La póliza de Mato no cubrirá los medicamentos de los sin papeles

La vía abierta ideada por el Ministerio de Sanidad para permitir que los inmigrantes en situación irregular, previo pago de una póliza, puedan acceder de nuevo a la red pública sin que se les facture la atención consiste en una cobertura de segunda categoría. La oferta se limita a la cartera básica de servicios, lo que deja fuera el transporte sanitario o las prótesis externas (sillas de ruedas, corsés). Pero también cualquier tipo de ayuda en la compra de medicamentos: quienes se acojan a esta opción deberán pagar el 100% de su coste.

Esta puerta de atrás es la fórmula que el Gobierno pretende ofrecer para que puedan volver a ser atendidos todos aquellos inmigrantes sin papeles que, desde este mes, han perdido el derecho a contar con su tarjeta sanitaria debido a la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de abril. Uno de los aspectos más relevantes de esta medida es la restricción al acceso de la sanidad a los extranjeros sin permiso de residencia (excepto las urgencias, el parto y la atención pediátrica). El nombre de esta repesca a la baja es Convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan condición de aseguradas ni beneficiarias del sistema nacional de salud, y está previsto que su último borrador, al que ha accedido este diario, se apruebe en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reunirá el próximo miércoles 3 de octubre.

El mecanismo descrito en este documento es similar al de un seguro sanitario privado. Mediante el pago de una póliza de 710 euros anuales para las personas hasta 64 años (59,2 mensuales) y 1.864,8 euros a partir de los 65 años (155,4 al mes) se reconoce el acceso a “las prestaciones de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud”. El Ministerio define este paquete básico de la atención sanitaria como todas aquellas actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que tienen lugar en los centros sanitarios y sociosanitarios; además del transporte sanitario urgente.

Ello supone que, a pesar de abonar las cuotas mensuales, las personas que se acojan a esta posibilidad deberán pagar el coste íntegro de los servicios incluidos en la cartera suplementaria y de los servicios accesorios sanitarios. A la primera categoría pertenecen las prestaciones farmacéuticas extrahospitalarias, así como las prótesis externas, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente. En todos estos casos, Sanidad ha revisado el copago (como es el caso de los medicamentos) o tiene pendiente hacerlo. Nada de ello afectará a los inmigrantes que suscriban el convenio ya que no se les concederá ningún tipo de subvención. Ni siquiera la menor, que comporta asumir el 60% del precio. Lo mismo sucederá con los servicios accesorios: rehabilitación, psicoterapia y todos aquellos que se prestan para mejorar una enfemedad crónica.

Para acogerse al convenio se requerirá al usuario no tener la condición de asegurado ni beneficiario del Sistema Nacional de Salud, así como estar inscrito en el padrón de algún municipio español un año antes de la fecha de solicitud.

Esta solución restrictiva formulada por el Ministerio de Sanidad llega mientras la mayor parte de las autonomías gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Castilla y León) están facturando o se disponen a facturar cada acto sanitario que presten a los inmigrantes en situación irregular. La póliza sería la única forma de evitar recibir una reclamación de cobro por cada acto sanitario en la red pública. Sin embargo, no parece una medida a la altura de la capacidad adquisitiva de la población a la que se dirige. La mayoría de los inmigrantes sin papeles apenas cuentan con ingresos (si tuvieran un contrato podrían acceder a un permiso de residencia, regularizarse y acceder a la tarjeta sanitaria). Por ello, a Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, le parece “una barbaridad” solicitar estos más de 700 euros anuales (como mínimo).

Basora recuerda que la primera intención de Sanidad fue contar con ellos y las organizaciones no gubernamentales para encargarles la asistencia sanitaria a la población excluida por las medidas del Gobierno. Aquella especie de Cáritas sanitaria, a la que se negaron tanto médicos como ONG, ha acabado siendo un modelo de sanidad descafeínada. Y eso para los que puedan pagar.