Sin papeles ni médico

Con los 700 euros mensuales que gana, Yaosca hace maravillas. Tiene 25 años y desde hace dos meses no solo se mantiene a sí misma, sino que además a las dos chicas con las que comparte piso en Atocha. Gómez trabaja cuidando a una mujer mayor, a pesar de que no tiene sus papeles al día.

Hace cuatro años dejó su Nicaragua natal porque los ingresos que allí percibía no le alcanzaban para financiar sus estudios de Administración. Decidió viajar a España con la idea de tener una mejor situación que le permitiera apuntarse a algún curso, cosa que con suerte ha podido realizar un par de veces y siempre de forma esporádica.

Desde que llegó al país, Yaosca está afectada por una alergia al polvo que la ha convertido en asidua a la Fundación Jiménez Díaz. Para mejorar su salud, debe tomar dos medicamentos, fexofenadina y ebastina, por la mañana y por la noche. Además, se somete continuamente a controles médicos.

Eso hasta ahora, porque asegura que una vez que pierda la tarjeta de Sanidad, el 31 de agosto próximo, su tratamiento quedará en ascuas. Yaosca sostiene que no le preocupa mayormente su alergia, pero sí lw angustia saber qué podría pasar con ella en caso de contraer una enfermedad más compleja. "¿Y si me enfermo de algo más grave? Creo que no podría hacerme ningún tratamiento", se lamenta.

La joven afirma que estaría dispuesta a pagar los 59,2 euros mensuales del convenio especial, si no fuese porque actualmente debe mantener a otras dos personas. Solo en el alquiler de su piso gasta unos 300 euros y los 400 restantes los distribuye entre sus amigas. "En este momento, simplemente no puedo pagar por la Sanidad", asevera.

“Hasta los animales tienen más derechos que nosotros”, lanza de entrada Socorro, una mujer nicaragüense de 35 años que ha vivido los últimos dos de forma irregular en Madrid.

Desde hace unos meses se ha visto afectada por una anemia ferropénica que le provoca cansancio, desvanecimientos y la inflamación de sus pies. Para tratarse, acude semanalmente a la Fundación Jiménez Díaz, donde han evaluado su caso. "El médico que me trata me ha dicho que me tendrán que hacer transfusiones de sangre si es que los medicamentos no dan resultados", cuenta.

A Socorro el tiempo le juega muy en contra. Para cuando sepa si debe o no realizarse tales transfusiones su tarjeta de Sanidad no tendrá ninguna utilidad, ya que las prestaciones sanitarias para extranjeros sin papeles solamente se extenderán hasta el 31 de agosto.

Por su condición económica, Socorro solo ve incertidumbre. “Como no puedo pagar, me quedaré sin tratamiento y no podré hacerme lo que me hace falta”, asegura. La centroamericana se encuentra actualmente sin empleo y a duras penas puede pagar los entre 12 y 16 euros que cuestan sus medicamentos. En realidad quien financia ese gasto actualmente es su amiga Yaosca, con quien vive en Atocha.

Socorro está cansada y eso no solo se debe a su anemia. Dice que durante los últimos meses se ha sentido humillada por su condición de inmigrante ilegal y que dejó su trabajo por los malos tratos que recibía por parte de la persona a la que cuidaba. El pago de 710 euros para tener acceso a la Sanidad pública es, para ella, la gota que colma el vaso y por esto reacciona con indignación ante la sola idea de tener que desembolsar anualmente esa suma. "Te humillan, te desprecian y te hacen a un lado. Eso hacen", sostiene.

Su apremiante situación le ha hecho plantearse la posibilidad de regresar a Nicaragua, aunque no quiere hacerlo. Ella viajó a España con la idea de poder enviar mensualmente remesas a sus tres hijos, a quienes mantiene desde que su marido la abandonó. Últimamente no ha podido mandar dinero y es difícil que lo haga en los próximos meses. Menos aún si es que ahora se suma un nuevo gasto: el sanitario.

