“La minoría no se puede imponer”

“La sentencia es absurda. No es lógico que se imponga lo que piensa una minoría sobre la mayoría”, se quejaba ayer Cristina Campoy. “17 casos [los que pidieron la escolarización en castellano este curso en Cataluña] no se pueden imponer a miles y cambiar la educación”, añade su marido, David González, mientras esperan a su hijo a la salida de la escuela Garigot de Castelldefels (Barcelona).

Este es uno de la decena de colegios afectados por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que establece que si un niño pide recibir más asignaturas en castellano, esto afectará a toda la clase. Hasta ahora, la Generalitat había dado respuesta a las sentencias judiciales con la atención individualizada, pero los tribunales entienden que esto no es suficiente y que supone un acto de discriminación.

“El auto supone un paso atrás. La situación del catalán empeoraría”, valora Pablo Esteban, director de este centro. Asegura que en su escuela solo hay una familia que ha pedido que el castellano también sea lengua vehicular y lo ha hecho “directamente en los tribunales sin antes pedírselo a la escuela”. Habla de Julián Busca y de su mujer, que tienen hijos de 3, 7 y 9 años, y se decidieron a acudir a justicia después de que Esteban se negara a hablar en castellano en una reunión con los padres del centro, según denunció Busca a este periódico. El director puntualiza la acusación: “Lo que no ha explicado es que me ofrecí incluso hacer otra reunión solo en castellano”.

El responsable de este centro asegura que no cambiará el sistema pedagógico de su centro hasta recibir directrices del Departamento de Enseñanza y defiende el modelo actual (todas las clases en catalán, excepto la asignatura de lengua castellana). En esto coinciden la mayoría de familias de la escuela. “Algunos alumnos solo lo hablan aquí”, coinciden en apuntar cuatro madres que forman un corrillo a la espera de sus pequeños. Las cuatro, que tienen entre 36 y los 40 años, aseguran que con sus parejas hablan en castellano y con los niños en catalán para favorecer el conocimiento de esta lengua. “Nosotros estudiamos todo en castellano y después nos costó mucho aprender el catalán”, lamentan.

Nunzia, de origen italiano, también se inclina por no cambiar nada, al contrario que su marido, que sí pide más presencia del castellano. “Si estamos en Cataluña, no estoy de acuerdo con que las clases tengan que ser en castellano. Yo vivo aquí, trabajo aquí y acepto lo que hay aquí. Si no, me voy”, exclama Nunzia. Su hija de nueve años es un buen ejemplo de trilingüismo. “En casa habla italiano, la escuela la hace en catalán y en la calle y con los amigos habla en castellano”.

Irma España, catalanohablante, decidió que a su hijo le hablaría en castellano por temor a que saliera de la escuela dominando solo el catalán. “Ahora veo que fue un error, porque hay cosas que no sabe en catalán”, admite.

Arrastrando una maleta escolar, una madre de origen venezolano que prefiere no dar su nombre considera que para un niño que no sabe catalán “puede ser traumático” que le obliguen a aprender una lengua. Pero seguidamente añade: “La única forma de que la aprendan es con la inmersión; si no, el catalán acabará desapareciendo”.

Cuatro alumnas de sexto de primaria enfilan el camino a casa ajenas a las sentencias judiciales. Se detienen un momento y comentan que no les hace gracia que les cambien el idioma de las clases. “Queremos las clases en catalán”.