El Gobierno asume el cierre de Garoña en 2013

El Gobierno se resigna al cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) en julio de 2013. Tras un intenso debate, el Consejo de Ministros asumió ayer que el incumplimiento por parte de las eléctricas del plazo legal para solicitar la prórroga convierte en irreversible el cese de las operaciones en la instalación abierta en 1971. La fecha de cierre será, por tanto, la que fijó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que el PP de Mariano Rajoy había apostado por prolongar las operaciones hasta 2019. En 2009, Mariano Rajoy había visitado Garoña para afirmar solemnemente que su Gobierno no cerraría la nuclear. Ni en los peores momentos tras Fukushima el PP torció su apuesta atómica, que comenzaba en FAES.

Fuentes gubernamentales confirmaron que el Ejecutivo acepta que este es el fin del procedimiento. “En el Gobierno no ha cambiado nada, ha cambiado en las compañías”, declaró la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. “En esto el Gobierno no tiene que llevar la iniciativa. La empresa ha cambiado de opinión y tendrá que explicarlo, al menos a sus accionistas. Esa parte ha decidido que ya no le interesa continuar”. Nuclenor, la concesionaria de la central, propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, no quiso comentar estas palabras. La empresa se remite al comunicado en el que, a medianoche del miércoles, comunicó su renuncia, que atribuyó a la “incertidumbre regulatoria”.

El debate sobre Garoña acaparó buena parte de las casi tres horas del Consejo. El día anterior, durante el acto con empresarios alemanes, Rajoy le pidió explicaciones a Soria por el giro inesperado del caso. El PP, tanto en la oposición como en el Gobierno, en Castilla y León y en Madrid, se había mojado por la nuclear y ahora se quedaba descolocado. Tras vender durante años que mantendría el empleo, la tecnología, la seguridad de suministro y la independencia energética, Endesa e Iberdrola se desmarcaban y no pedían la prórroga. Estas esgrimían que, como la reforma energética no está cerrada, no saben cuánto tendrán que pagar en impuestos, aunque los cálculos internos hablan de que entraría en pérdidas.

Con la decisión política apuntada en el Consejo de Ministros y comunicada indirectamente por la vicepresidenta, se impuso la tesis del ministro Soria, muy molesto con las eléctricas. Otras fuentes del Gobierno interpretan que las eléctricas están manteniendo un pulso con el Ejecutivo precisamente ahora que está a punto de aprobar la reforma energética, que ha retrasado ya en varias ocasiones, entre otras cosas, por disputas entre Soria y Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda. La batalla con las eléctricas, un lobby muy influyente, se está convirtiendo en uno de los quebraderos de cabeza internos más importantes para Rajoy.

Soria informó al Gabinete de que el agotamiento del plazo no dejaba más opción que aceptar el cierre de la central, pues su ampliación es inviable legalmente. Fuentes del sector afirman que Soria tuvo a principios de semana una tensa reunión con las dos empresas en la que desconfió de los números que presentan y puso en duda que Garoña se fuese a pérdidas con el impuesto que plantea —y que reclama Bruselas—.

El 'lobby' eléctrico cree que todavía se puede negociar con el Gobierno

También el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) considera que analizar el expediente en menos tiempo que los nueve meses que quedan comprometería la seguridad. El CSN da por clausurada Garoña tras el “cierre patronal” y en el pleno del próximo miércoles tiene previsto estudiar el caso y previsiblemente pedirle a la nuclear que comunique su cierre. Con su decisión de no pedir la prórroga, las eléctricas han dejado a Garoña fuera de la ley. Si no querían continuar con la operación deberían haber comunicado inmediatamente el cierre, según marca el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. Nuclenor sabía que la respuesta del CSN sería negativa porque ya lo preguntó en agosto y la contestación fue que analizar el expediente con tan poco tiempo pondría en riesgo la seguridad.

Para el Ejecutivo, acceder a la petición —más bien órdago— de las eléctricas de alargar el plazo suponía aceptar públicamente sus reivindicaciones. Pero, además, tenía que retorcer la normativa y esperar que el CSN tragara. Este organismo, sin embargo, es de los pocos que no está controlado por los populares y en él, además, mandan mucho los técnicos. El pleno está compuesto por cinco consejeros (dos a propuesta del PP, dos del PSOE y uno de CiU), y las pocas veces que no hay unanimidad la división no suele ser por partidos. En 2009, los cinco consejeros apoyaron la prórroga de 10 años para Garoña, aunque sabían que el Gobierno del PSOE quería cerrarla. Lo curioso es que el sector eléctrico —más acostumbrado a las negociaciones— aún sigue confiando en que hay forma de encontrar un camino que acepte el CSN. El sector nuclear, en cambio, está ya convencido de que Garoña está liquidada.

Santamaría intentó ayer desmarcar al Ejecutivo de la prórroga, como si hubiese sido una petición de la central. Sin embargo, formalmente, Nuclenor nunca pidió alargar la vida. No podía hacerlo porque la orden ministerial del PSOE de 2009 se lo impedía. Así que fue el PP, nada más llegar al poder, el que comenzó la modificación legislativa para que Garoña pudiese seguir abierta.

Quizá por eso el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, tachó de “irresponsabilidad” y de “incomprensible" la decisión de Nuclenor. Antes del Consejo de Ministros, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, apostó por encontrar “una solución de sentido común” que permitiera a la nuclear seguir abierta.