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Aprobada en Aragón la primera ley para la custodia compartida en España

El Parlamento autónomo da luz verde a una norma pionera.- Vizcaya, Cataluña y la Comunidad Valenciana también se muestran a favor de reformar la legislación

Aragón se ha convertido esta tarde en pionera en la custodia compartida de los hijos como el régimen preferente que han de adoptar los jueces en los casos de separación o divorcio cuando no haya acuerdo entre los progenitores. El pleno de las Cortes de esa comunidad autónoma ha dado luz verde a la norma con los votos a favor del PSOE, PP, PAR y la Chunta Aragonesista. Izquierda Unida se ha abstenido, pero no por el contenido de la ley, sino por cómo se ha regulado, según ha informado la formación política.

La aprobación de esta iniciativa se produce en un momento social y político en el que arrecia el debate para modificar la reforma de la Ley del Divorcio aprobada en 2005, que califica la custodia compartida como una situación "excepcional" que sólo se otorgará si el fiscal informa a favor.

El Código Civil vigente califica esta medida de "excepcional"

Anualmente se producen más de 100.000 rupturas en todo el Estado

La coordinadora de la ponencia que tramitó la ley, la diputada del PAR María Herrero, calificó la norma como "la más avanzada en Derecho Civil relativo a las relaciones familiares" en España, "actuando como locomotora del cambio legislativo" en este aspecto.

La ley pretende asegurar que los menores de padres separados mantengan el derecho a relacionarse con los restantes familiares y que los dos cónyuges conserven sus funciones como autoridad familiar, sin que ésta pueda ser menoscabada. Así, los dos cónyuges seguirán tomando decisiones sobre la educación y crianza de sus hijos y ambos tendrán derecho a relacinarse de forma regular y directa con sus hijos.

Impulso en otras autonomías

El debate no sólo ha prendido en la sociedad aragonesa. Esta mañana también se ha hablado de custodia de los hijos en las Juntas Generales de Vizcaya (el Parlamento de la provincia), que han aprobado esta mañana una proposición no de ley en la que respaldan la custodia compartida como norma preferente tras los divorcios. La declaración ha sido ratificada por 35 votos a favor (PNV, PP, EA, Alternativa y un representante de la ilegalizada ANV) y 13 abstenciones (PSOE e IU). La propuesta no tiene efectos prácticos como en Aragón, porque en Euskadi no existen competencia sobre este asunto.

Por ello, el texto insta a que se presente en las Cortes Generales "de forma urgente" el proyecto de ley de modificación de la Ley del Divorcio. Eizbea Atela, del PNV, ha mostrado su apoyo porque "la realidad ha superado a la norma" y ha remarcado "la enorme conflictividad en los casos de separaciones con hijos, plasmada en el gran número de litigios judiciales". Susana González, del PSE, ha pedido que este tema se trate "con responsabilidad" y ha abogado por no hacer una "modificación de la ley precipitada".

Al pleno, celebrado en las Juntas Generales de Gernika, han asistido una veintena de miembros de la Asociación La Terraza y de la Agrupación de Vizcaya de Padres y Madres Separados, que han mostrado su "satisfacción total" por este acuerdo. "Es un paso más y el 80% de la sociedad está a favor de la custodia compartida. El bien del menor es estar con sus dos padres", han asegurado.

Cataluña también ultima una ley, menos ambiciosa que la aragonesa, que pretende la mayor implicación de los hombres en el cuidado de los hijos y mitigar los efectos del divorcio. En la Comunidad Valencia el debate también está encima de la mesa. Han comenzado las reuniones para legislar en ese sentido.

Una reclamación que no es nueva

"Algo se está moviendo poco a poco en la sociedad española", explica Isidro Niñerola, presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, que viene reclamando desde hace años otra legislación en materia de familia. Es por eso que la ley que han aprobado hoy las Cortes de Aragón tiene precedentes en España.

La Ley de Igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres establece que "el juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente".

La decisión judicial se basará, entre otros factores, en el plan de relaciones familiares que presentará cada progenitor tras la ruptura, algo que ahora no se reconoce en el Código Civil español. El plan deberá detallar el destino de la vivienda, el régimen de convivencia y visitas de los hijos, así como la pensión compensatoria a la madre, si procede, aspectos que ahora decide el juez o que se incluyen en cualquier convenio regulador de divorcio que presentan las partes si es de mutuo acuerdo.

