La justicia es muy rentable

El sistema judicial español funciona y puede que los españoles no lo sepamos valorar, pero los norteamericanos parece que sí. Prueba de ello es que le recomendaron a Hervé Falciani refugiarse en España, según ha contado él mismo a este periódico. Este exempleado francoitaliano del banco suizo HSBC es perseguido desde que se hizo con una larga lista de evasores fiscales (de un total de 130.000 cuentas) que tenían su dinero justamente en ese gran banco. Varios países se han disputado sus famosas listas, repletas de gente adinerada que hurta a las arcas públicas su obligada contribución. Su vida corre peligro. Así se lo han hecho saber los estadounidenses, que tienen su particular pendencia con el HSBC, y esa es la razón por la que consideran que debía refugiarse en un lugar seguro.

¿Por qué en España? No es que aquí se le esté dando trato de favor por su valiosa aportación al erario público. De hecho, Hacienda ya ha recuperado gracias a él 260 millones de euros defraudados. La razón fundamental está en un funcionariado —incluido el policial— muy lejos de la corrupción y un sistema judicial extremadamente garantista que, como reverso, en ocasiones genera problemas y casi siempre alarga los plazos.

A veces nos llevamos las manos a la cabeza por lo mal que van las cosas, por un escándalo de corrupción o una sentencia que nos parece injusta y somos incapaces de valorar lo que tenemos. Tiene su lógica. Cuando un juez decide imputar a una de las hijas del Rey la reacción inmediata es escandalizarse ante la posibilidad de que persona de tan alta alcurnia se haya manchado las manos. La derivada positiva es que vivimos en un país cuya judicatura es libérrima para imputar e investigar a cualquiera, independientemente de su extracción social. Es un detalle que no puede pasar inadvertido ni dentro ni fuera de las fronteras nacionales.

Es verdad que los numerosos casos de corrupción política están haciendo un daño irreparable a la imagen de España. Una mayoría de alemanes considera a este un país corrupto, poco fiable, pobre, tradicional y de ciudadanos ociosos, según el barómetro de la Marca España. Los peores estereotipos se están recrudeciendo en Europa debido a la crisis de la deuda, aunque hay que reconocer que los españoles hemos hecho importantes esfuerzos para ganarnos tan mala fama. Según los datos del Consejo del Poder Judicial, los juzgados españoles tramitan 1.661 causas por corrupción financiera o política, lo que es una auténtica barbaridad acrecentada, sin duda, por una lentitud de la justicia que acumula casos y más casos, ofreciendo una imagen más negativa de la realidad, que ya es bastante penosa.

Pero también en este terreno puede encontrarse un motivo para la esperanza: son muchos los corruptos que están siendo perseguidos por la justicia, lo que, como bien ha escenificado la tonadillera Isabel Pantoja, no es plato de buen gusto ni siquiera cuando las condenas son leves. La lentitud y la falta de medios es el talón de Aquiles de la justicia española, torpedeada ahora con saña por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón por culpa del déficit público. La percepción ciudadana sobre el sistema no es nada buena. Según un sondeo de Metroscopia, el 69% de la población considera que funciona mal. Y, sin embargo, es justamente la justicia la que está ofreciendo en esta crisis una de sus caras más positivas.

Son los jueces los que han hecho informes demoledores contra la legislación española de desahucios, los que se han movilizado para desbaratar dicha legislación y los que están analizando con lupa las cláusulas que firmaron muchos deudores de buena fe a los que la banca intenta desalojar de su casa. Ello demuestra que, a pesar de los escasos recursos de que disponen y del elevado nivel de litigiosidad de este país, los jueces hace mucho que dejaron de pertenecer a una casta superior insensible a los problemas de los ciudadanos.

Pero no es solo una cuestión de heroísmos personales, como demuestra el caso Falciani. La fiscalía ha denegado su extradición a Suiza. Puede que termine consiguiéndolo, pero, de momento, sigue en España colaborando con la justicia y con el fisco europeo. Es una pena que, vista la rentabilidad social y económica de un buen sistema judicial, este Gobierno no apueste más por él y lo dote de los medios que está reclamando.

GABRIELA

CAÑAS