Vía libre al gigante eléctrico sobre la Patagonia chilena

La Corte Suprema de Chile rechazó el miércoles todos los recursos de parlamentarios y asociaciones ecologistas que pretendían paralizar la construcción de cinco centrales eléctricas en el corazón de la Patagonia chilena. Lo hizo con tres votos a favor y dos en contra. A pesar de que ya no quedan más instancias judiciales en Chile adonde recurrir, los opositores al proyecto de la presa HidroAysén, en el que participa la compañía Endesa con un 51% del capital asociada con la chilena Colbún (49%), se muestran optimistas. “La mayor parte de las veces los fallos de la Corte Suprema se producen por unanimidad y aquí no la ha habido. Sin embargo, es justo reconocer que no ganamos. Pero vamos a seguir luchando. En el 2007 nadie conocía el tema de la represa. Ahora, los estudios de opinión muestran un 70% de la población en contra de ella”, señala Hernán Sandoval, presidente de la Corporación Chile Ambiente, una de las más de sesenta ONG que se han opuesto al proyecto.

El senador de la provincia de Aysén Antonio Horvath, perteneciente al partido Renovación Nacional, integrado en la coalición de Gobierno, se opone al proyecto y cree que aún quedan muchas batallas por librar. “Ha habido varias irregularidades. Uno de los jueces de la Corte Suprema que se pronunció a favor de la central tiene acciones de Endesa. Hay que revisar esa situación”.

El juez asegura que las participaciones forman parte de su fondo de pensiones desde hace 30 años

En efecto, el juez Pedro Pierry compró 109.840 acciones de Endesa en 1988, tal como consta en su declaración de 2011  ante la Corte Suprema. Pero ha declarado que esas acciones, equivalentes a unos 82.000 euros no suponen ninguna causa de inhabilitación. “Esas acciones corresponden en su totalidad al sistema del capitalismo popular que funcionó hace unos 25 años atrás. No recuerdo exactamente la fecha, pero fue en 1983 o 1985, en que se ofreció a los funcionarios públicos que su desahucio [fondo de pensiones] se cambiara por acciones de distintas compañías. Yo hice uso de la opción y nunca más toqué esas acciones, nunca más adquirí una acción; estaban ahí aposadas [depositadas] hasta el día de hoy. (…) A mí tampoco me gustan las represas y las torres de alta tensión, pero el juez no es el encargado de esto, el juez debe ver la ley. Las políticas públicas las dicta el Gobierno y las leyes las hace el Congreso. Los jueces aplican la ley y nosotros lo que hicimos es aplicar la ley de acuerdo a los hechos”, declaró el juez Pedro Pierry.

El vicepresidente de HidroAysén, Daniel Fernández, señaló a este periódico durante una entrevista telefónica que “la etapa de recusación ya pasó” sin que nadie hubiese objetado nada al juez. “Nuestros abogados dicen que eso no tendrá ningún efecto”.

Los opositores al proyecto tratarán de paralizar en los tribunales la construcción de unas 3.800 torres de alta tensión que unirán las cinco centrales con Santiago de Chile. “Esas torres serán de 60 o 70 metros de altura y alrededor de cada una se talará unos 70 metros de vegetación a lo largo de 2.200 kilómetros. Se verán afectadas unas 15.000 hectáreas…. Se destruirán bosques milenarios en una zona donde la altura promedio de los árboles es de 40 metros. Y habrá un impacto paisajístico impresionante, porque las torres sobrepasarán al bosque”, señala Hernán Sandoval.

El magistrado Pierry: “A mi tampoco me gustan las represas, pero debo velar la ley"

El vicepresidente de Hidroaysén asegura, sin embargo, que solo se instalará corriente continua “a lo largo de 800 kilómetros, de los cuales 162 son submarinos”. “Si talamos vegetación nativa tenemos que reforestar la misma cantidad en una zona equivalente o superior en zonas aledañas”. “Aprobar la construcción de las centrales nos tomó casi tres años. Esperamos que las líneas nos tomen bastante menos tiempo”, añade. El senador Horvah, sin embargo, cree que aún les queda a los opositores muchas opciones. “Esto está recién empezando”, concluye.

Los opositores al megaproyecto creen que aún pueden detener su construcción

Por su parte, el ecologista Hernán Sandoval asegura sentirse “desconcertado y decepcionado” porque la antigua vicepresidenta, Elena Salgado, aceptase el mes pasado formar parte del directorio de Chilectra. Esta empresa es la distribuidora en Chile del grupo Enersis, controlado por la española Endesa, que a su vez está controlada por la italiana Enel. “Nos parece muy triste que los socialdemócratas españoles colaboren en la expansión de un capitalismo salvaje y depredador que no admitirían en su propio país. Esperamos que ella se dé cuenta de que este proyecto no tiene la simpatía de la población chilena”.

“Chilectra no tiene ninguna relación con el proyecto de HidroAysén”, objeta Daniel Fernández. “Es la distribuidora de Endesa, la que lleva la energía a los hogares. Y Endesa Chile participa con el 51% del capital en HidroAysén. Pero en HidroAysén nunca hemos tenido relación con Chilectra. Tenemos contabilidad y directorios independientes”.