La polémica Ley Orgánica de Universidades entra en vigor

La Ley Orgánica de Universidades (LOU) entra en vigor hoy, a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), salvo los apartados 2 y 3 del artículo 42, referentes a la necesidad de un título de bachiller o equivalente para el acceso a la Universidad y los procedimientos para admisión de estudiantes a los centros. Mientras que los rectores apuestan por adoptar una posición "constructiva", el PSOE le augura una difícil aplicación.

La LOU, publicada en el BOE el pasado 24 de diciembre, fue aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados el 20 de diciembre con los votos a favor del Partido Popular, Convergencia i Uniò y Coalición Canaria, que admitieron las enmiendas incluidas en el Senado.

Constitución de los claustros

Con la entrada en vigor de la nueva ley, las universidades públicas tienen hasta julio para constituir los nuevos claustros encargados de elaborar los estatutos que regirán la vida académica.

La convocatoria de elecciones a claustros, cuya composición estará regulada por la Junta de Gobierno de la Universidad, es una de las consecuencias más inmediatas de esta ley orgánica.

Los estatutos deberán estar listos en los nueve meses siguientes a la configuración del nuevo claustro, y si en ese plazo la universidad no los presenta para su control de legalidad, el consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente acordará unos estatutos en el plazo máximo de tres meses, según establece el texto.

Un sistema de acceso a la universidad sin definir

Algunos aspectos de la vida universitaria no están contemplados en la nueva norma. La sustitución de la selectividad, actual sistema de acceso a la universidad, no se hará efectivo previsiblemente hasta el curso 2004-2005.

La LOU establece en su artículo 42 el acceso a la universidad, para el que será necesario el título de Bachillerato o equivalente y superar los procedimientos de admisión de cada universidad, establecidos bajo la normativa básica que regulará el Gobierno previo informe del Consejo de Coordinación Interuniversitario.

Pero para que se ponga en marcha este nuevo sistema, habrá que definir primero cómo se consigue el título de Bachillerato, una reforma prevista dentro de la futura ley de calidad de la enseñanza, que se presentará próximamente.

Así, en la disposición final quinta de la Ley se especifica que los apartados 2 y 3 del artículo 42 (Acceso a la Universidad) no entrarán en vigor hasta que sea expresamente derogada la Ley 30/1974 que estableció la selectividad, que seguirá vigente hasta al menos el año 2004.

Respecto de las universidades privadas, la LOU establece un plazo de quince meses para que se adapten a las nuevas exigencias, aunque este plazo se amplía a cinco años para alcanzar en sus plantillas el 25% de profesorado doctor con la evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.

Otras de las novedades que deben ponerse en marcha a partir de mañana es la creación de la Agencia Nacional de Evaluación y del nuevo Consejo de Coordinación Interuniversitaria.

Según el texto legal, en un máximo de tres meses el Gobierno adoptará las medidas necesarias para la constitución del Consejo de Coordinación Interuniversitaria, que una vez creado elaborará sus estatutos en seis meses.

Las plazas para funcionarios docentes publicadas a partir de la aparición de esta ley en el BOE (el pasado 24 de diciembre) se concederán conforme al nuevo sistema de habilitación.

No obstante los actuales profesores asociados o ayudantes seguirán siéndolo hasta que expire su contrato y las prórrogas correspondientes, y posteriormente, podrán presentarse a las pruebas de habilitación o acogerse a las distintas figuras contractuales (profesor asociado, ayudante, profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor).

Además, los profesores que hoy son asociados o ayudantes no deberán cumplir el requisito de dos años de desvinculación con su actual universidad para poder ser contratados como profesores ayudantes doctores.

Otras claves de la reforma

Otras de las principales consecuencias de esta reforma educativa son que el rector será elegido por la comunidad universitaria, mediante elección directa y sufragio universal libre y secreto, entre funcionarios del cuerpo de catedráticos en activo; y la ampliación de las funciones del Consejo Social, al cual le corresponde, entre otras, la aprobación del presupuesto y la programación plurianual de la Universidad.

El Consejo de Gobierno estará constituido por el rector, que lo presidirá, el secretario general y el gerente, así como un máximo de 50 miembros de la propia comunidad universitaria, además de que se reestructura el Consejo de Coordinación Universitaria como máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario.

La sociedad, en pie de guerra

Sin embargo, la LOU recibió la luz verde del Parlamento con la oposición en pleno, comunidades autónomas, sindicatos, rectores y asociaciones de estudiantes en contra. Todos ellos coincidían al criticar el texto de reforma universitaria porque, a su juicio, éste invadía las competencias de las comunidades autónomas, restaba representación estudiantil, subía las tasas, provocaba un descenso de las becas y privatizaba la universidad pública.

Los estudiantes llevaron las quejas a la calle con diversas manifestaciones en todo el país durante los trámites parlamentarios del texto. La más numerosa fue la 'marcha sobre Madrid' del 1 de diciembre, que los sindicatos CC.OO y UGT organizaron junto a las asociones estudiantiles FAES, BEI, CANAE y SE y a la que acudieron diversos rectores y representantes políticos, entre ellos Rodríguez Zapatero y Llamazares.

Los partidos de la oposición, sobre todo PSOE e IU, criticaron el escaso diálogo mantenido durante la elaboración del proyecto, así como el nulo consenso adquirido, tanto en su trámite en el Congreso como en el Senado. Por ello, coincidieron en calificar las enmiendas admitidas de "maquillaje" porque no introducían, a su parecer, cambios sustanciales en la LOU.

A todo ello, se unió el problema de una convocatoria masiva de plazas de profesores por parte de las universidades que ascendían a unas 8.000. Tras su aprobación en la Cámara Baja, PSOE e IU anunciaron que estudiarían presentar un recurso de inconstitucionalidad. Por su parte, los estudiantes presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo.

Ante la entrada en vigor de la Ley, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) apuesta por "mirar hacia adelante" y adoptar una posición "constructiva" y "positiva", tal y como ha explicado el presidente de los rectores, Saturnino de la Plaza.

Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE, Carme Chacón, ha asegurado que la Ley de Universidades tendrá una "díficíl aplicación" debido al "empeño del Gobierno en aprobarla sin consenso".