"Sin papeles no podemos trabajar. Entonces, ¿Cómo quieren que pague 710 euros por la tarjeta sanitaria?", se pregunta con desesperación Claude (nombre ficticio), después de leer en el periódico que, de aprobarse los planes del Gobierno, no podrá continuar con su tratamiento contra la hepatitis B y D, una enfermedad infecciosa del hígado, que puede provocar cirrosis y cáncer. "Nos están invitando a irnos", interpreta Nicolás (otro nombre ficticio, también por miedo), igualmente infectado con el virus de la hepatitis B y D. "¿Irnos adónde? Nos están sacrificando; nos están dejando morir", le corrige Claude, enfadado.

El tratamiento para la enfermedad que comparten consiste en una inyección que una vez al mes les ponen en un hospital madrileño. “El médico no me ha dicho nada todavía de todo esto”, explica Nicolás, antes de mostrar preocupación por su salud. “El tratamiento no habrá servido para nada si deja de ser gratis”, concluye. En paro, los dos cameruneses viven en un modesto alojamiento que les ofrece una ONG madrileña. Reconocen que no saben el coste del tratamiento, pero, sea cual fuere, no podrían afrontarlo.

A ambos les diagnosticaron la enfermedad en 2010, un año después de haber compartido estancia en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Melilla, en el que entraron días después de haber cruzado la valla de seis metros que separa la ciudad autónoma de Marruecos. Luego llegaron a la capital española, donde repitieron experiencia en el CIE de Madrid. "Los médicos dicen que no saben cuándo pudimos coger el virus", afirma Nicolás. "En el hospital solo saben que tengo la hepatitis, pero no saben de dónde viene ni cuánto tiempo lleva dentro de mí", explica Claude, que insiste en la imposibilidad de tener un empleo por su situación irregular en España. "Sin derecho a trabajar, ¿Cómo vamos a pagar?", insiste. "El Gobierno debería responder a esta pregunta", concluye.

"Tengo cita el 27 de agosto para 'el pinchazo'", dice Mamadou, que visitará a su médico para que le ponga la inyección para controlar la hepatitis B que le diagnosticaron hace seis meses. Si la reforma le impide continuar con su tratamiento, gratuito hasta ahora, no sabe qué será de él. "Cueste lo que cueste, no tengo nada para pagar", asegura.

“Mi tarjeta sanitaria caducó en julio y no podré renovarla. Aunque ya me habían dicho que nos iban a quitar la sanidad a los sin papeles”, dice con resignación. “Pero el doctor me conoce bien y no me ha dicho nada”, explica confiado. Mamadou desconoce el nombre del tratamiento y su coste.

Este senegalés de 23 años llegó a España con tan solo 17 años y gracias a su condición de menor pudo regularizarse. Fue internado en un centro de menores ubicado en Armenteros, un pueblo de Salamanca. Cuatro años después, sin trabajo, no pudo renovarlos. “Perdí los papeles porque no tenía trabajo", dice. “Creo que si las cosas siguen así, con estos recortes, el país acabará en guerra civil”, asegura.

“Todo el mundo tiene derecho a ir al médico”, dice con aplomo John (nombre ficticio), un nigeriano de 27 años, que lleva una semana sufriendo problemas estomacales, con vómitos y diarrea. Llegó en 2010 y su castellano aún es pobre, por lo que explica en inglés que después de tres visitas al médico no sabe si le harán pruebas. La enfermedad le preocupa y al mediodía no ha comido nada desde el día anterior.

El joven nigeriano, que, sin trabajo, vive en un centro de acogida en Madrid, se muestra muy sorprendido por el recorte del Gobierno. “Me vio un médico en Melilla, nada más llegar a España”, recuerda dos años después. “Pensé que siempre sería así, que era lo normal en este país”.

El panorama sanitario que se le presenta a un sin papeles nigeriano que tardó cuatro años en pisar Europa pronto le evoca su odisea africana. “En Marruecos nadie te daba nada. Vivir era sobrevivir”, explica, mientras agarra la cruz cristiana que le cuelga del cuello.