Cataluña cobrará las tasas universitarias en función de la renta del estudiante

Las autonomías tienen libertad absoluta –“amplia flexibidad”, ha dicho el ministro de Educación, José Ignacio Wert- para interpretar y aplicar las subida de tasas universitarias decretada por el Gobierno, según les ha transmitido hoy el departamento en una reunión a las comunidades. Esto significa que habrá Gobiernos autónomos que solo subirán el IPC, es decir, en torno al 2% (esto lo harán para las primeras matrículas, al menos cinco autonomías: Extremadura, Galicia, Andalucía, País Vasco y La Rioja), y otras que se irán al máximo de la horquilla, lo que puede llegar a suponer hasta un 66% de subida.

Este es el caso de Cataluña, pero con una particularidad muy importante, pues la Generalitat apuesta por dar una vuelta de tuerca al sistema de precios en las universidades públicas y ha anunciado este miércoles que los alumnos pagarán según la renta familiar. Se trata de un modelo nuevo al que la Generalitat está empezando a dar forma, así que el secretario de Universidades catalán, Antoni Castellà, no ha podido concretar cómo se hará. Eso sí, ha avanzado que existen varias posibilidades: o establecer una escala de importes de las matrículas o graduar el importe de las becas. Castellà ha apuntado que la elección de un sistema u otro dependerá de la “capacidad técnica de gestión de las universidades”. En este sentido, antes de dar a conocer el modelo tarifario –el próximo 29 de junio-, la Generalitat tiene previsto reunirse con el Consejo de Estudiantes y las Universidades para ultimar los detalles.

Cataluña no ha escondido nunca su intención de apurar al máximo el margen de subida de las tasas, hasta un 66% del importe actual. Como contrapeso, la Generalitat ha reclamado un fuerte sistema de becas y Castellà ha vuelto a insistir hoy en que “ningún estudiante se quedará fuera del sistema por motivos económicos”.

Por lo demás, después de semanas de incertidumbre, de mensajes cruzados y contradictorios entre el ministerio y las comunidades (con los rectores en medio), con el curso a punto de acabar y los alumnos de Selectividad cerca de conocer sus notas, cada alumno universitario tendrá que mirar ahora a su Gobierno autónomo para exigirle conocer cuanto antes el precio de su matrícula el próximo curso, pues el Ministerio de Educación ha ofrecido tanta flexibilidad a las comunidades para aplicar la nueva horquilla de precios (los estudiantes tendrán que pagar entre 15% y el 25% del coste real de los estudios, y mucho más los repetidores, sin que esté ni siquiera claro cuál es ese coste real), que en la práctica lo que se ha hecho es abrir la posibilidad de subir mucho los precios de un año para otro, hasta un 66%, o quizá más, según se hagan las cuentas.

De momento, aún hay comunidades indecisas y, entre las que ya han anunciado sus intenciones, hay de todo: desde que las que subirán solo el IPC a los precios actuales en las primeras matrículas (País Vasco, La Rioja, Galicia, Andalucía y Extremadura), las que tenderán al máximo (sea el que sea según sus cálculos, como Cataluña), o las que harán lo que les digan sus universidades (Aragón). Castilla y León subirá los precios entre 200 y 400 euros, y en Murcia, unos 60. En Madrid, la Consejería de Educación de Educación está a la espera de una próxima reunión con los rectores. Andalucía ha puntualizado que subirá, como máximo, hasta el IPC. Por su parte, País Vasco subirá un 5% el precio de las segundas matrículas en adelante, y Extremadura, La Rioja y Galicia que a partir de la segunda matrícula aplicará la parte baja de la horquilla fijada por el ministerio, es decir, hasta cubrir a partir del 30% del coste de los estudios.

Buena parte de los responsables educativos de las comunidades desplazados hoy a Madrid para la Conferencia General de Política Universitaria han insistido en que tenderán a la parte baja de la horquilla –aunque, como se ve, cada uno puede colocar la parte baja en un sitio distinto- y en que intentarán que nadie se quede sin estudiar por falta de dinero, para los que harán esfuerzos en becas (esto lo han dicho, entre otros, los responsables de Castilla y León, Cataluña o Canarias).

En todo caso, ninguna comunidad ha publicado todavía su decreto de tasas, en el que se verá realmente la concreción de todas esas declaraciones de intenciones. Y no tienen mucho tiempo, pues los exámenes de Selectividad están terminando y a primeros de julio se abrirá el periodo de matriculación, para el cual los alumnos necesitan conocer los precios que pagarán el curso que viene. “Lo razonable”, dijo el ministro Wert, sería conocer los precios “en el mes de julio”.

Wert ha reconocido que el “amplio margen” de decisión puede generar diferencias importantes entre autonomías. Ha recordado, además, que las dificultades para calcular el coste real de los estudios se dan porque las universidades no tienen las cuentas preparadas (contabilidad analítica) para hacerlo, por lo que hay que recurrir a cálculos que pueden dar resultados muy diferentes según cómo se hagan. Sin embargo, en el curso 2014-2015 esas cuentas deben estar listas, por lo que a partir de ese momento se tendrá que aplicar estrictamente lo que dice el decreto: las tasas deberán cubrir en primera matrícula entre el 15% y el 25% del coste real de las carreras, si se suspende alguna asignatura, entre el 30% y el 40% de los costes en segunda matrícula, y entre el 65% y el 100% en las sucesivas.

El secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, ha hecho notar tras la reunión un cambio de actitud en el ministerio con respeto al anterior encuentro, en el que, según ha dicho, no se habló de la flexibilidad en la que Wert ha insistido hoy.