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Un niño autista lleva cuatro años sin escolarizar por una batalla judicial

El Constitucional decidirá si el menor debe recibir la educación especial dictada por la Junta de Castilla y León

Los padres pelean por una enseñanza inclusiva

En el centro de la imagen, Azucena Ortega, madre de Daniel.
En el centro de la imagen, Azucena Ortega, madre de Daniel.

Daniel tiene 10 años y lleva cuatro y medio sin ir al colegio. Es un niño con autismo y sus padres prefieren tenerle en casa antes que escolarizarle en un centro de educación especial; exigen que se le atienda en un colegio ordinario con los apoyos que hagan falta. Pero la Junta de Castilla y León (la familia vive en Palencia) insiste en que el centro específico es la mejor opción, dadas las grandes necesidades de atención del chaval. Los tribunales de Palencia y el Superior de Justicia de la comunidad dieron la razón al Gobierno autónomo, pero ahora el Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso de amparo de la familia para revisar su caso.

Además, pesa sobre los padres una denuncia de abandono, ya que la escolarización es obligatoria por ley en España desde los 6 a los 16 años. Sabino Herrero, director provincial de Educación, dice que no tuvieron más remedio que informar del absentismo continuado a la Fiscalía de Menores, con lo que el proceso se puso en marcha, y recuerda que hay al menos cinco informes de especialistas psicopedagogos realizados en distintos momentos que no dejan lugar a dudas sobre la necesidad de atender al chico en un centro especial.

El alumnado con necesidades especiales

  • Lo que dice la ley. “La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión [...] La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.
  • Lo que dice la ONU. “Los Estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación [...] Al hacer efectivo este derecho, los Estados asegurarán que: [...] c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación”. Mientras la ONG Solcom apela a estos puntos de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dice que en algunos casos, como el de Daniel, se superan esos “ajustes razonables”.
  • Centros específicos e inclusión. En España hay 482 centros de educación especial. Estos atienden a algo más de 31.000 alumnos, es decir, el 21% del total. El resto, más de 110.000, están integrados en colegios e institutos ordinarios.
  • La mitad tiene discapacidad física. El 49,3% de los alumnos con necesidades especiales sufre discapacidad psíquica, según la estadística oficial del curso 2010-2011. Otro 27,3% sufre trastornos graves de personalidad. El resto tiene discapacidad motora (8,9%), auditiva (5%), visual (2%). Los demás tienen lo que se llama “plurideficiencias”.

“¿Cómo pueden hablar de abandono? Si me paso las 24 horas del día con él”, se queja por teléfono Azucena Ortega, la madre de Daniel. Ortega, de 45 años, cuenta que nunca aceptaron que su hijo vaya a un centro de educación especial, por lo que prefieren tenerle en casa. “Hacemos nuestros ejercicios de lectura global (con dibujos y letras), y trabajamos los números”, explica la madre. Está convencida de que tiene todo el derecho de exigir que su hijo vaya al centro ordinario, y a que la consejería ponga todos los medios posibles para que sea así.

La ley dice que el principio que debe guiar la educación de los menores con discapacidad (sea psíquica o física) es la inclusión, es decir, la integración en centros ordinarios de estos chavales. Sin embargo, admite que las Administraciones valorarán la necesidad de llevarles a otros centros especiales, aunque esto “solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”, señala la norma en vigor (LOE, 2006).

Por su parte, la familia, junto a la asociación Solcom que la apoya, apela a la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, firmada en 2006, y ratificada por España en 2008. Esta dice que “los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”.

“Yo apoyo completamente a la familia. Se trata de cambiar la mentalidad. La Convención de la ONU obliga a cambiar las políticas educativas y se debe escolarizar a los niños en el tipo de centro que decidan los padres”, señala tajantemente el profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid Gerardo Echeita, que trabajó en el Centro Nacional de Recursos para Educación Especial del Ministerio de Educación entre 1986 y 1996. “Es verdad que se trata de apoyos muy complejos, extensos y continuados, pero es la sociedad que queremos y que hemos decidido [la que fomenta la inclusión]”, añade el profesor.

El Gobierno regional aduce que tiene una necesidad de apoyo muy grande

“Nosotros estamos a favor por principio de la educación inclusiva en los centros. No conocemos el detalle de este caso, ni sabemos si el grado de apoyo que necesita este niño es tal que hace imposible su escolarización en un centro ordinario, pero lo que está claro es que el perjudicado nunca puede ser el niño, ni porque la Administración no ponga los recursos necesarios ni porque los padres quieran demostrar algo y hacer valer un derecho”, señala Christian Loste, director de la Federación de Autismo de Madrid.

Una portavoz de la Consejería de Educación de Castilla y León recuerda una vez más que los tribunales les han dado la razón en dos instancias distintas y asegura que su decisión se ha basado en numerosos informes de técnicos de educación y psicopedagogos, tanto del propio centro como externos. Sabino Herrero, director provincial de Educación en Palencia, asegura que cada vez que la madre ha pedido en estos años una plaza en un centro ordinario para Daniel, se han vuelto a hacer evaluaciones psicopedagógicas por parte del equipo de Educación —“para ver si el chico había madurado y podía integrarse bien”—, pero siempre con el mismo resultado: “Que el niño recibirá la mejor atención, la que necesita, en el centro especial”.

La ONU defiende la integración, la ley española establece excepciones

La sentencia de octubre del año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tras la lectura de esos informes, concluye: “Daniel necesita algo más, mucho más que ajustes razonables respecto a lo que precisan sus compañeros de edad similar [...] Una cosa es que Daniel, con su total dignidad de persona tenga derecho a la educación y a integrarse en la educación ordinaria y a que se le presten ayudas y apoyos para lograrlo y otra muy diferente que toda la educación ordinaria de un aula ordinaria se transforme, de hecho, en un aula especial solo en su favor; ello excede la razonabilidad”, señala el fallo.

La asociación Solcom, sin embargo, responde que, independientemente del grado de discapacidad, siempre hay opciones de atención integrada en los centros ordinarios, aunque una parte del horario se haga en recursos específicos lejos del resto de compañeros. “Da igual el grado de autismo; es por ley, por la Constitución y por la Convención de la ONU. Y no puede ser cuestión de dinero o de recursos, como demuestra el País Vasco, donde en la etapa primaria [de 6 a 12 años], no hay centros de educación especial, se atiende a todos en los centros ordinarios”, asegura la coordinadora de Solcom, Itziar Fernández.

El profesor Echeita asegura que es una buena noticia que el Tribunal Constitucional vaya a pronunciarse sobre todas estas cuestiones.