El Gobierno desoye el varapalo de la justicia a la exclusión sanitaria

El Gobierno y el PP hicieron ayer como si no fuera con ellos el varapalo propinado por el Tribunal Constitucional a la medida impulsada por el Ministerio de Sanidad de retirar la tarjeta a los inmigrantes en situación irregular y excluirlos de la atención normalizada en la red pública.

Fuentes del departamento que dirige Ana Manto indicaron a este diario que no se sienten “en absoluto” desautorizados por la resolución del alto tribunal, que levanta la suspensión del decreto vasco que ampara la atención a los sin papeles; y que la tarjeta que esta autonomía entregue a los inmigrantes no tendrá validez fuera de Euskadi.“Seguimos pensando que el decreto vasco es anticonstitucional”, manifestó la propia ministra. En todo caso, desde el departamento de Mato manifestaron que acatan y respetan el auto, y que  el pronunciamiento del Constitucional se limita al País Vasco.

El secretario de Sanidad del PP, Ignacio Echániz, fue quien más se extendió sobre la cuestión.“En ningún caso, supone una llamada de atención al Gobierno”, dijo en un acto en Toledo. “No entra en el fondo del asunto”, por lo que se mantendrá la exclusión, que limita la asistencia a los extranjeros sin papeles a las embarazadas, los menores y a los servicios de urgencias.

Echániz trató de confundir sobre las principales víctimas a las que está afectando la medida, vigente desde el mes de septiembre. Fue el entonces lehendakari Patxi López el que desarrolló un decreto para garantizar la asistencia integral a los inmigrantes en Euskadi. Y en un auto, el Constitucional ha tumbado, provisionalmente, la suspensión de la norma autonómica que decidió el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha impugnado el decreto vasco.

Echániz manifestó ayer que si el nuevo Gobierno de Íñigo Urkullu (PNV) quiere heredar de los socialistas vascos una “situación en la que la sanidad ponga las prótesis gratis a los alemanes, allá ellos, pero que no compliquen la vida al resto de los españoles”.

No son, sin embargo, los jubilados o turistas europeos los más afectados por el veto sanitario, sino los inmigrantes sin permiso de residencia, un colectivo en situación de grave vulnerabilidad social y económica.

El responsable de sanidad del PP también trató de dar la vuelta a los argumentos que plantea el Constitucional. La iniciativa —y las medidas de ahorro sanitarias en las que se enmarca— “ha sido extraordinariamente positiva para los españoles, para la sanidad, para la sostenibilidad y para su futuro”.

El auto aún no entra en cuestiones como el conflicto de competencias que plantea el Gobierno en su recurso —remite a la futura sentencia—. Pero sí es muy explícito en otros aspectos. Por ejemplo, al entender que no está claro que esta medida suponga un ahorro, como sostiene Echániz, y que sirva para controlar el déficit público.

En cualquier caso, aunque existiera un argumento económico, no sería un motivo válido. Tanto el derecho a la salud y a la integridad física de las personas afectadas como la conveniencia de evitar riesgos para la salud de la sociedad “poseen una importancia singular en el marco constitucional que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”, recoge el auto.

Esta es la principal tesis sobre la que el Constitucional se apoya para levantar la suspensión del decreto vasco. Y si finalmente se impone a otros condicionantes en la sentencia, supondrá un torpedo en la línea de flotación de las medidas de restricción sanitaria del Gobierno que marginan a los sin papeles.

Mientras los populares cerraron ayer filas en torno al polémico veto sanitario, juristas, médicos, ONG, entidades de inmigrantes y los partidos de la oposición reclamaron al Ejecutivo que devuelva a los sin papeles el derecho íntegro a la salud.

“El auto es un mensaje muy claro al Gobierno para que restituya la universalidad de la atención sanitaria”, trasladó a este diario Stefan Meyer, director adjunto de Médicos del Mundo. También Amnistía Internacional se congratuló. Es una “muy buena noticia”, indicó Marta Mendiola. “En época de crisis, los derechos humanos están siendo secuestrados por un debate económico, pero no son un logro de los tiempos de bonanza”, añadió.

Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria mostró su alegría por lo que supone de reconocimiento al derecho a la asistencia y hacia los médicos que se acogieron a la objeción de conciencia.

“Celebramos este auto y su sensibilidad”, añadió el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín.

A los motivos que expone el Constitucional, algunos juristas añaden otros que socavan aún más la solidez legal de la exclusión sanitaria. La norma puede chocar, advierte Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, con los estatutos de autonomía de comunidades como Andalucía, Cataluña, País Vasco o Aragón que recogen expresamente la universalidad de la atención sanitaria.

Además del País Vasco, hay otras tres autonomías que no aplican la restricción del acceso a la sanidad. Se trata de Asturias, Andalucía y Cataluña. En ninguno de estos tres casos, el Gobierno ha planteado ningún recurso, ya que no han desarrollado ningún decreto que colisione con la norma estatal. Las barreras al acceso a la sanidad se esquivan de facto (Andalucía) o mediante instrucciones administrativas (Cataluña y Asturias). “Actúan en el ámbito de sus competencias”, sostiene una portavoz del Ministerio de Sanidad.