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La Eurocámara acepta seguir entregando los datos de los viajeros a EE UU

Una minoría importante de diputados vota en contra del pacto por considerar que viola la intimidad

Lucía Abellán
Protesta en Bruselas por el acuerdo de cesión de datos de pasajeros.
Protesta en Bruselas por el acuerdo de cesión de datos de pasajeros.F. FLORIN (AFP)

El Parlamento Europeo ha validado hoy el controvertido acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para la cesión de los datos personales de pasajeros aéreos. El texto, aprobado con un tercio de los votos en contra, obliga a las aerolíneas europeas que vuelan con origen o destino en el país norteamericano –o realizan escalas allí-, a transmitir todos los datos de sus pasajeros. Concebido para prevenir el terrorismo, el acuerdo contempla que las compañías proporcionen a las autoridades estadounidenses todo tipo de información, desde el nombre del cliente hasta los datos de su tarjeta de crédito, la raza o la profesión religiosa.

El texto sustituye a otro que se aplica de forma provisional desde 2007, en el marco de la cooperación transatlántica contra el terrorismo que comenzó tras los atentados del 11 de septiembre de 2011. Con lo aprobado hoy, la Unión Europea se compromete a facilitar esta información durante siete años.

Las autoridades estadounidenses conservarán los datos en una base de datos activa hasta cinco años

Lo más chocante del acuerdo es que no establece ningún tipo de contrapartida para Europa. Las aerolíneas comunitarias estarán obligadas a comunicar la información si pisan suelo estadounidense pero a cambio no recibirán datos equiparables de Estados Unidos. Esa ha sido una de las principales críticas esgrimidas por los eurodiputados que han votado en contra (toda la izquierda minoritaria y los verdes, casi todos los liberales y algunos socialistas). En total ha habido 409 votos a favor, 226 en contra y 33 abstenciones.

No obstante, la principal inquietud reside en el peligro que supone esa cesión de datos para la protección de la intimidad de los pasajeros. Los que rechazan el texto consideran que las garantías ofrecidas son insuficientes. Con lo pactado, las autoridades estadounidenses conservarán la información en una base de datos activa hasta cinco años. Después de los primeros seis meses, todos los detalles que permitan identificar al pasajero (como el nombre o la dirección) serán “despersonalizados”, es decir, que se codificarán.

Transcurridos los primeros cinco años, la información se depositará en una base de datos “inactiva” hasta 10 años, sometida a controles más exhaustivos, como la restricción de los miembros del personal que están autorizados a consultarla o la exigencia de aprobación de la jerarquía para hacerlo. Posteriormente, se borrará la información que sirva para identificar al pasajero. Los datos relacionados con una investigación específica podrán conservarse hasta que se archive el caso.

Uno de los puntos más delicados se refiere a la considerada como información sensible del pasajero (origen étnico, creencias religiosas, salud mental o física u orientación sexual). Estos datos, que las compañías pueden deducir de la elección de algún menú relacionado con una creencia religiosa o la petición de asistencia médica, se almacenarán un máximo de 30 días antes de ser borrados y podrán utilizarse solo en circunstancias excepcionales, cuando la vida de una persona corra peligro. No obstante, en la práctica la utilización o no de esta información se decidirá caso por caso.

La documentación se utilizará para la lucha contra el terrorismo

Según lo previsto en el acuerdo, Estados Unidos utilizará los datos de los pasajeros aéreos para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y otros delitos de carácter internacional castigados con al menos tres años de cárcel por la legislación estadounidense. También se usará para “identificar a las personas que serán sometidas a un interrogatorio o examen más profundo a su llegada o salida de Estados Unidos”, una redacción que abre la puerta a un uso amplísimo de esos datos.

“Es decepcionante que, después de nueve años de negociación con nuestros mayores amigos y aliados, Estados Unidos, solo hayamos conseguido un acuerdo que recibe el apoyo reticente de un Parlamento dividido”, lamentó la responsable del texto en la Eurocámara, la liberal holandesa Sophie in 't Veld, que decidió retirar su nombre del informe final después de la votación por no sentirse representada por la decisión adoptada. Antes de la votación, el pleno había rechazado una resolución que proponía llevar el acuerdo al Tribunal Europeo de Justicia.

El texto establece, no obstante, algunos derechos para los pasajeros, que tendrán acceso a sus datos si así lo solicitan y podrán pedir a las autoridades de EE UU que corrijan o rectifiquen la información en caso de que no sea correcta. Además, si sus datos no son tratados de conformidad con el acuerdo, podrán presentar un recurso por vía administrativa y judicial en Estados Unidos.

Las compañías aéreas recogen los datos de los pasajeros aéreos durante el proceso de reserva. Estos datos se almacenan en un registro que incluye el nombre, la dirección, el número de tarjeta de crédito y el asiento de cada pasajero. De acuerdo con la legislación estadounidense, las aerolíneas están obligadas a proporcionarlos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) antes del despegue del vuelo con llegada, salida o tránsito por Estados Unidos.

El Parlamento Europeo aprobó en 2011 un acuerdo sobre transferencia de datos de pasajeros aéreos a Australia –también sin contrapartidas para Europa-, y se está negociando otro con Canadá. El aprobado hoy debe lograr el visto bueno formal de los ministros de Justicia e Interior el próximo 26 de abril.

A la vista de esta falta de reciprocidad, el Parlamento Europeo y los Estados miembro se están planteando crear un registro europeo similar al de Estados Unidos, con información procedente de cualquier vuelo con origen o destino en Europa.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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