Villar de Cañas mira al suelo

El pueblo de Villar de Cañas, el elegido para albergar al almacén nuclear (ATC), vive pendiente del suelo. El alcalde ha dado tres meses a los dueños de los solares urbanizables para que vendan o amaga con ejecutar la urbanización forzosa. Mientras, los propietarios de los terrenos en los que podría ir el almacén de residuos siguen negociando al alza con Enresa, la empresa pública que hará la obra, de unos 700 millones de inversión. Para la plataforma contra el ATC —que ayer congregó a entre 400 y 1.000 personas en el pueblo—, se está presionando a los vecinos para que “malvendan” sus propiedades.

Villar de Cañas parece vivir al margen del hundimiento del valor suelo en España. Hay precios que casi se han triplicado desde que, a final de 2011, el Gobierno eligió esta localidad de Cuenca para acoger los residuos radiactivos de todas las nucleares españolas. Ante la perspectiva de recibir cientos de obreros e ingenieros que levanten el complejo, los dueños de terrenos y negocios aspiran a conseguir su parte.

Así, cuatro meses después de su selección para el almacén, Enresa no ha decidido entre los tres emplazamientos posibles ofrecidos por el Ayuntamiento. Se trata de 28 parcelas ubicadas en tres puntos a las afueras del pueblo. Según el informe que realizó el Ministerio de Industria, “tanto la extensión total de los terrenos, que es en los tres casos superior a 32 hectáreas, como la forma de las parcelas permite perfectamente la inclusión del ATC”. Los tres están clasificados como suelo rústico y ya han comenzado los trabajos sísmicos e hidrológicos para caracterizar el suelo.

Pero los propietarios, según fuentes de la negociación, pretenden cobrar a precio de suelo industrial. Es decir, si en la zona se puede conseguir una hectárea rústica de secano por unos 6.000 euros, los dueños de los terrenos aspiran a obtener entre 12.000 y 15.000 euros, añaden las mismas fuentes.

Con esos precios, si la opción es la finca más alejada, a unos cuatro kilómetros del casco, el único dueño podría obtener más de medio millón de euros. Si el ATC acaba en la finca situada a unos dos kilómetros, los más de 10 propietarios se repartirían algo menos, porque la parcela es menor. La tercera opción, la menos probable, es terreno municipal.

Además, el Ayuntamiento intenta desatascar la venta de solares urbanizables en el centro del pueblo. El alcalde, el popular José María Sáiz, se reunió con los propietarios en Semana Santa y les conminó a que rebajaran sus aspiraciones y pusieran las parcelas a la venta a precios razonables. El temor del Ayuntamiento es que los negocios que acudan al calor del ATC se instalen en otros pueblos si los precios en Villar de Cañas son demasiado elevados.

El consistorio esgrimió un informe jurídico en el que recuerda que esos terrenos son urbanos desde 1992 y que, si no se ha construido, puede “impulsar la construcción de los solares, evitando así una situación de finalidad altamente especulativa”. Además, asegura que “se dejó claro a los propietarios que el Ayuntamiento de Villar de Cañas no piensa expropiar a nadie, pero igualmente va a utilizar las diversas posibilidades que pone a su disposición la legislación” para construir allí, como sería la enajenación forzosa y la subasta.

Para la la Plataforma contra el ATC, eso constituye una presión intolerable para malvender los terrenos. La socialista Angustias Alcázar, alcaldesa del vecino pueblo de Belmonte, augura problemas con la obtención del suelo para el almacén si alguno de los dueños se niega a vender, y critica que el Ayuntamiento ofertase solares que no son de su propiedad.