Industria afirma que no cederá al “chantaje inaceptable” de Garoña

El Ministerio de Industria considera que la decisión de Endesa e Iberdrola de apagar la nuclear de Garoña y condicionar su prórroga a que el Gobierno les baje los impuestos es un “chantaje inaceptable”, según fuentes próximas al ministro, José Manuel Soria. Dichas fuentes añaden que no hay nada que negociar y que no habrá marcha atrás. No solo eso, sino que Industria ultima expedientes por falta grave al resto de nucleares por incumplir la ley que les obligaba a constituir una sociedad en cada planta para hacer más transparente la gestión.

El Gobierno no da muestras de ceder al órdago de las eléctricas con Garoña. Fuentes próximas al ministro de Industria señalan que los argumentos de las empresas no se sostienen. Garoña esgrime que ahora está en pérdidas y no puede soportar un impuesto cuando en 2010 las eléctricas reclamaron 1.000 millones en lucro cesante por el cierre anticipado de Zapatero. Según dichas fuentes, la prueba de que los números sí salen es que Endesa sí quería la prórroga y ha sido Iberdrola quien la ha bloqueado.

Las dos empresas son dueñas al 50% de la central, la más pequeña y antigua de España (abrió en 1971). En el Ejecutivo insisten en que no hay nada que negociar y que el jueves el Congreso solo hará un retoque técnico a la reforma energética, lo que puede sellar el futuro de Garoña. Las eléctricas han exigido que se cambie esa ley para evitar el pago de impuestos a partir de enero, que cifran en 153 millones al año. Eso se sumaría a los 120 millones en obras derivadas de Fukushima.

En Industria hay un gran malestar con las eléctricas, que “utilizan como rehenes” a los políticos locales. La Junta de Castilla y León, del PP, se ha destacado en pedir la prórroga y el sábado, la víspera de la desconexión, el presidente regional, Juan Vicente Herrera, pidió a Industria que reconsiderara las tasas.

La prueba de la tensión entre Industria y las eléctricas es el expediente por infracción grave que, según fuentes del sector, prepara el ministerio contra Almaraz, Trillo, Ascó, Vandellòs y Cofrentes por incumplir la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares, de mayo de 2011.

Esa norma les daba un año para convertir cada nuclear en una empresa, para mejorar la transparencia y la asunción de responsabilidades. No puende ser, como hasta ahora, agrupaciones de interés empresarial, que diluye la responsabilidad.

El secretario general de Energía de Extremadura, Juan José Cardesa, anunció ayer en el Parlamento regional que la situación “a todos los efectos constituye una infracción grave” de la Ley de Energía Nuclear. Y desveló que el expediente del ministerio a Almaraz está pendiente de “la emisión de la resolución”: “Se espera que se expida en los próximos días” y la cuantía de la sanción “está por determinar por parte del ministro”. La multa por falta grave va desde 300.000 euros a nueve millones. El resto de nucleares está en la misma situación, según fuentes del sector.

Industria cambió la ley después de que en la fuga de partículas de Ascó, Endesa e Ibedrola se traspasaran la responsabilidad. Además, al tener una empresa por central pagarían impuestos en el sitio, una reivindicación histórica de Extremadura, que apenas recauda por Almaraz.

Pero las eléctricas no han cumplido la norma. No se han puesto de acuerdo en el reparto de los activos, especialmente por la nuclear de Trillo (Guadalajara). Allí, Iberdrola es la mayoritaria y Gas Natural, con 45 años de experiencia como explotador nuclear, podría quedar sin controlar ninguna planta.

Un portavoz de Gas Natural recuerda que “los porcentajes de propiedad en las centrales vienen dados por intercambios de activos propiciados por los Gobiernos de diferentes épocas para evitar que una empresa tuviera un control excesivo de la potencia nuclear” y que lo que pretende es “evitar que una empresa aumente su peso en esta tecnología a costa de las demás, lo que generaría distorsiones a la competencia”.

Iberdrola asegura que el seis de noviembre constituyó una filial de generación nuclear donde irán sus activos nucleares en línea con lo que marca la ley.