Lucha obrera desde el laboratorio
Un investigador del Príncipe Felipe presenta un trabajo sobre cáncer en la sede de UGT como protesta contra los despidos previstos en el centro
Puede parecer inverosímil que un trabajo científico se presente en la sede de un sindicato, como hizo ayer Rafael Pulido, del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia. Pero tampoco es muy normal la situación por la que atraviesa el CIPF, amenazado por un duro expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla el despido de 108 trabajadores (de 260) -provocado por la caída del 50% de la financiación de la Generalitat a estas instalaciones- y que amenaza con reducir notablemente la calidad de la producción científica del centro.
En su doble condición de jefe del laboratorio de biología molecular del cáncer del CIPF y de presidente del comité de empresa, Pulido hizo público en la sede de UGT de Valencia un trabajo publicado el martes en la revista Human Molecular Genetics, en el que se evalúan los efectos que puede tener en los pacientes la alteración de un gen que protege de la aparición de tumores.
El estudio analiza los efectos de una mutación vinculada a distintos tumores
Alarte pidió ayer elevar un 50% la financiación del centro
"Sé que el lugar idóneo para presentar este trabajo hubiera sido el Príncipe Felipe", comentó Pulido. "Pero la dirección del centro ha manifestado muy claramente que quiere prescindir de líneas de investigación de alta relevancia biomédica en la Comunidad Valenciana [entre las que se encuentra la que dirige este investigador]".
Por ello, en un acto cargado de simbolismo, Pulido eligió como escenario una sede sindical - "la empresa me ha dicho claramente que no quiere que haga investigación en el centro"- y llamar así la atención sobre un ERE que implica el cierre de 16 laboratorios, de 14 líneas de investigación y el despido de 108 trabajadores, según la propuesta de la dirección.
A la presentación del artículo, junto al trabajador del CIPF y parte de su equipo, asistió Víctor Cid, profesor titular del departamento de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, coautor de la investigación.
El trabajo aborda la actividad del gen PTEN, uno de los supresores tumorales que con mayor frecuencia suele estar alterado en cánceres cerebrales, melanoma, carcinomas de vejiga, pulmón y mama. Un supresor tumoral es una especie de vigilante que combate la proliferación celular irregular que da lugar a los procesos oncológicos. Si no funciona adecuadamente o está inactivo, perderá total o parcialmente su capacidad protectora. De ahí la importancia de conocer los mecanismos de actuación de estos genes.
En el caso del PTEN, por ejemplo, existen métodos para detectar sus mutaciones (puede haber hasta un centenar), mediante técnicas de diagnóstico genético. Pero no es tan fácil determinar qué manifestaciones clínicas tendrá cada una de estas mutaciones en el enfermo. Puede que la mutación afecte al gen hasta el punto de impedir que produzca la proteína que combate el cáncer. Puede que solo rebaje la capacidad de fabricar la proteína. O que la proteína producida funcione de forma incorrecta.
Cada mutación tendrá unas consecuencias funcionales distintas. Conocer sus efectos y sus características supone una información de gran relevancia para los médicos, ya que puede influir en la forma de tratar al paciente. Por ejemplo, de nada servirá potenciar mediante fármacos la actividad del gen y la producción de la proteína antitumoral si la proteína es defectuosa y no tiene capacidad oncosupresora.
A ello se han dedicado Pulido y Diaz en su trabajo. Han diseñado un método que aporta una información adicional al análisis genético y que sirve para poder aplicar, en un futuro, una terapia individualizada a cada paciente en función de las características de la alteración genética del PTEN que padezca. Y que se puede ver interrumpido si se desmantela el laboratorio de Biología Molecular del Cáncer del CIPF.
A la situación del centro Príncipe Felipe de Valencia se refirió también ayer el responsable de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, quien exigió al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que frene el expediente de regulación de empleo en curso. Alarte anunció que su grupo presentará una enmienda en los presupuestos para que las subvenciones al CIPF sean de 9,7 millones de euros anuales, tal y como eran en 2009, antes de caer un 50% hasta los 4,6 millones de 2011.
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