Los expertos temen una regresión a la “beneficencia municipal”

La última amenaza en materia social la ven los expertos en la reforma que se ultima sobre la Ley de Bases del Régimen Local, que anima a los Ayuntamientos a privatizar aquellos servicios obligatorios que sean deficitarios o a eliminarlos si se prestaban de forma voluntaria y no son rentables. A la espera de que el borrador que ya se conoce se perfile en detalle, los gerentes de servicios sociales advirtieron ayer que puede suponer la privatización de residencias geriátricas gestionadas por los Ayuntamientos o “lastimar de forma definitiva otros servicios sociales”. “Nos tememos una regresión a la beneficencia municipal, que ya ha empezado con el brutal hachazo que recibió el Plan Concertado en los presupuestos estatales”, dijo José Manuel Ramírez, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en referencia a la partida que el Gobierno destina a los Ayuntamientos desde los años ochenta para gasto social.

Este asunto lo sacó a colación el diputado de IU Gaspar Llamazares: “Se está arrebatando a los Ayuntamientos todas sus partidas sociales, es un asalto, la desprotección de los ciudadanos está servida. El precio de ser europeos no puede ser este desmantelamiento social”, alertó. Llamazares intervino en el Debate sobre el Estado Social de la Nación, unas jornadas organizadas por la Asociación de Gerentes dado que el Gobierno no ha querido programar el debate que corresponde al Parlamento. Por eso, en las jornadas que continúan hoy, intervienen políticos de diversos partidos -el PP no ha querido asistir-, así como expertos, sindicatos, presidentes de las plataformas en defensa de la dependencia, responsables del Consejo de Trabajadores Sociales y organizaciones que trabajan en este sector.

Todos saludaron la iniciativa porque se trata, aseguraron, de un debate que está en la calle, en el bar, en las escuelas. “Solo faltaba en el Parlamento, ahí es donde debería estar”, señaló el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez.

En estas jornadas se ha alertado de las cifras que arroja España en materia social: la tasa de riesgo de pobreza, en un 26,7%; uno de cada cinco ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza; un 7,7% de los hogares han tenido retrasos para pagar facturas de servicios básicos (agua, luz, alquiler); el paro, que supera los cinco millones de personas; los desahucios; el número de personas que percibe una renta mínima de inserción se ha doblado en cinco años y ya son más de 200.000 (con datos de 2010). “Y el hambre, que ya es una realidad, afecta a cientos de miles de niños, y encima están retirando las partidas para comedores escolares; esto ya atañe a la dignidad. Hay que señalar con nombre y apellido a quien hace esto”, afirmó Gustavo García Herrero, miembro de la Asociación y director del Albergue municipal de Zaragoza.

Se trata, añadió García Herrero, de cambiar la “injusta” política fiscal y redistributiva española, donde el 44% de los ingresos del Estado provienen del IRPF y más del 83% de ellos son rentas del trabajo. Los expertos en servicios sociales exigen más gravamen para el capital y la recuperación o implantación de impuestos sobre las rentas más altas.

“Esto es pánico, cuando no se tiene para dar de comer a los hijos o te están echando de casa, y no lo de los mercados”, apuntaron los expertos. La diputada socialista de la Asamblea de Madrid y antigua ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, propuso, citando una idea de la Red contra la Pobreza (AEPN), que “en cada medida política que se plantee o se ponga en marcha se añada un informe sobre su impacto en la pobreza, como en su día se hizo, a instancias del feminismo, con los informes sobre el impacto de género”.

La situación de miles de familias planeó en todas las intervenciones y se alabó la red familiar que aún sostiene la cohesión y la paz social. “Es casi incomprensible que no haya conatos de violencia en las calles o más mendicidad. Es la red familiar la que está sosteniendo esto, pero las familias están al borde. He visto a jubilados pasar necesidades porque están ayudando con su pensión a los hijos, lo veo cada día. El 40% de los pensionistas sostiene a algún hijo en paro. Esta generación de jubilados depositó su esperanza en los hijos, que por primera vez tenían un buen piso, una carrera universitaria, un coche, y ahora los ven venir derrotados de nuevo a casa”, explicó García Herrero. “Si se rompe la red familiar esto va a estallar y está al borde de sus posibilidades”, advirtieron. Y recordaron que España está todavía lejos del gasto social que se destina como media en Europa.

La Dependencia, cuya reforma se discutirá hoy entre los consejeros del ramo y el Gobierno, no faltó en el debate. “No estaremos de acuerdo en que se abra ese melón -dijo Llamazares- porque el PP y algunos partidos nacionalistas tienen hilo directo con sectores que están por la privatización de estos servicios y ya estamos bastante cerca de un Estado asistencial, en lugar de un Estado de derechos ciudadanos”, advirtió. “Las medidas que se están tomando para reformarla no servirán más que para hacerla insostenible, porque se le han hurtado partidas millonarias. Después dirán que no es viable y se producirá un desmantelamiento de la ley”, alertó Ramírez.

Sobre ello se pronunció también la socialista Rosa Aguilar, portavoz de Asuntos Sociales del PSOE en el Congreso: “Estamos ante una voladura calculada del Estado social y de la Ley de Dependencia, es un golpe de timón para cambiar el modelo social con la excusa de la crisis. No es casual que se estén reformando también las competencias que tienen los Ayuntamientos sobre servicios sociales. Las grandes empresas del ladrillo ya tiene puestos sus ojos en el sector social donde ven un importante nicho de negocio”, criticó. Para Aguilar, este cambio de modelo ya se está notando en la “persecución a los cuidadores familiares de dependientes y en la insistencia de introducir esa especie de cheque geriátrico que no dejará elegir a los ciudadanos, sino que ellos serán los elegidos en un modelo dual donde habrá gente con derechos y gente sin ellos”.

Alberto Reyero, diputado madrileño por UPyD y muy vinculado al sector social, defendió también una ley de dependencia y unos servicios sociales públicos en su acceso e inspección, pero subrayó la necesaria colaboración para la provisión de estos servicios con la iniciativa privada.