Sin embargo, la ley aragonesa va más allá y precisa que ese plan también deberá referirse al régimen de relación de los hijos con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas. Se pretende acabar así con una situación que afecta a centenares de miles de abuelos de España, casi siempre paternos, que dejan de ver a sus nietos tras el divorcio.

Anualmente se producen en España más de 100.000 rupturas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra las separaciones, divorcios y nulidades matrimoniales en 118.939, lejos de las 145.919 que se alcanzaron en 2006, cuando no había crisis. No hay estudios rigurosos sobre las custodias compartidas que se conceden, pero nadie duda que apenas superan el 5% del total.

La inmensa mayoría son por mutuo acuerdo, pues las estrecheces de la actual legislación le impiden al juez optar por esa vía. Otra cosa es que, hecha la ley, hecha la trampa, porque los jueces últimamente están concediendo lo que se llama amplios regímenes de visitas que, en la práctica son custodias compartidas de hecho, que no de derecho.

Como el caso de Joan Carles Castañé, que saltó a los medios en 2006, cuando un juzgado de Gavà (Barcelona), le negó la custodia compartida, entre otros motivos, porque sufre una ligera cojera. Tras una larga batalla judicial ha conseguido que sus hijos, que cumplirán 11 y siete años, estén con él martes, jueves y fines de semana alternos que se inician el viernes, cuando salen del colegio, y finalizan el lunes, cuando regresan. Igual que la madre, que los tiene lunes, miércoles y fines de semana, pero oficialmente es ella quien tiene la custodia.

Las excepciones

La ley aragonesa precisa que no se concederá la custodia, ni individual ni compartida, "cuando el juez advierta la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género". Algunos voces alertan que este redactado puede favorecer el abuso del Código Penal. El proyecto inicial hablaba de sentencia firme y no indicios, pero finalmente fue modificado, según explica María Herrero, coordinadora de la ponencia parlamentaria y diputada del PAR.

Otro artículo establece que el juez limitará la atribución del uso de la vivienda a uno de los progenitores si las partes no se ponen de acuerdo e incluso podrá dictar su venta si beneficia a las relaciones familiares. La sentencia al uso que se dicta en España atribuye a la mujer la custodia de los hijos, una pensión de alimentos y el uso de la vivienda sin acotarlo en el tiempo. Aunque no lo parezca, es una telaraña que atrapa a la mujer, pues cuando los hijos se emancipan, el padre pide la división de la cosa común. Y ella, con una cierta edad, se ve obligada a abandonar la casa si no le puede comprar a él su parte.

La ley aragonesa contiene también una disposición transitoria que permite su retroactividad, de manera que cuando entre en vigor dentro de tres meses, se podrán revisar todas las sentencias ya dictadas.

"La fiscalía tiene la llave"

¿A alguien se le ocurre que un juez español no pueda tomar una decisión si se opone el fiscal? Pues eso es lo que ocurre en España con el artículo 92.8 del Código Civil, que impide al juez dictar una custodia compartida si el fiscal no está de acuerdo. Es lo que salió de las Cortes en una votación de madrugada celebrada en 2005, cuando se reformó la ley del divorcio.

El PSOE dijo entonces que había sido un error y que se modificaría la ley, pero han pasado cinco años y sigue igual. Las audiencias provinciales de Las Palmas y Navarra han planteado dos cuestiones de inconstitucionalidad sobre ese artículo. "La fiscalía tiene la llave de la custodia compartida y en ocasiones nos gustaría dictar más sentencias así, pero no podemos", explica José Luis Utrera, titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Málaga, especializado en familia.

Y ante ese imperativo legal lo que hacen muchas sentencias es llenar de contenido la patria potestad, que sigue siendo compartida tras el divorcio, de manera que los jueces establecen, por ejemplo, que el progenitor custodio no podrá cambiar a los hijos de domicilio sin acuerdo del otro, ni de centro escolar, ni organizar actos sociales o familiares, ni visitas médicas o al psicólogo.

El juez Utrera coincide con los abogados de familia en que también hay que cambiar el artículo 96, que atribuye automáticamente la vivienda al progenitor custodio, sin temporalizar el derecho de uso ni regular su posible venta, como hace la ley aragonesa. "Esperamos que produzca un efecto dominó en otras comunidades y en España para invertir la tendencia actual y darle la vuelta al Código Civil", explica la diputada del PAR María Herrero. "Los jueces siguen siendo reacios a la custodia compartida, pero la sociedad va por delante de la ley y con el paso del tiempo llegarán los cambios legales", asegura el abogado Niñerola.

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