Becas universitarias y equidad

Las becas universitarias cumplen una doble función. Contribuyen a una sociedad menos desigual, más cohesionada y con mayores valores morales y permiten aprovechar el talento de todos los jóvenes, aumentando el nivel de desarrollo y de riqueza. Con ellas se pretende conseguir la equidad, de manera que, con independencia de su lugar de nacimiento y de su renta familiar, todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de recibir una buena educación universitaria. En España este objetivo se ha llevado a cabo con dos instrumentos. En primer lugar, subvencionando las tasas universitarias de las universidades públicas, y hoy el estudiante abona con su matrícula solo el 15% del coste real de la enseñanza que recibe. De esta forma, la admisión en una universidad pública supone una beca implícita de alrededor de 5.500 euros al año. Este beneficio se asigna sin contrapartidas, y se mantiene con pocos cambios mientras el estudiante pueda continuar en la universidad, aunque sus resultados académicos sean muy mediocres. Para garantizar esta ayuda, en los últimos 20 años se ha doblado el número de universidades y cada año se ha aumentando la oferta de plazas. Hemos alcanzado un techo en esta política, ya que ahora disponemos de un excedente de plazas vacantes de alrededor del 15% en el conjunto de las universidades públicas y de una de las tasas más altas de Europa de jóvenes con estudios universitarios. Por otro lado, como la cuantía total del beneficio que recibe un estudiante aumenta con el número de años que permanece en la universidad, no existe ningún incentivo económico para que un estudiante mejore su rendimiento académico.

En segundo lugar, una pequeña fracción, el 7% de los recursos del sistema, se dedica a becas para estudiantes sin recursos económicos. En este momento aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes universitarios tiene una beca, con un importe medio de unos 2.000 euros. La mayoría son becas de matrícula y libros y solo una muy pequeña fracción de los estudiantes, el 0,02%, consigue una beca de movilidad, cuyo importe máximo es de 6.056 euros, para estudiar en una universidad diferente de la de su comunidad autónoma. Las condiciones económicas para obtener esta beca son extraordinariamente exigentes. Para recibirla, un estudiante debe provenir de una familia con ingresos anuales por debajo del umbral de pobreza que establece el Instituto Nacional de Estadística. Por ejemplo, una persona que provenga de una familia de cuatro personas (dos adultos y dos hijos) tiene derecho a esta beca si los ingresos familiares no superan los 13.909 euros anuales, cuando el nivel de pobreza para esa familia según el Instituto Nacional de Estadística es de 15.820 euros. Por tanto, muy pocas personas (menos del 15% de la población) pueden tener acceso a la beca máxima de movilidad y, además, su dotación no permite dedicarse a tiempo completo al estudio fuera del domicilio familiar. Esto limita la posibilidad de elección de los estudiantes sin recursos y mantiene las desigualdades existentes.

El sistema actual se diseñó hace 30 años, cuando el sistema universitario era más homogéneo y se deseaba garantizar el acceso a una universidad. Este objetivo se ha conseguido: el 40% de los jóvenes entre 25 y 34 años tiene un título universitario, muy por encima de la media europea (34%). Sin embargo, ni ha mejorado el rendimiento académico, donde contamos con tasas de abandono entre las más altas de Europa, y ha limitado las posibilidades de elección y el acceso al mercado de trabajo. En efecto, existe fuerte evidencia empírica de que los graduados de las universidades más prestigiosas tienen ventajas claras para encontrar su primer empleo. Por ejemplo, la tasa de colocación de los graduados a los seis meses puede variar entre el 30% y el 90%, dependiendo de las universidades. Por tanto, la dificultad para acceder a las universidades más demandadas para los estudiantes con pocos recursos cosifica las desigualdades en la población y desaprovecha la riqueza más importante de que disponemos: el talento de nuestros jóvenes. Es urgente hacer posible que los estudiantes más capaces y motivados puedan elegir universidad, con independencia de sus recursos económicos. Necesitamos un amplio sistema de becas de movilidad, mejorando su cuantía al menos en un 30% y actualizando las condiciones de concesión para hacer efectivo el derecho de elección para el 50% de la población española con menores ingresos, y no solo para la minoría con altos recursos, como ocurre en la actualidad. En la situación de crisis en que nos encontramos no es realista proponer aumentar los recursos del sistema, aunque sean escasos con relación a países de nuestro entorno y tengan que revisarse en el futuro, pero sí podemos redistribuirlos. Incrementar de forma significativa las tasas para los estudiantes repetidores, de manera que los malos estudiantes reciban siempre una beca implícita menor que los excelentes, y utilizar los nuevos recursos para mejorar sustancialmente todo el sistema de becas universitarias, especialmente las de movilidad. Esta política tendrá además el efecto positivo de hacer al estudiante consciente del beneficio social que recibe y de las consecuencias si su rendimiento no es el adecuado. Además, contribuirá a mejorar los sistemas de evaluación y control de la enseñanza, al hacer más visibles sus consecuencias. Estoy convencido de que esta medida puede contribuir a mejorar la enseñanza, disminuir el fracaso y avanzar hacia una sociedad más justa que garantice de forma efectiva la equidad.

Daniel Peña es el rector de la Universidad Carlos III de Madrid.