El matrimonio gay se abre paso hacia el Supremo en EE UU

El matrimonio gay se abre paso, lentamente, en el mundo occidental bajo la creciente sensación de inevitabilidad avalada por medidas en su día pioneras, como la de anterior Ejecutivo español, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, que legalizó las uniones entre personas del mismo sexo en 2005. Pero, con leyes a favor o no, hay algo que los activistas han tenido que asumir recientemente: después de demandas a favor y en contra, que han llegado a las máximas instancias judiciales, serán los tribunales los que tengan la última palabra al respecto.

El Tribunal Constitucional español tiene que decidir sobre la legitimidad de estos matrimonios. Los defensores de la causa temen que el fallo judicial ponga fin a una época en que España se ha convertido en un país adelantado en ese campo, junto a Canadá· o Bélgica. En Estados Unidos, por el contrario, se aferran ahora a la máxima instancia judicial del país con la esperanza de que invalide todas las prohibiciones que pesan sobre las uniones gais.

Hoy, Christine Gregorie, la gobernadora de Washington (6,8 millones de habitantes) ha ratificado la norma que legaliza los matrimonios homosexuales en ese Estado. La semana pasada, el Congreso estatal aprobó la ley. Los detractores de las uniones gais ya han comenzado una campaña para reunir las 120.577 firmas que necesitan para someter a votación su revocación. Si las urnas rechazan la ley, sus defensores han anunciado que esperan una larga batalla en los juzgados.

A diferencia de en España, donde fueron el Congreso y el Ejecutivo quienes aprobaron el matrimonio gay cambiando el Código Civil, en EE UU esas uniones se abrieron paso inicialmente gracias a la labor de activistas en los juzgados. De los siete Estados donde el matrimonio gay es legal, este fue aprobado en tres (Massachusetts, Connecticut y Iowa) por la vía judicial, hasta llegar al Tribunal Supremo estatal correspondiente.

Sucedió del mismo modo en California (36,9 millones de habitantes), aunque luego los votantes ilegalizaron las uniones entre personas del mismo sexo en las elecciones de 2008. La semana pasada, de nuevo, un tribunal falló a favor de esos matrimonios. Una Corte Federal de Apelaciones concluyó que los votantes no pueden denegar a dos personas el derecho a casarse.

Hacerlo, falló el tribunal, "no tiene una mayor finalidad que la de rebajar la condición y la dignidad humana de gais y lesbianas en California y determinar que sus relaciones y las familias que conforman son inferiores a las de las parejas de sexo opuesto". En total, en los cinco meses de 2008 en los que el matrimonio gay fue legal en California, se casaron unas 18.000 parejas homosexuales, cuyas licencias siguen siendo válidas, suspendidas en un limbo legal.

Entre los demandantes en ese caso se halla Jeff Zarrillo, casado con Paul Katami en 2008. "Fue devastador para Paul y para mí ser considerados desiguales a los ojos de los demás ciudadanos y del Gobierno. No estamos aquí para cambiar el mundo, la igualdad es algo sobre lo que nuestra nación siempre se ha basado", dijo la semana pasada, entre lágrimas, al saber de su victoria. "Esta decisión es solo el principio. Estamos ya de camino al Tribunal Supremo". Esa ha sido, recientemente, la verdadera aspiración de los activistas por los derechos de los gais. Llegar al Supremo es una buena noticia para ellos, saben que allí tienen precedentes que obran en su favor.

Fue el Tribunal Supremo norteamericano el que en 1967 asestó el golpe mortal a las leyes que prohibían en 17 Estados el matrimonio entre personas de distinta raza. Abrió el caso la detención de Richard y Mildred Loving, una pareja interracial, en Virginia. Un párrafo de aquella sentencia es el que ha dado fuelle durante años a los activistas gais norteamericanos, que han luchado por definir su causa como un asunto de derechos civiles. "El matrimonio es uno de los derechos civiles básicos del hombre, fundamental para la propia existencia y supervivencia", escribió el Supremo en la sentencia de aquel caso, conocido como Loving versus Virginia. "Según nuestra Constitución, la libertad de casarse o de no casarse de las personas de razas distintas recae en el individuo, y no puede ser violada por el Estado". Ahora, los activistas esperan que, donde dice "razas distintas", los jueces coloquen "mismo sexo".