“¿Con 20 euros por hijo quieren justificar que me están ayudando?”

Carmen Cañavete y Paco Cubells son padres de dos hijos, ambos con discapacidad psíquica. Cuando Carmen tenía 29 años nació Paula, con síndrome de Down. Quince meses más tarde llegó Fran. Los dos son grandes dependientes y necesitan atención continua. A Paula, que en marzo cumple 16 años, le costó cinco años hablar. Fran, con casi 14, aún no lo hace. De ellos se ocupa su madre, que, como cuidadora no profesional, percibía 807 euros (480 por Paula, 327 por Fran) gracias a la Ley de Dependencia. Tras sucesivos recortes a esta prestación, el último ingreso que esta familia de Torrent (Valencia) ha recibido de la Generalitat ha sido de 40 euros. La ayuda se ha volatilizado en un 95% respecto a la suma original, cuando la ley entró en vigor.

Carmen está indignada. “Sientes rabia, impotencia… ¿Con 20 euros quieren justificar que me ayudan? Que no me paguen, y así no les daré el gusto de decir que me apoyan. Seguiré adelante sola”, explica.

La Generalitat ha comenzado a aplicar el acuerdo por el que se introduce (en realidad, se aumenta) el copago en la dependencia. Es una medida de ámbito estatal que las autonomías tienen que incorporar, para lo que tienen de plazo hasta junio. La Comunidad Valenciana se ha dado prisa y ya lo ha hecho. Ya ha metido la tijera en la última mensualidad que ha pagado, la de noviembre —lleva dos meses de retraso—. Otras seis autonomías siguen sus pasos, pero ninguna ha sido tan restrictiva como la valenciana, según fuentes del sector.

El copago llega después de otras dos mermas en las ayudas. La primera fue la retirada del pago de la cotización a la Seguridad Social (160 euros) que abonaba la Administración a los cuidadores de familiares y que desde enero deben pagar íntegramente los beneficiarios si así lo quieren. Si Carmen optara por seguir cotizando, tendría que poner 120 euros de su bolsillo. La segunda fue una rebaja del 15% en las ayudas, que se comenzó a aplicar en agosto. Este tercer tijeretazo, en teoría, se establece en función de la capacidad económica y del grado de dependencia de los beneficiarios.

Carmen no trabaja. Paco tiene un almacén de herrajes para muebles. “Mi marido es autónomo. Todo lo tenemos hipotecado y lo debemos. Mis hijos no tienen hermanos que les puedan ayudar en un futuro, lo único que puedo hacer por ellos es dejarles algo”.

Si a Carmen se le pregunta por el cambio que supuso la entrada en vigor de la ley, resopla, sonríe y suelta: “No te lo puedes ni imaginar”. Instantes después añade: “Por fin alguien comenzaba a valorar el trabajo que haces por tus hijos”.

Recuerda el apoyo que representó para hacer frente las actividades a las que acuden los chavales: fisioterapia o piscina para mejorar la movilidad de ambos; logopedia y clases de autonomía personal en el caso de Paula. “Nos hemos gastado muchísimo dinero con los chiquillos”, relata.

La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana ha convocado protestas para denunciar los “salvajes recortes” que se están produciendo. Hoy está previsto que se celebre la más concurrida en Valencia. Además, la entidad ha redactado modelos de recursos para que los afectados presenten sus quejas a la Administración. “Hemos observado numerosas irregularidades, se están aplicando copagos por encima de los valores fijados en la norma”, denuncia la abogada de la plataforma, Sandra Casas.

La Generalitat sostiene que la aportación se ha reducido a 20 euros “solo a un 7% de los beneficiarios”. En mayor o menor medida, los recortes afectan al 62% de los dependientes. En la Comunidad Valenciana hay 42.800 personas que perciben prestaciones de la Ley de Dependencia. 22.800 son ayudas para el cuidado de familiares como las de Carmen.