El Gobierno resta otros 200 millones de euros a la dependencia
El Ejecutivo reduce un 13% la financiación básica de la ley Las cotizaciones de las cuidadoras quedarán suspendidas el 31 de agosto
![Carmen Morán Breña](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F62d31e9f-9943-4d92-997c-a15aa4a35bf9.png?auth=8424e1fb56009e0c1a0500325c8d01c9aba1ec2b74a4d4518db4efbcae00ece7&width=100&height=100&smart=true)
Todavía quedaba por tocar alguna partida de Dependencia y el Gobierno lo ha hecho. El llamado nivel mínimo, dinero que se da a las comunidades por cada dependiente atendiendo a su gravedad, se verá reducido de forma inmediata en un 13%. Esto supone un golpe económico para las comunidades autónomas porque ellas deben seguir atendiendo a estas personas, pero ahora lo harán con menos recursos. El Ejecutivo ya eliminó en los Presupuestos Generales de Estado una partida de 283 millones que recibían las comunidades para la atención de los dependientes. Ahora reduce esta otra, que constituye la financiación básica de la ley. Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado publicado hoy, donde se incluyen las últimas medidas para reducir gastos o aumentar ingresos. Este recorte ha sido una sorpresa para las comunidades autónomas.
Este “ahorro” en el gasto de la Administración General de Estado, alrededor de 195 millones de euros, se equipara en el BOE al que experimentarán las comunidades autónomas al bajar las cuantías que se pagan a las cuidadoras de los dependientes. Por ese concepto se ahorrarían otros 280 millones, en cifras redondas, siempre que las comunidades se conformen con bajar el 15% establecido, porque tienen permitido reducir más la paga de las cuidadoras.
“Estas medidas suponen la derogación de la Ley de Dependencia, se recortan todos los derechos y garantías, son un ahorro solo para el Estado, traerán más paro y menos recaudación”, ha criticado Luis Barriga, miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Este recorte en el nivel mínimo ha caído como una bomba en las comunidades autónomas, que no fueron informadas en su reunión con la ministra de Sanidad, Ana Mato, el martes pasado. “Ha sido una sorpresa en la forma y en el contenido. La ley recoge que se debe informar al Consejo Territorial y no ha sido así”, se queja la consejera de Familia de Castilla y León, Milagros Marcos. “Las comunidades estamos obligadas a mantener los derechos de los ciudadanos y ahora, con esto, tendremos al menos que garantizar lo esencial, pero nos veremos obligadas a tomar medidas aún más drásticas que las del propio Gobierno”. En Castilla y León, gobernada por el PP, reducirán más del 15% establecido la paga a los cuidadores familiares para dedicar ese dinero a la concesión de servicios profesionales, siguiendo un modelo que en esa comunidad ha dado resultados eficientes. Pero no es fácil cambiar prestaciones económicas, más baratas, por servicios en un contexto de graves recortes. “Esta ley nunca estuvo bien financiada, en este asunto llueve sobre mojado”, critica Marcos.
Andalucía recibió la noticia con "indignación". "Lo han hecho sin informarnos, entonces ¿para qué nos reunimos todos el martes pasado? Esto supone, de facto, hacer insostenible la ley. Si quieren eliminarla que lo digan, pero no vendan que lo están haciendo por su sostenibilidad. Se ha incrementado lo que pondrá el usuario y lo que tienen que aportar las comunidades, el ahorro es solo para el Estado", explicaron fuentes de la Consejería de Sanidad de la región. "Nos dicen que podemos hacer políticas complementarias, pero no nos dejan endeudarnos y nos quitan la financiación", añadieron.
Leída la letra pequeña, el decreto deja claro que las cotizaciones a la Seguridad Social que el Gobierno venía pagando a aquellos familiares que cuidaban a un dependiente en casa se suspenderán el 31 de agosto. A partir de esa fecha, con una bonificación del 10%, el cuidador deberá hacerse cargo del 94% del total de la cuota. Y del 100% si quiere seguir cotizando en 2013.
Las comunidades podrán ahora tomarse un plazo de dos años hasta que el dependiente reciba su ayuda sin que eso genere atrasos que pagar en todo ese periodo. Pero, además, tendrán ocho años para ir abonando a los beneficiarios la deuda contraída por la demora en la concesión de la ayuda más allá del tiempo permitido.
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