Los centros tecnológicos denuncian el impago de las CC AA

La deuda de las administraciones autonómicas con los centros tecnológicos supera ya los 140 millones de euros y ha aumentado un 10% desde el año pasado, situando a muchos de ellos en “una situación difícilmente sostenible”, ha denunciado la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), que agrupa a 40 de estos núcleos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico orientados a la innovación en las empresas, proceso que el Gobierno considera de importancia primordial en su política de I+D+i.

Los 40 centros tecnológicos de Fedit están distribuidos por todas las autonomías, pero no todas tienen el mismo nivel de morosidad. “Navarra no tiene deuda y el País Vasco, apenas, mientras que Valencia es la más deudora”, explica Aureo Díaz Carrasco, director ejecutivo de la federación.

“El 30% de la I+D empresarial española se desarrolla en los centros tecnológicos, que representan un motor de crecimiento económico que no puede ser frenado, sino todo lo contrario, ya que la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico ha de ser la apuesta para salir de la crisis”, señala la Fedit.

El presupuesto total de estos 40 centros, en los que trabajan casi 5.000 científicos, ingenieros y tecnólogos, ronda los 332 millones de euros al año y tienen una financiación mixta. Un 61% procede del ámbito empresarial y el mercado y un 39% de las administraciones públicas (58% de las comunidades autónomas, 19% de la Administración central y otro 18% de proyectos europeos). El 19% de financiación del Gobierno central se obtiene en estos centros con los proyectos competitivos que obtienen sus investigadores en el Plan Nacional de I+D+i. “Pero desde 2008 sufrimos recortes continuos”, destaca el director ejecutivo, “en el Plan Nacional un 19%, como todo el mundo”.

A los recortes generalizados los centros tecnológicos suman el daño que está haciendo el impago de las comunidades, señala Diaz Carrasco, y “están sufriendo problemas de liquidez tremendos”. Algunos logran salir adelante por su competitividad internacional, “pero otros están al límite, prácticamente en situación de suspensión de pagos, y algunos están haciendo ERE”, denuncia.

La Fedit intentó que se incluyeran las subvenciones que ellos reciben de las comunidades autónomas en el Plan de Pago a Proveedores que puso en marcha el Gobierno el año pasado, pero no lo logró, dado que estos centros no presentan facturas a las administraciones por esta financiación, por lo que ahora reclaman que, “de forma urgente, se establezcan medidas que favorezcan que las administraciones autonómicas deudoras puedan hacer frente al abono de los trabajos desarrollados y debidamente justificados desde hace ya años por los centros tecnológicos”.

Estos organismos son fundamentalmente fundaciones de empresas que aúnan esfuerzos para avanzar en las tecnologías y su aplicación en la producción. Muchos son sectoriales, por ejemplo del calzado, automoción, textil, agroalimentación, etcétera. Están volcados en las necesidades de las empresas innovadoras y, además, muchos de ellos tienen acuerdos con las universidades y centros de investigación académica para favorecer la transferencia de resultados de la ciencia básica hacia el desarrollo y la innovación.