Wert blinda la enseñanza en castellano

Las comunidades gobernadas por el PP calificaron de tibia hace poco más de un mes la reforma educativa que inicialmente presentó el ministro José Ignacio Wert, así que este ha dado perfecto acuse de recibo con el nuevo borrador que presentará mañana a las autonomías. Este gira hacia los postulados escolares más ideológicamente definitorios de su partido: hace guiños de apoyo a la enseñanza concertada, recupera la asignatura alternativa a la de Religión confesional (petición permanente de los obispos) y abre la posibilidad de aumentar más los contenidos mínimos que fija el Gobierno central.

Además, obliga a las comunidades con lengua cooficial a garantizar "en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas". Si no lo hacen, dice el nuevo borrador de la reforma escolar, al que ha tenido acceso este periódico, deberán ofrecer a los padres la posibilidad de “escoger la lengua vehicular” y, si no hay oferta de la que los padres quieren en la escuela pública o en la concertada de su localidad, los Gobiernos autonómicos deberán “sufragar los gastos de escolarización” en “centros privados”.

Es decir, la norma admite que una comunidad dé “un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano”. Pero, si lo hace, debe ofrecer las alternativas arriba mencionadas, aunque en ningún caso establece concreción alguna sobre los elásticos términos de “proporciones equilibradas” o “proporción razonable”.

Rigau critica  que las lenguas cooficiales sean relegadas como “especialidad” a un lugar “residual”

Sin nombrarla, esta normativa apunta directamente a Cataluña, cuya escuela tiene como lengua vehicular el catalán y sobre cuyo modelo pesan varias sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que, en los últimos tiempos, han instado a la Generalitat a asegurar que el castellano sea también lengua vehicular. En el resto de autonomías con idioma cooficial, la política de distintos modelos entre los que los padres elegían se está abriendo paso con fuerza desde hace algunos años el modelo del multilingüismo, con horas repartidas entre los idiomas cooficiales y otros extranjeros.

Desde Cataluña, la consejera de Educación en funciones, Irene Rigau, ha calificado la reforma de “ofensiva contra el catalán”. "Es el mayor ataque al catalán desde 1978”, ha asegurado, apesadumbrada, en una comparecencia ante los medios de comunicación. La consejera ha criticado especialmente que las lenguas cooficiales pasen a tener la clasificación de “especialidad”, cosa que relega el catalán a un lugar “residual”, informa Ivanna Vallespín. 

La nueva normativa que impulsa el Gobierno, según Rigau, también “rompe el modelo de escuela catalana”, por lo que ha rechazado el hecho de que las administraciones deban costear la escolarización en castellano en colegios privados. “A lo mejor se piensan [el Gobierno] que todos los colegios privados dan clases en castellano”, ha ironizado la consejera en funciones, quien ha dejado entrever la idea de que ello fomentará la segregación de los estudiantes. “Nosotros hemos optado siempre por no separar nunca los alumnos por razón de lengua, esto ha sido la fortaleza de nuestro sistema”, ha remachado.

El Gobierno fijará más contenidos de las asignaturas troncales; desde Lengua a Historia

Rigau también ha afeado al Gobierno del PP que tuviera esta propuesta “escondida” hasta después de las elecciones catalanas del pasado 25 de noviembre. La consejera ha asegurado que no conocían las intenciones del ministro Wert hasta este lunes a mediodía, cuando han recibido el texto de la normativa que se debatirá este martes en el marco de la Conferencia de Educación.

Así, lejos de enterrar el hacha de una polémica que ha ido creciendo en los últimos meses —Wert llegó a hablar de "españolizar" a los alumnos catalanes— esta parece que se va a recrudecer. Porque tampoco se cierra la brecha que abrió el conflicto: la propuesta inicial del ministerio decía que el Gobierno central iba a fijar más contenidos mínimos comunes, restándoles margen a las comunidades. Con el avance del nuevo borrador que dio la semana pasada la secretaria de Estado de educación, Montserrat Gomendio, parecía que Educación había buscado la manera de dar marcha atrás. Sin embargo, no son las materias instrumentales las que fijará el Estado —como dijo Gomendio, dejando las demás en manos de comunidades y de centros—, sino las troncales, es decir, buena parte de ellas, la mayoría en primaria: son Lengua, lengua extranjera, Matemáticas, Ciencias, Sociales, Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Economía y Latín en varios cursos….

Para todas estas materias, el proyecto solo dice que corresponde a la “Administración General del Estado” determinar “los contenidos y el horario mínimo”, con lo cual, en la práctica, ese contenido y ese horario puede ser mucho mayor del que se hablaba hasta ahora en el texto inicial que pasó por el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre: el Ejecutivo central pasaría a fijar el 65% de los contenidos en las comunidades con lengua cooficial y el 75% en el resto (con la ley actual es el 55% y el 65%, respectivamente).

