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La defensora del pueblo reclama que se garantice la atención a sin papeles

Becerril pide que se dé asistencia médica a todos los ciudadanos, también a inmigrantes irregulares

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha defendido ante el Senado que se garantice la asistencia sanitaria a todas las personas, incluidos los inmigrantes en situación irregular, tras conocer el auto del Tribunal Constitucional que permite al Ejecutivo autonómico del País Vasco seguir facilitando la tarjeta sanitaria a este colectivo.

"Vamos a estar muy atentos, queremos que se garantice la asistencia sanitaria a todas las personas, también a las que están en situación irregular", ha remarcado durante su comparecencia ante el Pleno del Senado para presentar el informe del Defensor del Pueblo relativo a 2011.

A raíz del decreto de recortes en materia sanitaria, los extranjeros en situación irregular no tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada gratuita –solo en casos urgentes, atención al parto y posparto—desde el mes de septiembre. Una regulación que algunas comunidades como País Vasco o Andalucía han recurrido al Tribunal Constitucional al entender que vulnera el derecho fundamental a la protección de la salud y choca con sus estatutos de autonomía.

Desde que entrara en vigor la reforma sanitaria –que incluía otras medidas como el aumento del copago farmacéutico, por el que los pensionistas además han empezado a pagar por primera vez por los fármacos— Euskadi, Andalucía o Cataluña se han rebelado contra la exclusión sanitaria y siguen dando atención a los sin papeles. País Vasco, además, hizo un decreto para garantizarla –que liberaba, además, a sus ciudadanos del aumento del copago—y poderles dar una nueva tarjeta sanitaria. El Gobierno recurrió al Constitucional el decreto vasco, y la justicia suspendió cautelarmente la medida. Una suspensión que levantó el lunes. La sentencia definitiva tendrá que esperar, pero de momento, País Vasco podrá dar una tarjeta sanitaria a los sin papeles empadronados allí.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, afirmó ayer que respetaba la resolución del Constitucional y la acataría. Aunque advirtió de que el documento que País Vasco entregue a los inmigrantes en situación irregular no será válido en el resto de España. “Seguimos pensando que el decreto [vasco] es inconstitucional”, insistió.

El alto tribunal aún no se ha pronunciado de la constitucionalidad de la medida vasca. Tampoco del decreto de la reforma sanitaria del Gobierno. Sin embargo, los argumentos que utiliza para restituir (aunque sea temporalmente) la medida vasca son de peso. Entiende que las razones –una de ellas hablaba del ahorro-- que esgrime el estado para negar la asistencia a los sin papeles choca con el derecho a la salud. La “conveniencia de evitar riesgos para el conjunto de la sociedad”, y la importancia de mantener el derecho a la salud y a la integridad física de las personas no pueden verse desvirtuadas “por la mera consideración de un eventual ahorro económico”, dice el constitucional en su resolución. Un ahorro, indican que además ni siquiera se ha concretado.

Coordinación e igualdad entre comunidades

Además de la exigencia de garantías de que se atienda a los inmigrantes irregulares, Becerril ha criticado la descoordinación de las autonomías en sanidad. “Vemos que hay una falta de coordinación entre algunas comunidades cuando algunas personas quieren desplazarse o tienen que desplazarse y reciben una asistencia sanitaria", ha dicho durante su comparecencia. Por eso, ha pedido al presidente del Senado que esta cámara propicie la coordinación en esta materia, sobre la que hay "multitud de quejas", ha afirmado, según informa Efe.

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