Hacer las maletas no es fácil ni siquiera en crisis

España vuelve a ser un país de gente que hace las maletas y deja atrás su casa para buscar trabajo. El ciudadano español, tradicionalmente apegado a una ciudad por los lazos familiares y por la consabida hipoteca, se ve cada vez más abocado a tener que cambiar de residencia para dar continuidad a su vida laboral. Un proceso en el que se encuentra con pocos apoyos por parte de las empresas o las Administraciones públicas y con un buen número de escollos a veces insospechados.

Hay empresas que se hacen cargo del traslado a otra ciudad de un empleado que ya tenía en plantilla o que acaba de ser contratado. Le ayudan a buscar casa, a buscar colegio para sus hijos o a organizar la mudanza. Pero, por lo general, solo en el caso de altos cargos, y en los últimos años, cada vez menos. Para el empleado común un traslado supone una verdadera yincana burocrática y organizativa.

Siete de cada diez españoles que
buscan empleo aceptarían mudarse

A las cuestiones habituales (por ejemplo, qué hacer con la vivienda en la ciudad de origen si se carga con una hipoteca) se suman algunas trabas administrativas que premian la permanencia durante mucho tiempo en un mismo territorio. El Ayuntamiento de Mijas (Málaga), por ejemplo, anunció que iba a cambiar la normativa para acceder a una vivienda de protección oficial. Según los baremos que han publicado en la página web del municipio, un mijeño con más de cinco años empadronado tendrá ocho de los 10 puntos necesarios para formar parte del sorteo. Aquellos que solo lleven un año sumarán dos puntos. Y no es, ni mucho menos, un caso único. El nuevo reglamento de Bilbao para alquiler de viviendas municipales exige tres años de empadronamiento, lo que además el PP considera “insuficiente”. Son diversos los beneficios que pasan por llevar cierto tiempo empadronado: desde becas a la posibilidad de celebrar una boda civil en una zona concreta del Ayuntamiento o de optar a un examen para un puesto de trabajo.

Una mudanza que implique cambiar de comunidad autónoma es además sinónimo de papeleo adicional. No solo hay que empadronarse en el nuevo municipio, sino que es preciso tramitar una nueva tarjeta sanitaria (para la cual los requisitos son diferentes en distintas comunidades) y estar atentos a que algunos impuestos o ayudas que también son diferentes. Lourdes Lázaro ha pasado por todo esto en varias ocasiones: “Se supone que muchas cosas las puedes hacer por Internet, pero al final, te obligan a desplazarte”, se lamenta. Vivía en Madrid, se fue a estudiar un máster a Londres. De ahí pasó a Málaga, a Madrid otra vez y finalmente encontró trabajo en un organismo internacional de medioambiente en Málaga el pasado enero, ciudad en la que adquirió una vivienda. “Pero para el coche opté por alquilar una plaza de garaje. Intenté lograr el permiso de aparcamiento en el barrio. Me empadroné, hice papeles. Y entonces me dijeron que debía cambiar la matriculación del coche, que estaba en Madrid. Fui dos veces a la comisaría. Y al final me rendí. Porque no podía estar perdiendo horas de trabajo”, explica. Tampoco ha sido capaz de tramitar su nueva tarjeta sanitaria. “Cuando vivía en Madrid ya fue un engorro conseguirla. Y al llegar aquí no me servía. Sé que tengo que pedirla por si me pasa algo grave, pero lo voy retrasando porque para la atención primaria tengo seguro privado”, reconoce.

La elevada tasa
de vivienda en
propiedad frena los cambios de ciudad

La pareja de Lourdes no ha dejado Madrid, porque su trabajo está allí. Vive entre la capital y Málaga. Tres días laborables en Madrid. Dos días más en Málaga teletrabajando. En medio, muchos billetes de AVE. “Es cuestión de organizarse. Los compra con dos meses de antelación, y así consigue las mejores ofertas”, señala. Él tenía una buena situación laboral a la que no quería renunciar. Ella tampoco podía estar de brazos cruzados. Así que lo tienen todo medido al milímetro y, de momento, les funciona bien. “¿Me mudaría otra vez? Depende del motivo. Si la oportunidad laboral fuera inmejorable, a lo mejor sí, pero tendría que pensármelo mucho”, señala.

El reto de mudarse por razones laborales sube varios grados cuando se incluyen factores como tener hijos que han de cambiar de colegio o que habitualmente estaban al cuidado de sus abuelos. El reto se convierte en hazaña cuando se trata de trasladarse a un país nuevo, con otro idioma, otras leyes, otra fiscalidad y otro sistema educativo.

El mayor lastre a la movilidad laboral en España sigue siendo, pese a todo, la preferencia por la compra de vivienda frente al alquiler. Un informe del Banco de España elaborado por Cristina Barceló en el año 2007 analizó la vinculación en Europa entre niveles de propiedad de la vivienda y movilidad laboral. A mayores tasas de propiedad, menor movimiento geográfico de los ciudadanos para la búsqueda de empleo. La tasa de movilidad entre regiones en Alemania en 2001 era del 1,23% y el porcentaje de vivienda en propiedad era del 43%. En España la tasa de movilidad era entonces del 0,56% mientras que la de vivienda superaba el 83%.

Mediante un modelo de hipótesis, Barceló vinculó la probabilidad de que un desempleado acepte un trabajo fuera del mercado de trabajo local. Si tiene casa en propiedad, las probabilidades se desploman. El estudio terminaba animando a las Administraciones públicas a emprender medidas de apoyo al alquiler. “Pueden derivarse beneficios notables para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y, en particular, para facilitar el encuentro entre la demanda de trabajadores y la oferta disponible en las diversas regiones”, aconsejaba.

