La UE convoca una reunión para abordar el escándalo de la carne de caballo

La presidencia de turno de la UE, que actualmente ejerce Irlanda, ha convocado un encuentro informal mañana en Bruselas para abordar con el comisario de Salud y Política de Consumo, Tonio Borg, y "otros ministros relevantes de la UE" el escándalo de la carne de caballo sin etiquetar detectada en productos de vacuno comercializados en varios Estados miembros. De momento, a esta reunión solo han confirmado su asistencia representantes de los países más afectados: Francia, Reino Unido, Rumanía, Polonia y Luxemburgo, pero el problema será analizado también por todos los titulares de Agricultura de los Veintisiete en su próxima cumbre mensual.

El escándalo, que comenzó hace un mes cuando Reino Unido e Irlanda hallaron trazas de caballo en varias marcas de hamburguesas distribuidas en ambos países. Se extendió a España poco después con un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios que detectó ADN equino en dos marcas españolas, y alcanzó dimensión continental la semana pasada, cuando la empresa Findus anunció que retiraba sus lasañas de ternera en Reino Unido y Francia. El asunto se complicó ayer aún más porque el Gobierno francés apuntó a Rumanía como origen del fraude, acusación que provocó la irritación de las autoridades de este país y que ha tensado las relaciones bilaterales.

Según la investigación francesa, la carne de caballo llegó a este país desde Rumanía tras pasar por comerciantes en Chipre y Holanda antes de ser adquirida por una empresa del sur de Francia y elaborada por otra en Luxemburgo.

El ministro francés de Consumo, Benoît Hamon, ha avanzado esta mañana que va a proponer a sus socios europeos imponer obligaciones sobre la trazabilidad de la carne en las etiquetas de los platos preparados, las mismas que ahora rigen para los productos puramente cárnicos, con el objetivo de que se pueda seguir el rastro y conocer dónde se crió el animal, dónde se sacrificó y dónde se produjo la transformación. Una propuesta que, de entrada, ha parecido excesiva al portavoz comunitario de Sanidad, Frédéric Vincent. "Es un poco prematuro pensar en ampliar esta obligación a la industria en este momento porque el problema no parece ser de etiquetado, sino un posible fraude al que habría contribuido un etiquetado engañoso", ha dicho

Ayer Vincent descartó una intervención por parte de su departamento porque no se trata de un problema de seguridad alimentaria, sino de un fraude, por lo que son los Estados miembros los que deben actuar en estos casos. No obstante, dada la repercusión del problema, el comisario acudirá mañana a la reunión para ayudar a desentrañar su origen.