Las cuentas del aumento del copago

Ya es oficial. El copago que ya se aplica para adquirir medicamentos con receta en la red pública se incrementará un 10% por término medio a toda la población. Sube del 40% al 50% en la población general (hasta el 60% entre quienes declaren ingresos superiores a 100.000 euros) y los jubilados (que hasta ahora no pagaban) tendrán que abonar el 10% del coste del fármaco.

¿Cuánto dinero recaudará el Estado a través de esta medida? Un primer análisis, a la espera de que el Ministerio de Sanidad ofrezca los detalles, arrojaría un resultado de unos 1.600 millones de euros, una cantidad alejada de los 3.700 millones anunciados por fuentes gubernamentales desde México, donde el presidente Mariano Rajoy se encuentra de viaje oficial.

Las cuentas son las siguientes. El último dato de gasto público en recetas de la Administración sanitaria, a fecha del mes de febrero, fue de 11.000 millones de euros. De ellas, el 75% corresponde a pensionistas, lo que supone 8.250 millones que hasta el momento paga íntegramente la Administración. Si a esta cantidad se aplica -sin excepciones- el 10% que se pretende trasladar a los jubilados, el Estado se ahorraría unos 825 millones.

Sumados los efectos en la población activa (813 millones) y en pensionsitas (825 millones), el ahorro del Estado asciende a 1.638 millones de euros

El segundo pilar de esta medida descansa en el incremento que se aplicará en el resto de la población (en general, del 40% al 50% salvo las rentas altas). La suma total de la factura que pagan los activos al año es de 7.125 millones. Hasta el momento, los pacientes pagaban el 40% (2.750 millones de euros). Si el porcentaje se eleva al 50%, el aumento que asumirían los ciudadanos activos será de 813 millones, hasta alcanzar los 3.563 millones.

Sumados los incrementos que se aplicarían a la población activa (813 millones) y el que asumirían los jubilados (825 millones), el ahorro del estado ascendería a 1.638 millones de euros.

Este cálculo rápido no incluye el porcentaje extra que las arcas públicas obtendrán de las rentas más altas, a las que exigirá el cobro del 60% del coste de los medicamentos. Pero su impacto será relativamente bajo, ya que apenas representan más algo más del 1,2% de la población. Y, además, quedaría compensado con los descuentos previstos para los jubilados: a los que paguen más de 10 euros al mes durante tres meses consecutivos se les reembolsará la diferencia (el listón se fijará en 20 euros para las rentas más altas).

Además, por lo que se ha anunciado hasta el momento, los enfermos crónicos (en torno al 10% de la población actual) seguirán abonando el 10% del coste del fármaco, por lo que no está previsto que a este grupo de pacientes les afecten estas medidas, como tampoco a los parados de larga duración.

Por todo ello, el ahorro final estimado podría caer a los 1.000 millones, según ha indicado la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Todo ello, sin incluir las previsibles inversiones que habría que realizar en los sistemas informáticos para poner en marcha este nuevo modelo recaudatorio.

Existe otra reflexión relacionada con la supuesta progresividad del aumento del copago en los medicamentos. Los jubilados con pensiones elevadas no pagarán más de un 10% del medicamento. En su caso, la renta determina si su límite de reembolso llegará a partir de los 10 euros o los 20 euros de gasto consecutivo durante tres meses. Sin embargo, un pensionista que perciba 2.000 euros mensuales, por ejemplo, se le seguirá aplicando el copago del 10%, mientras que una persona activa que no pase de 600 euros mensuales estará sometida a la tasa del 50%.

Si el propósito del Gobierno era recortar 7.000 millones de euros en sanidad, el aumento del pago en medicamentos deberá ir acompañado de otras medidas de mayor calado o de extender los copagos. Aplicar la tasa de un euro por receta que ya ha aprobado Cataluña aportaría otros 973 millones. Otras tasas a la atención sanitaria (urgencias, consultas…) parecen estar descartadas.