¿Tiene ahora el alquiler estímulos públicos? No demasiados. Aunque algunos han mejorado en los últimos meses (los contratos de alquiler pueden cancelarse avisando al propietario con antelación), otros han desaparecido. El Gobierno ya no permite nuevos beneficiarios para la renta básica de emancipación y la deducción por arrendamientos está limitada a los sueldos menores.

¿Se fomenta al menos la movilidad entre los parados? Depende. El Gobierno desató una gran polémica tras publicar en el BOE la letra pequeña de sus recortes de julio. El ambiguo documento señalaba que “la salida al extranjero, por cualquier motivo o duración, interrumpe la inscripción como demandante de empleo a estos efectos. En los supuestos en que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un periodo de 12 meses ininterrumpido desde la nueva inscripción”. Muchos ciudadanos se quejaron de la medida a través de las redes sociales. Ante el revuelo, el Ministerio de Empleo aclaró que los parados sí pueden viajar para buscar empleo. Tienen que avisar a la oficina de empleo en la que estén inscritos y su prestación seguirá llegando, siempre que no estén fuera más de tres meses y que se registren como demandantes de empleo en el país de llegada. Pero los responsables de trabajo reconocieron que existe un veto: los que hayan solicitado la renta mínima de inserción (los 426 euros básicos que reciben quienes no tienen otras ayudas y su colocación es complicada) no pueden poner un pie fuera de España si quieren aspirar a la ayuda, para lo que deben estar 12 meses como demandantes.

Para optar a viviendas
de VPO hay que llevar años empadronado

Pese a las trabas, cada vez son más los españoles que aceptan cambiar de ciudad. 40.625 españoles han salido rumbo al extranjero en el primer semestre de este año, un 44,2% más que en la primera mitad del año pasado. Entre 2010 y 2011 las migraciones de españoles entre provincias hicieron que Madrid registrara 12.077 ciudadanos más. Cádiz, Jaen, Pontevedra o Hueca, en cambio, vieron marchar a otras provincias a muchos más españoles de los que recibieron. Empresarios, organismos internacionales y políticos llevaban años quejándose de la falta de movilidad laboral que demostraban los ciudadanos españoles.

“La necesidad ha impulsado la movilidad. No hay duda. No hay demasiadas oportunidades, y la gente acepta alternativas. Si hay que cambiar de ciudad, la preferencia es a otra comunidad de España. Pero si no sale nada, cada vez más trabajadores aceptan viajar a otras partes del mundo. Antes esto se veía poco”, asegura Josep Ollonarte, director de Randstad Professionals en Barcelona. Según un estudio elaborado por esta empresa de búsqueda de empleo, “siete de cada diez españoles se encuentran actualmente dispuestos a cambiar de ciudad para encontrar un trabajo”. En los dos últimos años, señala el estudio, esta tendencia ha aumentado en siete puntos porcentuales y el 83% de los encuestados señala que lo que les ha hecho tomar la decisión de mudarse han sido motivos económicos. De entre los que están dispuestos a viajar para trabajar, el 52% preferiría hacerlo dentro de España. Algo más del 20%, a países de la Unión Europea. Los hombres (72%) son más proclives que las mujeres (66%) a la movilidad laboral. “A la hora de cambiar de ciudad en España, Madrid y Barcelona siguen siendo los principales focos de atracción. Pero también hay movilidad notable hacia Sevilla, Valencia o Bilbao”, dice Ollonarte. “No se trata de que la gente haga las maletas y se vaya sin más. Lo normal es mirar primero cómo está el mercado, preguntar a conocidos... Y estar dispuesto a trasladarse a hacer las entrevistas de trabajo”, recomienda.

No hay muchas oportunidades. Los parados aceptan alternativas”

Raquel Izurzu, de 25 años, cambió Pamplona por Madrid en mayo. Pero en julio ya pensaba en volver a hacer las maletas. “Acabé la carrera y me fui a Madrid para hacer unas prácticas de tres meses. No eran remuneradas, pero no las podía rechazar”, justifica esta arquitecta. Esas prácticas se acabaron. “Mi idea era quedarme en Madrid, y no me apasiona el plan de irme al otro lado del mundo. Pero aquí no hay trabajo para mí. Así que me iré”, explica. Ha tanteado el mercado laboral de Londres y de algunos puntos de China. “Pero al final creo que me decido por Perú. He hablado con amigos arquitectos que están allí y les va bien”, apunta. No será la primera de sus amigos que haga las maletas para trabajar. “Todos están fuera. Toda mi promoción de arquitectura ha volado. Aquí mi futuro es una mierda, hablando mal y claro”, resume con acidez. “Cuando te vas sabes que te enfrentas a la posibilidad de no volver. Es duro. Pero hoy en día, prefiero renunciar a mi tierra que a mi carrera laboral”, valora. A ella, el resto no le pesa. “No tengo ni casa, ni hijos, ni coche ni nada. Solo tengo que hacer una maleta”, zanja.

Para los trabajadores en activo el Gobierno sí ha puesto en marcha una medida de estímulo a las mudanzas: tienen que estar dispuestos a moverse por ley en el caso de que su empresa no encuentre otra solución a sus problemas económicos. Por obra y gracia de la reforma laboral. Los trabajadores que en esos casos no quieran mudarse, por ejemplo, de Madrid a Sevilla, se deberán conformar con despido con menor indemnización. ¿Habrá encontrado el Gobierno cómo despertar la motivación definitiva para llenar los camiones de mudanza?