“Una solución sin viabilidad práctica”

La solución dada por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a las familias de esa comunidad que quieren que sus hijos estudien en castellano y que consiste en que la lengua del Estado no solo se utilice con el alumno que lo solicite, sino también con el resto de su clase, “carece de viabilidad práctica”. Lo dice el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (UPV), experto en lenguas oficiales y vocal del Consejo Asesor del Euskera del Gobierno vasco, Alberto López Basaguren (Basauri, 1957), que mantiene que “el resto de alumnos de esa clase, si reclaman permanecer en el sistema educativo íntegramente en catalán que venían utilizando, tienen todo el derecho a tenerlo”. “No se puede negar a nadie el derecho a aprender en catalán si un alumno quiere las clases en castellano”, insiste.

Pero al mismo tiempo, el catedrático es contrario al sistema de atención personalizada que, según el departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, se sigue en estos casos. “Es una barbaridad. Así se abre la vía a la discriminación del niño. Darle una ayuda especial en castellano porque así lo reclaman sus padres puede evidenciar ante el resto de compañeros que ese niño es especial, distinto”.

El problema de fondo, según Basaguren, es que “la determinación de la mayoría de las fuerzas políticas catalanas de emplear el catalán como única lengua en la enseñanza tiene difícil encaje en la Constitución”, aunque considera que en esa comunidad está aceptado socialmente su predominio en las aulas.

“El Tribunal Supremo no se atreve a poner en cuestión el sistema educativo catalán pero, al mismo tiempo, se encuentra con la necesidad de dar respuesta a derechos individuales”, los de los padres que quieren que sus hijos se escolaricen en castellano. “Es una situación de difícil salida que da lugar a soluciones peregrinas”, añade el catedrático. La solución, según este experto, estaría en la flexibilidad. “El sistema de inmersión lingüística está aceptado socialmente. Nadie quiere dos sistemas, uno en catalán y otro en castellano. Pero su rigidez se podría modular dependiendo de la zona de Cataluña en la que se encuentre el centro educativo, de su composición sociológica y de la presencia de una u otra lengua introduciendo algunas materias en castellano”.

Si la utilización exclusiva del catalán como lengua educativa le plantea dudas de constitucionalidad, a Basaguren, la razón que aducen las autoridades catalanas para no dividir a los estudiantes en función de la lengua que elijan, tampoco le agrada. “La justificación de no separar a los alumnos porque así se fragmentaría la sociedad catalana es incierta”, mantiene el profesor. “En Euskadi esa separación sí se da y no provoca fractura social. El resultado es que la inmensa mayoría de los alumnos quiere estudiar en euskera”.