Mato dice que 200.000 activos adquieren fármacos con tarjetas de pensionistas

Unos 200.000 trabajadores, según la ministra de Sanidad, Ana Mato, pueden estar obteniendo los fármacos de manera gratuita por estar adscritos irregularmente a la cartilla sanitaria de un familiar pensionista. El fraude —que permitía a estos asociados en activo beneficiarse de las condiciones de gratuidad del titular de la cartilla— se ha detectado con el cruce de datos entre Sanidad, Seguridad Social, las mutualidades y las comunidades autónomas llevado a cabo para poner en marcha el nuevo baremo de copago farmacéutico en función de la renta. La actualización y revisión de esos datos no se hacía, según el Gobierno, desde hace 11 años. Sanidad asegura que ya ha enviado la información sobre estas irregularidades a las autonomías, y que deben ser estas, que ostentan esas competencias, las que decidan si imponen algún tipo de cargo a aquellos que incurrieron en fraude. Un escenario que las autonomías, sin embargo, todavía no han estudiado.

Sanidad tampoco ha calculado cuánto ha podido dejar de ingresar la administración por esta anomalía, que ha revelado hoy la ministra de Sanidad en un acto organizado por Europa Press y Farmaindustria. Un error provocado por el mal funcionamiento de la gestión sanitaria y por la falta de intercambio de datos entre administraciones. Hasta ahora, una persona que nunca hubiera trabajado —menor de edad o no— o que se quedara sin empleo o prestación podía obtener la tarjeta sanitaria y, por tanto, recibir asistencia, inscribiéndose en la cartilla de algún familiar: ascendientes o descendientes. La otra vía, más compleja, es demostrar que se es una persona sin recursos. Así, el sistema permitía que si el titular de la cartilla era pensionista, todos los miembros adscritos a ella compartieran su condición.

El problema llega cuando ese beneficiario empieza a trabajar y se convierte en un ciudadano en activo —que hasta el 1 de julio deben pagar el 40% de los medicamentos financiados—, con derecho a cartilla propia, pero sigue utilizando la tarjeta de beneficiario. Algo que a la administración puede no haber detectado correctamente, según Ricard Menéu, experto del Instituto de Investigación en Servicios de Salud. “Durante demasiado tiempo, en muchas comunidades, una vez generada la tarjeta sanitaria, no se ha revisado de manera sistemática la situación que había dado en origen el derecho a tenerla”, afirma.

Sanidad, sin embargo, no ha querido señalar a las autonomías que no han actualizado sus datos. Aunque una portavoz afirma que son “la mayoría”. Fuentes autonómicas sostienen, sin embargo, que, aunque han podido darse irregularidades muchas motivadas por la desactualización temporal de datos, la cifra de la que habla Sanidad es demasiado grande; también aseguran que para hablar de fraude la persona debe haber utilizado el servicio. Algo de lo que Sanidad no tiene constancia. “Que existan beneficiarios a los que no correspondía esa condición no significa que hayan hecho gasto efectivo en fármacos”, argumenta la portavoz del ministerio.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, cree que la falta de una tarjeta sanitaria única para toda España ha favorecido que se produzca está irregularidad. El presidente de los médicos españoles asegura que existen ciudadanos adscritos como beneficiarios de, por ejemplo, sus padres pensionistas en su comunidad de origen y que, al empezar a trabajar en otra comunidad no pierden esa tarjeta de beneficiario inicial que le garantiza la medicación gratuita. “Como no hay cruces de datos entre autonomías, estos casos no se detectan. Es urgente la creación de una tarjeta unitaria”, reclama. Algo en lo que Sanidad y las comunidades ya trabajan.

La reforma sanitaria del Gobierno, que pasa al contemplar al paciente como “asegurado”, prevé que todo activo, desempleado —aunque haya agotado la prestación— o mayor de 26 años que no haya trabajado nunca pero que ingrese menos de 100.000 euros anuales tenga derecho a tarjeta sanitaria propia. Por eso, para Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, la revelación de Mato de fraude es una forma de justificar esa reforma. Desde ahora, las adscripciones a la cartilla de un familiar —y, por tanto, la posibilidad de beneficiarse de sus condiciones si es pensionista— ya no son posibles para esas personas.

Reticencias al nuevo copago farmacéutico

Esta es una medida más del decreto del Gobierno, que revisa también el copago farmacéutico para que los pensionistas pasen a pagar, por primera vez, un 10% del precio de medicamentos y los activos los abonen en función de su renta. Una nueva regulación que entra en vigor este domingo. Sin moratorias, ha dicho la ministra de Sanidad. A pesar de que algunas comunidades como País Vasco, Asturias o Cataluña, se oponen a la fórmula. Algunas por cuestiones administrativas.

Reticencias que Ana Mato considera, sin embargo, más "una cuestión política" que un problema técnico. “Se va a poner en marcha sin problemas, no es una cuestión técnica; con independencia de que pueda haber un problema puntual. Es una cuestión política”, ha declarado Mato. La ministra de Sanidad ha asegurado, no obstante, que no contempla medidas para penalizar a las comunidades que no cumplan.

Con el nuevo sistema, los pensionistas adelanten probablemente la cantidad total de los fármacos que compren. Aunque la administración les devuelva después el dinero abonado por encima del máximo mensual de aportación marcado en función de su renta (ocho, 18 o 60 euros al mes). El sistema de ese reembolso aún no está claro. Depende de las Comunidades Autónomas, aunque Sanidad, les ha propuesto que esa devolución sea trimestral o semestral y que se haga a la cuenta donde reciben la pensión. Una vía que, según Mato, “no perjudica a los ciudadanos”.