Los científicos italianos se rebelan contra la sentencia de L’Aquila

“No podemos trabajar tranquilos”, espeta Luciano Maiani, físico de 61 años. Hasta el lunes presidía la Comisión de Grandes Riesgos, un comité de científicos que se convoca en situaciones de peligro natural para asesorar al primer ministro. Maiani dimitió después de que el juez Marco Billi condenase a seis años de cárcel a siete de los antiguos integrantes de la sección sísmica de dicho organismo. Los mismos que, tras una rápida reunión, tranquilizaron a la población de L’Aquila asustada por los continuos temblores. Eso fue la semana anterior al terremoto que el 6 de abril de 2009 causó la muerte de 309 personas. “Este fallo que demuestra que estamos expuestos a presiones”, argumenta Maiani. Tras los pasos de su presidente, la mayoría de los científicos de la Comisión dio un paso atrás para apearse del organismo.

Las dimisiones masivas —que seguramente el primer ministro italiano Mario Monti rechace— representan la consecuencia inmediata de un veredicto que buena parte de la comunidad científica, de la prensa y de la política italianas e internacionales han calificado casi como una intimidación destinada a cerrarle la boca a la ciencia. Incluso hubo quien echó mano de la Santa Inquisición y de Galileo Galilei para comentar el asunto.

“¿Un proceso contra la ciencia? No. La condena fue pronunciada por homicidio culposo [la culpa define un delito cometido sin intención, por omisión de diligencia], con referencia al hecho de que la comisión dio informaciones inexactas, incompletas y contradictorias sobre la peligrosidad de la situación”, reflexiona el prestigioso jurista Stefano Rodotà en el diario La Repubblica.

El juez tiene un plazo de 90 días para hacer públicos los argumentos de la sentencia, pero su fallo parece avalar la tesis de los magistrados que vieron causalidad entre las declaraciones finales del comité y la actitud de algunos ciudadanos frente a las sacudidas que se repetían. La fiscal enumeró algunos ejemplos durante el juicio.

Tras la sacudida de las once de la noche del 5 de abril, Daniela Visione habló con su madre por teléfono. Contó que tenía miedo, pero que no saldría de casa “porque en la televisión habían dicho que no había peligro”. Daniela murió bajo los escombros abrazada a sus dos hijos, Davide y Matteo. Pocos días antes, al final de la reunión, el vicedirector de la Protección Civil italiana Bernardo de Bernardinis (funcionario, no técnico) había declarado a una televisión: “Es bueno que la tierra descargue energía. Claro que podemos bebernos un vino Montepulciano”.

“Los imputados no fueron condenados porque no supieron prever algo que es imprevisible. Sino porque excluyeron el riesgo, bajando el nivel de alerta de los ciudadanos”, resume Antonio Valentini, abogado de una veintena de familiares, parte civil en el juicio.

Los investigadores reclaman garantías para ejercer como asesores públicos

El lunes pasado, los parientes de las víctimas llenaban la sala. “Su actitud demuestra que no se trataba de un proceso montado por rabia, con la ciencia como chivo expiatorio por el dolor sufrido”, explica Barbara Bolognese, de la televisión local Abruzo24ore. Tras la lectura de la condena, no hubo aplauso; solo lágrimas silenciosas.

“Si el núcleo de la acusación se refiere a lo que se contó a los ciudadanos, ¿por qué condenaron a la misma pena a quien hizo declaraciones falsas y a quien se quedó callado?”, se pregunta Nicola Nosengo, catedrático de Comunicación Científica y colaborador de Nature. Y añade: “Este es el punto débil de la sentencia, que irritó a la comunidad científica que pide que se distingan los papeles: los científicos analizan los datos y luego alguien debe comunicarlos bien”. Está de acuerdo Stefano Gresta, presidente del Instituto de Geofísica y Vulcanología que contesta desde la montaña del Pollino, en el sur de Italia, sacudida por un terremoto en la madrugada del viernes: “Tenemos que fijar reglas claras: ¿dónde acaba la responsabilidad de un asesor científico?”.

La Protección Civil denuncia un riesgo de “parálisis” porque los técnicos se sienten amenazados. “Van a evitar frases simplonas, no concordadas”, contraataca Valentini. “Se portaron de forma rigurosa en Emilia”. Tras los terremotos del 20 y 29 de mayo en el noroeste, la Comisión preparó un estudio para la Presidencia del Consejo, que elaboró un comunicado y lo colgó en su página web: “Considerada la imprevisibilidad de los terremotos no se pueden excluir eventos sísmicos de intensidad igual a los registrados”, se lee. Los alcaldes de los pueblos afectados estuvieron a un paso de denunciar la Comisión por procurada alarma. “¿Ve? Estamos entre la espada y la pared”, considera Maiani. “No tenemos seguro ni tutela legal. No vamos a retirar las dimisiones hasta que termine este desamparo”.