplicada en la renovación de los carnés de conducir. “Ya no hay que ir a la jefatura de Tráfico, en el gabinete médico donde se realizan las pruebas de aptitud física, si las superas, firmas en una tableta y se activa la renovación que Tráfico remite directamente a casa”, explica García.

Yolanda Palomo, secretaria de Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de UGT, coincide con el relato del ahorro de costes que permite la extensión de los procedimientos telemáticos en la tramitación de gestiones, así como en las ventajas que ofrece a los ciudadanos “al facilitar el ejercicio de sus derechos”. En su opinión, las consecuencias de la extensión de la gestión electrónica en los servicios de la Administración son claramente positivas: “Se adapta el personal a nuevas funciones, se recicla en cursos de formación y, en suma, se eleva la calidad de la función que desarrolla la Administración”.

Además, tumba otro mito. En este caso, el que alimenta la idea de que la introducción de las nuevas tecnologías en las Administraciones es un proceso que se cobra en el camino puestos de trabajo. “Esta es una cuestión que hemos seguido de cerca. Lo único que ha tenido un impacto en el empleo público han sido los recortes en la tasa de reposición de los empleados públicos”. Su diagnóstico, en materia de empleo, es rotundo: “No implica una reducción de personal en absoluto”.