El PSOE acepta estudiar con el PP la custodia compartida en divorcios

"Señorías, si sus padres se hubiesen separado, si ustedes de pequeñitos hubieran sufrido la separación de sus padres y de sus madres, ¿con quién hubieran querido estar? Estoy seguro que con los dos". Así es como el senador popular Manuel Altava se ha ganado hoy en el Senado 132 votos a favor (los de su partido, PNV, ERC, Coalición Canaria e Iniciativa) de instar al Gobierno a que realice las modificaciones legales necesarias para que la custodia de los hijos sea considerada como "modelo preferente" tras la separación o divorcio.

Solamente los senadores socialistas y los de CiU (122 en total) se han opuesto a la proposición del PP y ha habido dos abstenciones. De esta manera, el debate político sobre la modificación del Código Civil para regular de otra manera la custodia compartida se abre definitivamente en España, pues el PSOE ha respondido a su derrota parlamentaria anunciando que propondrá la creación de una ponencia para estudiar el tema.

El primer paso lo dieron el pasado 19 de mayo las Cortes de Aragón, cuando aprobaron una ley (con el único voto en contra de Izquierda Unida), que considera la custodia compartida como el régimen preferente que han de aprobar los jueces, "en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente". Es la primera y única regulación legal de este tipo que existe en España, en este caso de una comunidad autónoma con derecho civil propio.

En los últimos meses, otras instituciones gobernadas por el PP se han pronunciado en el mismo sentido que lo ha hecho ahora el Senado, como el parlamento autónomo de la Rioja, las Juntas Generales de Vizcaya, y una serie de ayuntamientos valencianos y andaluces. En las próximas semanas también se votarán pronunciamientos similares instando al Gobierno para que se dé preferencia a la custodia compartida en la asamblea regional de Madrid, el Parlamento Vasco, las Cortes de Castilla-León o las Juntas Generales de Álava y Guipúzoca. La Comunidad Valenciana, con derecho civil propio, también ha anunciado su intención de legislar en el mismo sentido.

Cataluña podía haber seguido la senda de Aragón el pasado día 12, cuando el Parlamento autonómico aprobó el Libro II del Código Civil catalán de persona y familia. Los tres grupos de la izquierda en el poder (PSC, ERC e ICV) estaban de acuerdo en introducir una enmienda de última hora para dar carácter preferente a la custodia compartida, pero por causas que se desconocen no se tramitó. Hoy, sin embargo, los cuatro senadores de ERC y los dos de ICV que integran el grupo parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, han sumado sus votos a la propuesta del PP, mientras que los diez senadores del PSC se han desmarcado.

Los socialistas han evidenciado hoy su confusión sobre la materia. El senador Arcadio Díaz Tejera, portavoz de la comisión de Justicia en la cámara, ha asegurado en un momento que la custodia compartida era un concepto que los socialistas habían llevado al Código Civil en la reforma de 2005 y que el PP había votado en contra. "¡Ni siquiera aceptaban que fuera [la custodia compartida] de forma excepcional!", le ha espetado al senador popular Manuel Altava, defensor de la proposición no de ley, al tiempo que aseguraba: "Quieren obligar a los padres a una especie de matrimonio a la fuerza".

El PP ha sabido aprovechar bien todas las contradicciones en las que se han visto atrapados los socialistas. "No estamos inventando nada nuevo", ha dicho Altava. "En Aragón, el Partido Socialista, la Chunta y el PP aprobamos la custodia compartida; en Cataluña, el tripartito hizo exactamente lo mismo (...) No es un problema de machismo o feminismo, sino de apoyar a la mujer, para que pueda trabajar en igualdad con el hombre. (...) Si ustedes están de verdad por la igualdad, deberían ser los primeros en estar a favor de esta custodia compartida con carácter preferente".

Fuera de la cámara, el senador socialista ha acusado al PP de moverse por "las fuertes presiones que ejercen los grupos de hombres separados" para cambiar la ley, al tiempo que reclamaba tiempo para estudiarlo, "como ha pasado en Cataluña, que han estado tres años".

Buena parte de esas iniciativas políticas han surgido tras entrevistas que han mantenido con los partidos políticos los representantes de la Confederación Estatal de Madres y Padres Separados, que han asistido a la votación del Senado y han mostrado su satisfacción por el acuerdo. "Hacen falta mecanismos que acaben con los escenarios de vencedores y vencidos tras una separación", ha explicado Francisco Palacios, portavoz de la asociación. En España se rompen anualmente 130.000 parejas, de las que unas 50.000 llegan a los juzgados sin acuerdo. En nueve de cada diez de esos esos casos se da a la madre la custodia.