“Van a la criminalización del aborto”

El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que revisará el supuesto que permite interrumpir un embarazo por anomalías del feto ha levantado un tremendo revuelo. Las organizaciones de mujeres, Izquierda Unida y el PSOE consideran esa intención, que recoge hoy una entrevista con La Razón, un ataque contra los derechos. Mientras, las organizaciones antiabortistas, que reclaman directamente que se prohíba la interrupción del embarazo, califican el anuncio de “progreso histórico”.

Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Sanidad, ve el argumento del ministro de Justicia “inconcebible”. “Es un camino hacia la locura que aleja a España de todos los países occidentales, y que en el marco internacional no situaría al lado de países fundamentalistas”, afirma. “El Gobierno va directamente hacia la criminalización de la interrupción del embarazo y con esto está atacando supuestos médicos y clínicos que nadie ha puesto en duda prácticamente en ninguna democracia”, añade.

Llamazares cree que la medida --"fundamentada en el desconocimiento"-- puede generar una marea de recursos. "El siguiente paso es eliminar el consejo genético –las pruebas, entre ellas la amniocentesis, que se realizan para determinar si es un embarazo de riesgo y que la mujer pueda decidir-- y que la gente vaya a ciegas", alerta.

También la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha criticado la intención del titular de Justicia. Para ella, esta decisión, que se suma a la de reformar la ley del aborto para volver a un sistema de supuestos donde la mujer precise –como hasta 2010—del permiso de un médico para abortar, retrotrae otras épocas. "Estamos ante la amenaza de una penalización total que nos retrotrae a muchos años antes, a la clandestinidad, a la total inseguridad sanitaria y jurídica de las mujeres y de los y las profesionales", ha declarado a Europa Press. Causapié cree que Ruiz-Gallardón, con esta medida, busca el aplauso utraconservador”, pero que lo que está consiguiendo es “atacar a las mujeres”.

Un argumento que comparte Isabel Serrano, ginecóloga y portavoz de la plataforma Decidir nos hace libres --que agrupa a 220 asociaciones--, que considera que el ministro de Justicia se está plegando hacia las peticiones de los grupos antiabortistas y antielección. “La decisión puede provocar problemas muy graves a las mujeres. Ningún país se plantea algo así”, dice alarmada.

"El siguiente paso es eliminar el consejo genético", dice Llamazares

“Está llegando al nivel de plantear que la mujer no puede y no es capaz de decidir sobre qué hacer ante una malformación grave. No puede decir además que tomará estas medidas desde la ética, porque lo que está es totalmente condicionado por su ideología”, subraya esta experta.

La secretaria de Igualdad del PSOE cree que la medida implica la "total inseguridad sanitaria y jurídica de las mujeres y de los y las profesionales"

Mientras, organizaciones contrarias al aborto, como Derecho a Vivir, se muestran satisfechas con las declaraciones del ministro de Justicia. “Es un progreso histórico”, opina Gador Joya, portavoz médico de Derecho a Vivir. “Es el momento de proteger la vida del hijo aunque tenga alguna discapacidad. Esperamos que esta abolición del aborto eugenésico incluya todo tipo de malformación o enfermedad. si se siguen dando pasos en este sentido se irá por el buen camino”, dice Joya que cree que el Gobierno debería abolir también el supuesto que permite a la mujer abortar (actualmente hasta la semana 22) si su salud corre riesgo.“

Derecho a Vivir cree que el Gobierno "va por el buen camino". Esperan que la reforma del aborto se haga cuanto antes

La portavoz de Derecho a Vivir cree que la reforma de la ley del aborto, que Gallardón prevé para otoño, debería hacerse ya. “Siempre nos parece tarde que se dejen pasar meses con todas las vidas que se están cobrando”, añade.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hecho público un comunicado en el que dice que el aborto eugenésico, por razón de discapacidad, es contrario a los derechos humanos. “Parte de la premisa de que la vida de las personas con discapacidad es menos valiosa que la del resto”, dicen. La ley de salud sexual y reproductiva, de 2010, habla sin embargo de “graves anomalías” –supuesto permitido hasta la semana 22 y solo con el dictamen de dos médicos—y de “anomalías incompatibles con la vida” –por encima de ese plazo y solo si el diagnóstico es aprobado por un comité clínico designado por las autoridades.

La secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular, Sandra Moneo, salió al paso de las críticas con un comunicado en el que asegura que la medida que propone Justicia va hacia "la defensa de los más débiles es una ampliación de derechos". "Una sociedad más justa y solidaria es la que dedica el máximo de sus esfuerzos a proteger los derechos de los más débiles, y en este caso, el más débil es el no nacido y, dentro de ellos, los que puedan presentar alguna minusvalía o discapacidad", ha afirmado.