"Vivo escondida y los militares que me violaron siguen libres"

Las tres son mexicanas. Una viene del norte (Ciudad Juárez) y dos del sur (Guerrero y Oaxaca). Y a las tres les une la misma lucha: denunciar la violencia contra las mujeres en México, y la impunidad en la que viven los criminales. Las violaciones y los asesinatos contra los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana se han convertido en una constante, según coincidieron ayer Valentina Rosendo Cantú, Minerva Nora Martínez Lázaro y Gabriela Morales Gracia, reunidas en la sede en Madrid del Consejo General de la Abogacía Española. Las tres también han pedido la ayuda de la comunidad internacional para acabar con una situación que califican de "insostenible".

El caso de Valentina Rosendo, indígena Me'phaa ilustra la gravedad de la situación. En 2002, a los 17 años, fue violada, torturada y amenazada por un grupo de militares. "Yo al inicio puse toda mi confianza en México", recordó. La falta de respuestas y la impunidad en la que viven sus agresores la llevaron a denunciar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, que en octubre de 2010 falló en su favor. La sentencia no se ha cumplido y, en cambio, ha recibido más amenazas. Pese a ello, Rosendo no ha cesado en su lucha. "Vivo en un lugar escondida por seguridad, mientras que los militares que abusaron de mí siguen libres", recuerda.

La ofensiva contra el narcotráfico en México ha agravado el problema pero no lo inventó. "No todo es narcotráfico y crimen organizado, hay una cultura machista permitida por la sociedad", aseguró Gabriela Morales Gracia, coordinadora jurídica de la iniciativa Frontera Norte de México en Ciudad Juárez. "Las violaciones a los derechos humanos aumentan en zonas en las que ya no existe ningún tipo de seguridad", añade. "No hay acceso a los tribunales cuando no hay un estado de derecho, y en algunos estados mexicanos no lo hay".

La impartición de justicia se agrava por la falta de coordinación entre los distintos niveles de Gobierno, según describe Minerva Nora Martínez Lázaro, coordinadora general del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño. "La justicia no es para todos, no existe una cooperación entre el Gobierno federal y los gobiernos estatales, y las ONGs hemos sido atacadas. Dicen que hablamos de cosas que no suceden", comenta Martínez, que lleva 15 años trabajando en la defensa de los grupos indígenas de Oaxaca. "Son muy graves las condiciones en las que viven los indígenas de los pueblos mexicanos, particularmente las mujeres".

Las cifras respaldan su afirmación. El 98,5% de los crímenes que se cometen en México quedan impunes, según un estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey. Cuando la víctima es mujer e indígena, el escenario es aún peor. "De 10 casos, si hay una denuncia ya es mucho, y por supuesto que no es una denuncia penal", resume Morales.