Más de 2.700 extranjeros con VIH quedarán sin medicación por los recortes

El 1 de septiembre está marcado en rojo en el calendario de muchas personas, inmigrantes en situación irregular que ese día dejarán de tener asistencia sanitaria en España (salvo las urgencias), según el real decreto ley del 24 de abril. Y dentro de este grupo, hay un colectivo especialmente vulnerable: las personas con VIH, que no tendrán acceso a la medicación. El Grupo de Estudio del SIDA (Gesida) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), que agrupa a los médicos expertos que ven a más pacientes en España, calcula que son entre 2.700 y 4.600 personas, para las que la medida es, en la práctica, una condena a muerte. No es una exageración: el aumento de la mortalidad es la primera de las consecuencias que Gesida prevé.

Pero no solo. “Más allá de consideraciones éticas, los expertos de Gesida han querido advertir al Ministerio de Sanidad del ingente perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española supondría dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, del empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la infección por VIH: aumento de la mortalidad de los individuos infectados, incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas —como tuberculosis— a la población general; y mayor probabilidad de transmisión maternofetal del VIH. Todo lo anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes de la atención sanitaria”, afirman en un comunicado.

En concreto, teniendo en cuenta que según se deja la medicación el virus empieza a multiplicarse, las personas pasan a ser más infectivas. Los expertos calculan que habrá en un año entre 324  y 580 casos más en un año.

Esto quiere decir que los ahorros previstos no se van a alcanzar ni de lejos. “En el capítulo de ahorros al sistema, a medio y largo plazo lo que vamos a obtener es un incremento de los costes de atención. Pero es que ni siquiera a corto plazo el ahorro se va a parecer en nada al que ha estimado el Gobierno (en una horquilla entre 12,2 y 21.8 millones). Con previsiones muy a la baja, los costes directos que supondrá el decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias supondrán de entrada dividir por dos ese ahorro conseguido con la denegación del tratamiento”. A ello hay que sumar los costes “que se derivarán del tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho a asistencia sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles asociadas al VIH que se transmitirán como consecuencia de la falta de diagnóstico y tratamiento de los pacientes fuente”.

Para los médicos, la opción mencionada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, de que las ONG asuman el tratamiento de estas personas no es viable, ya que el manejo de esta compleja infección debe hacerse en hospitales. Por eso “recomienda al Ministerio que evite la exclusión de los inmigrantes ilegales afectados por VIH de la atención pública sanitaria”