Valencia prolonga la atención sanitaria a los ‘sin papeles’

La Generalitat valenciana ha encontrado una fórmula para seguir prestando asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes en situación irregular. Distribuirá una tarjeta sanitaria nueva “con carácter excepcional y transitorio”, como describe un documento que se ha repartido en los centros de salud y hospitales, para garantizar la cobertura a los extranjeros sin papeles.

Entre los recortes aprobados por el Ministerio de Sanidad en abril, además del nuevo copago o del medicamentazo, se contempla restringir la atención a los extranjeros sin papeles. Todos aquellos sin residencia legal en España —unos 150.000; 30.000 en la Comunidad Valenciana— perderán el derecho a tener tarjeta sanitaria a partir de septiembre. Solo tendrán atención de urgencia, la asistencia al embarazo, al parto y los cuidados pediátricos.

Autonomías como Cataluña, el País Vasco y Andalucía han hecho pública su oposición a esta decisión en repetidas ocasiones y han anunciado su intención de incumplirla. La Generalitat catalana fue de las primeras en anunciar que se regaba a dejar a los inmigrantes en situación irregular sin acceso a la sanidad pública. “En Cataluña garantizaremos la salud pública y la atención primaria a todos los inmigrantes, es ineludible”, explicó en mayo la secretaria del departamento de Salud, Roser Fernández. También la entonces consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, indicó que nadie con un problema de salud se quedaría sin asistencia.

En el caso de la Comunidad Valenciana —gobernada por el PP, a diferencia de las anteriores—, fuentes de la Consejería de Sanidad sostienen que las medidas adoptadas para seguir atendiendo a los extranjeros en situación irregular no contravienen las directrices del Gobierno, ya que se trata de un recurso temporal amparado en la normativa autonómica.

Lo mismo considera un portavoz del Ministerio de Sanidad, que indica que las comunidades autónomas pueden establecer fórmulas para atender a los sin papeles. “Si tienen recursos para hacerlo, es cosa suya”, añade.

Los inmigrantes sin permiso de residencia ya no podrán acceder a la tarjeta sanitaria que tenían hasta ahora. Pero a medida que vayan caducando estos documentos, la Generalitat les concederá otro distinto. El Gobierno valenciano ha creado para ellos una nueva modalidad de aseguramiento, una tarjeta denominada SCS3 Personas sin recursos-CV, que se concederá “hasta que el real decreto [del ministerio] desarrolle la posibilidad de creación de convenios especiales en determinadas situaciones de necesidad”, según recoge el escrito distribuido entre los centros sanitarios.

Los “convenios especiales” a los que alude el documento hacen referencia a la solución planteada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, hace meses. Entonces indicó que la atención a los inmigrantes en situación irregular se prestaría a través de “convenios con ONG”. Añadió que aquellos infectados con VIH o enfermos de cáncer tendrían asistencia sanitaria cubierta “a través de acuerdos entre las comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población”. De momento, no hay novedades respecto a esta solución, indican desde el ministerio.

Mientras tanto, la Administración valenciana ha establecido sus propios cauces para no dejar desatendidos a los extranjeros en situación irregular. Para ello, ha recurrido a una norma de ámbito autonómico, la Ley de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Público de la Comunidad Valenciana, vigente desde 2008, que permite esta acreditación transitoria “por causas de salud pública, situaciones de riesgo o exclusión social, o análogas circunstancias”.

Con ello se pretende seguir cubriendo las necesidades sociosanitarias —incluidos los fármacos— de estas personas “que no pueden acceder al reconocimiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social”. Para ser beneficiario de esta nueva tarjeta, la consejería exige estar empadronado. La asistencia solo es válida en el ámbito de la Comunidad Valenciana durante seis meses, aunque es renovable por otros seis.

Las nuevas directrices de la Generalitat (“Instrucciones provisionales en materia de aseguramiento tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012”) también contemplan medidas para combatir el denominado turismo sanitario.