Wert dice que basta buena voluntad para aplicar las sentencias sobre el catalán

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado este miércoles en el Congreso que el límite para el acuerdo con Cataluña sobre la enseñanza en castellano implica respetar al Tribunal Constitucional. "No es tan difícil y es lo que intentamos conseguir en la Lomce [la reforma educativa que impulsa el Gobierno]. Basta un acto de buena voluntad y habilitar un mecanismo que permita cumplir estas exigencias, según las cuales la inmersión lingüística es conforme al Tribunal Constitucional para conseguir este objetivo", ha sentenciado en la sesión de control al Gobierno.

Así ha respondido a la pregunta del portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias, quien le ha planteado si piensa trasladar a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), actualmente en elaboración, la idea de obligar a enseñar en castellano si un alumno lo pide. CiU ha formulado esta cuestión después de que el 10 de abril el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) fallase en varios autos que la Conselleria de Enseñanza debía introducir el castellano en aquellas aulas donde estuviera escolarizado el alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en castellano.

Según el auto, el sistema "ha de adaptarse a toda la clase —o unidad escolar— de la que forma parte ese alumno", lo que afecta todos los compañeros del estudiante que solicite más clases en castellano (en el sistema de Cataluña, la inmensa mayoría de las clases se dan en catalán).  Así, este escrito concreta cómo la Generalitat debe cumpllir el auto de 3 de enero de 2013 de la sala contenciosa administrativa del TSJC que pidió a la Conselleria "adoptar las medidas necesarias para que sus hijos reciban una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas".

Wert, que ha defendido que la lengua no debe utilizarse para hacer política, ha aclarado de esta manera que la resolución judicial del TSJC no dice que, porque un alumno lo pida, toda la clase deba ser escolarizada en castellano. "Que el castellano se utilice como en la proporción que proceda dado el estado de la normalización lingística alcanzado por la sociedad catalana, una proporción que corresponde decidir al Gobierno de la Generalitat", ha dicho. Además, Wert ha puntualizado que debe darse "una utilización proporcional y equilibrada de las dos lenguas".

Con ello, ha alertado de que, si el asunto ha acabado en los tribunales es porque no se ha querido buscar un mecanismo, que reiteradamente solicitaba el Constitucional para que la inmersión lingística se aplique de acuerdo a la propia doctrina del alto tribunal: que no suponga la exclusión completa del castellano y permita a los padres que los pidan que éste se utilice equilibradamente como lengua vehicular de la enseñanza.

Pere Macias le ha pedido al ministro que tenga "dos conceptos claros en su mente": que en España existen 17 comunidades y que en la catalana son 600.000 personas las que hablan catalán. "Una minoría judicializada contra la normalidad y las leyes catalanas", ha añadido el diputado de CiU. Ha resaltado, además, lo que considera unos resultados concluyentes: al acabar la ESO, el nivel de castellano en Cataluña no es menor que en Valladolid, según datos que ha aportado del ministerio, y supera a la media estatal: "El modelo funciona tanto desde el punto de vista académico como de convivencia".

Por esto, ha pedido a Wert que actúe en dos direcciones: en defensa democrática de la mayoría, y en segundo lugar, en defensa de estas tesis en el resto del Estado. "En sus declaraciones y datos del Gobierno (central) puede contribuir a hacer pedagogía y a relatar que esto no es un conflicto y sí hay normalidad, con una conflictividad muy escasa, que ya quisiéramos en muchos temas, y que sobre todo la normalización lingística ha sido un éxito, aunque pese a quiénes sólo les interesan los escolares catalanes para sus mezquinos intereses partidistas y sembrar el odio en Cataluña", ha sentenciado.

La Generalitat ya anunció que no iba a ejecutar la resolución ya que la lengua de un aula no puede cambiar porque un solo alumno lo pida: "La voluntad de un padre no puede incidir sobre el programa y el proyecto solicitado por el resto de familias", dijo la consellera Irene Rigau, que anunció que el Govern iba a recurrir ante el Tribunal Supremo.