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China pondrá fin a los trasplantes con órganos de ejecutados en cinco años

Los condenados a muerte aportan la mayoría de los órganos del país

China pondrá fin a los trasplantes realizados con órganos de presos ejecutados en un plazo de tres a cinco años, según ha declarado Huang Jiefu, viceministro de Sanidad. Pekín se ha comprometido desde hace tiempo a reducir la dependencia de los condenados a muerte para conseguir órganos, pero la gran demanda y la falta crónica de donantes hacen que sigan siendo la fuente principal. Las organizaciones de derechos humanos consideran la utilización de órganos de ejecutados una forma de abuso y sostienen que las autoridades presionan a los sentenciados a la pena máxima para que donen, algo que el Gobierno niega.

“China promete que en un plazo de tres a cinco años cambiará totalmente el método anormal de depender principalmente de presos condenados a muerte para los trasplantes de órganos”, ha asegurado Huang. El viceministro ha dicho que, para lograrlo, el Gobierno está desarrollando un sistema nacional de donaciones, que ha sido puesto en marcha en prueba en 16 de las 31 provincias y regiones autónomas de China continental.

Huang ha señalado también que las donaciones procedentes de prisioneros no son ideales porque los porcentajes de infecciones por hongos y bacterias de sus órganos son normalmente muy altos y, por tanto, las tasas de supervivencia a largo plazo de los pacientes que reciben trasplantes en China son siempre inferiores a las de otros países.

Pekín prohibió el comercio de órganos en 2007 y dos años después puso en marcha un sistema de donaciones, que no ha dado los resultados necesarios. La demanda excede con mucho la oferta en este país de 1.300 millones de habitantes. Se estima que 1,5 millones de personas necesitan trasplantes cada año, pero solo se realizan unos 10.000, lo que ha generado un lucrativo comercio ilegal, incluso en Internet.

La gente se resiste a donar órganos por varias razones, entre ellas culturales. Muchos chinos creen que se reencarnarán tras la muerte, por lo cual sienten la necesidad de mantener el cuerpo completo. Otros se niegan a cederlos dentro de un sistema sanitario que es de pago, o por falta de confianza en las autoridades.

Algunas organizaciones de derechos humanos han acusado a China desde hace mucho tiempo de extraer órganos a los presos ejecutados sin su consentimiento previo o el de su familia. El Gobierno lo niega. En 2009, Huang dijo que los derechos de los sentenciados a muerte eran respetados y que era preciso su permiso escrito para poder utilizar sus cuerpos, aunque ha reconocido repetidas veces que no son una fuente apropiada para los trasplantes. Amnistía Internacional afirma que no hay forma de que un preso que se enfrenta a la ejecución pueda dar un consentimiento que tenga sentido.

China lleva muchas más personas al patíbulo cada año que cualquier otro país del mundo, aunque la cifra es desconocida, ya que Pekín la considera un secreto de Estado. Amnistía Internacional cree que son miles. La organización no gubernamental Dui Hua, con sede en San Francisco, estima que China ejecutó a 4.000 personas el año pasado, aproximadamente la mitad que en 2006, pero aún muchas más que el resto del mundo junto.

En 2007, Pekín modificó la ley y obligó a que todas las sentencias a muerte tengan que ser revisadas por el Tribunal Supremo, en Pekín, lo que, según las autoridades, ha hecho bajar el número de ejecuciones, aunque no han dicho cuánto. Estos cambios y la recomendación del Gobierno, en los últimos años, de que se aplique la pena capital de forma prudente “ha planteado desafíos a la forma tradicional de trasplantar órganos”, según Huang.