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Condena al diputado del PP Rubén Moreno por acoso laboral

Presionó a un investigador para que renunciara a los derechos de una patente

Los hechos sucedieron cuando dirigía el Centro de Investigación Príncipe Felipe

Rubén Moreno, diputado del PP y ex director del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia
Rubén Moreno, diputado del PP y ex director del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia

Goodpasture antigen-binding protein (GPBP). En torno a esta proteína, implicada en enfermedades renales y degenerativas, y a su aplicación comercial se ha desarrollado desde 2005 un conflicto en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) que ha acabado con la condena de su exdirector, Rubén Moreno, por acoso laboral contra el investigador que descubrió la molécula, Juan Saus.

Un juzgado de lo social de Valencia ha fallado que Moreno, ahora diputado nacional del PP, el exgerente del CIPF, Carlos Pérez Espuelas, y la institución deberán indemnizar solidariamente a Saus con 90.000 euros por el “sufrimiento personal” provocado que desembocó en un “trastorno depresivo muy intenso”. El motivo fueron las presiones a las que le sometieron para que renunciara a los derechos de propiedad intelectual sobre la proteína. La sentencia ha sido recurrida.

El origen del enfrentamiento está en el contrato firmado entre Saus y el CIPF en 1999 sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de los trabajos del científico. El acuerdo fijaba que quedarían en manos del investigador. Y que los eventuales beneficios se repartirían entre el centro (20%) el grupo de investigación (40%) y Saus (40%).

En 2005, el científico trasladó a Rubén Moreno, director del centro entre 2002 y 2011, que la empresa Fibrostatin, de la que es socio fundador, era la titular del uso de patentes relacionadas con la proteína. A partir de este momento, comenzó una ofensiva “durante, al menos, cinco años”, en la que el demandante sufrió “presiones de la empresa para que renunciara al acuerdo suscrito en 1999”, según el fallo. El CIPF pretendía que Saus se acogiera al régimen de derechos de la propiedad intelectual de sus compañeros —más restrictivo—, y los responsables del centro se excedieron en su propósito, como narra con detalle la juez. Se fue “minando la capacidad de trabajo del actor y su grupo de investigación”.

Es lo peor que me ha pasado

Juan Saus, investigador denunciante 

Se le cesó como miembro del comité científico del CIPF “sin argumento” que lo motivara y se le abrió un expediente disciplinario que culminó con una sanción. Incluso se presentó una querella contra él —que fue sobreseída— y se le incluyó en el expediente de regulación de empleo que se ejecutó en el centro en 2011, por el que fue despedido. “Es lo peor que me ha pasado en la vida”, rememora Saus a este diario.

Rubén Moreno sostiene que al investigador “no se le presionó”. El exdirector del CIPF destaca que el contrato de Saus era “una excepción”. Y que, al intentar cambiar las condiciones del acuerdo, se limitó a tratar de que los resultados de un investigador que “trabaja con fondos públicos, en un grupo y en un centro sostenido con fondos públicos, reviertan en el centro, como sucede en todos los institutos de investigación”.

Moreno fue el numero dos de Celia Villalobos durante su mandato en el Ministerio de Sanidad (2000-2002). Por entonces impidió al investigador Bernat Soria —que años más tarde sería ministro socialista— trabajar con células embrionarias humanas. Años más tarde, ya como director del CIPF, Rubén Moreno impulsó este tipo de avances, incluso sin contar con los permisos del Gobierno, entonces socialista, de Elena Salgado.