El Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC con mayoría, ha aprobado esta mañana la propuesta de modificación de tres artículos de la ordenanza municipal de Civismo y Convivencia para prohibir el uso en los edificios municipales del velo integral islámico u otras prendas que impidan la identificación y la comunicación visual. Las multas para los infractores oscilarán entre 30 y 600 euros.
Lleida se convirtió a finales del pasado mes de mayo en la primera ciudad española en aprobar una moción para vetar el burka y el niqab en edificios y equipamientos públicos (cívicos, educativos, culturales y deportivos) dependientes del Consistorio. La medida se aprobó con los votos a favor del PSC, CiU, PP y un concejal no adscrito, un voto en contra de ICV-EU-EPM y dos abstenciones de ERC.
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Las ordenanzas municipales modificadas hoy permitirán imponer sanciones que oscilan entre 30 y 600 euros a las personas que incumplan la normativa de acceso a las dependencias municipales. Estas multas son las correspondientes a infracciones leves. Además del velo integral islámico, también estará prohibido entrar con pasamontañas o cascos.
La normativa especifica que estas limitaciones o prohibiciones, que pueden afectar tanto a los prestadores de los servicios como a los usuarios, deberán ser motivadas y podrán prever excepciones en razón del ejercicio de determinadas profesiones, por seguridad e higiene en el trabajo, en determinadas festividades o por otros motivos justificados.
El equipo de gobierno afirma que el espíritu de la regulación no es sancionador sino pedagógico y que antes de multar a una persona se le informará sobre la prohibición de acceder y permanecer en los espacios o locales municipales empleando vestimentas u otros accesorios que impiden o dificultan la identificación y la comunicación visual. Solo si la persona advertida persiste en su actitud se procederá a requerir la actuación de los agentes de la autoridad, quienes podrán impedir que permanezcan en los mencionados espacios y multarles. La nueva normativa entrará en vigor una vez trascurridos los 30 días de información pública.