Los alumnos de  FP básica podrán presentarse a la reválida de la ESO y, si la aprueban, lograr el título de secundaria

En el resto de materias (Religión, Educación física, Plástica, Filosofía en algunos cursos, entre otras) las autonomías y los centros tendrán mucha flexibilidad para fijar contenidos y horarios, pero el Gobierno central se reserva fijar los “estándares de evaluación” y de “adquisición de competencias” de troncales y específicas, es decir, prácticamente todas, así como la redacción de las reválidas en ESO y bachillerato. En estas, los alumnos se examinarán de todas las materias troncales y de una específica. La calificación será de 0 a 10, y se aprueba con un 5. En la evaluación final de primaria (que no es reválida porque no depende de ella pasar a la ESO), los alumnos tendrán que demostrar sus  competencias en lengua, matemáticas, ciencia y tecnología; en este caso, "el resultado de la evaluación se expresará en niveles: bajo, intermedio y alto". 

Las materias troncales deberán ocupar, dice el texto, al menos la mitad del horario, lo que, según fuentes de la Consejería de Educación vasca, es una frase vacía, pues en cualquier curso ocupan mucho más y nadie se ha planteado cambiarlo. En cuanto a la educación infantil, la FP y la enseñanza de idiomas se mantienen los porcentajes de atribuciones que existen ahora: entre el 55% y el 65% los fija el Gobierno central.

Fuentes del ministerio aseguraron hoy a Efe que los cambios intentan “conseguir una reforma con el mayor consenso posible” y atender las peticiones de la comunidad educativa en general, de los centros y de las comunidades, que han criticado la reforma porque, aseguran, atenta contra la igualdad de oportunidades al adelantar los itinerarios hacia la FP y el bachillerato y con reválidas al final de la ESO y de bachillerato.

El Ejecutivo mantiene la idea hacer públicos los resultados de los centros

Sin embargo, los cambios parecen haber escuchado únicamente —o, al menos, sobre todo— a las peticiones hechas desde el seno del PP y las comunidades gobernadas por este partido. Así, desaparece del proyecto la asignatura de Educación Cívica y Constitucional, la nueva Educación para la Ciudadanía sin contenidos polémicos que prometió Wert. Sin embargo, se recupera la idea que reclamaron los obispos durante la negociación en 2005 y 2006 de la actual ley (LOE): una asignatura evaluable sobre valores alternativa a la enseñanza confesional, igual que antes los padres podían elegir entre Religión o Ética para sus hijos. La nueva materia se llama Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Los obispos siempre han querido un alternativa dura que incremente el número de alumnos que eligen Religión, cuya nota no cuenta para hacer media, pero sí para repetir curso o no.

Asimismo, se han introducido guiños a la escuela concertada (privada subvencionada), una petición que los populares enuncian como apoyo a la libertad de elección de centros. Así, se prolonga el periodo la renovar lo concierto (de un máximo de cuatro años se pasa a un mínimo de seis) y se dice que las Administraciones, cuando hagan la programación de oferta de plazas, tendrán también en cuenta "la demanda social", es decir, que si hay padres que prefieran llevar a sus hijos a la concertada en vez de la pública. El PP propuso, durante la negociación del frustrado pacto de Estado por la educación en la pasada legislatura, blindar por ley los conciertos, es decir, que si un centro privado con suficiente demanda pide la subvención y cumple los requisitos mínimos, la comunidad esté obligada a concederla. Además, elimina al representante municipal obligatorio en los consejos escolares de los colegios concertados.

En el capítulo de concesiones —mínimas o casi imperceptibles según varias fuentes del PSOE— está que los alumnos del nuevo ciclo de FP básica podrán presentarse a la reválida de la ESO y, si la aprueban, obtener el título de secundaria. Esta vía alternativa para los chavales que, con 15 años, no tengan muchas posibilidades de sacarse la ESO, les da los rudimentos de un oficio y un título profesional que concede el Ministerio de Trabajo. En el proyecto inicial esta vía no daba la posibilidad de obtener la ESO, a diferencia de sus predecesores, los Programas de Cualificación Profesional. Estos, además, según la Ley de Economía Sostenible, en una parte que no ha entrado en vigor, esos programas daban también acceso directo a la FP de grado medio; ya no lo harán.

Además, se ha eliminado el punto de la ley que permitía "reordenar" los recursos humanos de tal manera que abría la puerta a posibles movimientos de profesores de un tipo de asignaturas a otras, transferencias de primaria a secundaria o FP e incluso de escuelas oficiales de idiomas a institutos.Al principoio, este punto hablaba incluso de "traslados forzosos".

El ministerio mantiene sus apuestas por las pruebas externas al final de la educación de todas las etapas que en la ESO y el bachillerato serán reválidas (si no se aprueba, no se pasa al siguiente) curso. La del bachillerato sustituye a la Selectividad. Además, se mantiene la idea hacer públicos los resultados de los centros, a pesar de las peticiones contrarias de las consejerías socialistas y de distintos colectivos educativos.