¿Quién expide el carné de comisario moral en bioética?

La reciente renovación del Comité de Bioética de España ha suscitado en la opinión pública una expectación muy superior a la que generó su creación hace cuatro años. Que un órgano colegiado que carece de funciones decisorias, y únicamente elabora informes no vinculantes, sea objeto de tanto interés antes aún de iniciar sus trabajos demuestra la madurez democrática de nuestro país, que considera que las cuestiones de bioética no sólo deben ser objeto de regulación jurídica sino también de pública reflexión. Por lo demás, es lógico que se expresen las opiniones más diversas acerca de su nueva composición, y que unos se alegren y otros se disgusten en función de la afinidad o discrepancia con los recién elegidos.

Ahora bien, me parece injusto para el Comité de Bioética de España y empobrecedor para la sociedad el empeño de algunos en etiquetar a los nuevos miembros como comisarios morales al servicio del gobierno.

Ciertamente es peligroso que en una sociedad florezcan los tipos que utilizan el poder para imponer su particular código moral a los demás. Pero en sociedades medianamente democráticas, como la nuestra, ese riesgo suele estar controlado. Puede, en cambio, llegar a ser más preocupante la actitud de quien, elevándose sobre el común de los mortales, se arroga la competencia para decir quién puede participar o no en órganos de deliberación bioética. Ese es, a mi entender, el verdadero comisario moral.

Resulta injusto descalificar a personas, en este caso los miembros del Comité de Bioética de España, por lo que se sospecha que van a hacer. Hay que dejarlas trabajar y juzgar con rigor los argumentos que propongan. Con demasiada frecuencia tendemos a ahorrarnos esta enojosa tarea. Preferimos limitarnos a aplaudir a quien llega a la misma conclusión que yo y escandalizarnos ante quien sostiene la contraria, sin valorar la consistencia de sus argumentos. Pero con esa actitud consagramos la lógica amigo-enemigo como norma de funcionamiento social y abdicamos de cualquier uso público de la razón.

Pero más allá de la injusticia que supone pretender excluir a quienes no piensan como uno, el expendedor de carnets de comisario moral ocasiona un perjuicio social. Porque, con su censura, trata de impedir la circulación de las opiniones que le parecen erróneas o peligrosas. Y eso empobrece la vida social porque, como decía John Stuart Mill: “si la opinión es verdadera se priva (a los ciudadanos) de la oportunidad de cambiar el error por la verdad; y si es errónea pierden lo que es un beneficio no menos importante: la más clara percepción y la impresión más viva de la verdad, producida por su colisión con el error”.

Vicente Bellver Capella es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universitat de València y miembro del Comité de Bioética de España